La alcaldesa del PP de Agoncillo, en contra de una vivienda para menores tutelados para “garantizar un entorno libre de amenazas”

Un nuevo proyecto de vivienda para menores tutelados ha vuelto a despertar las críticas y protestas del vecindario y de un Ayuntamiento en La Rioja. Ha ocurrido en Agoncillo, en concreto en el barrio de Recajo. Una vivienda unifamiliar en la urbanización Aguas Mansas se está preparando ya para alojar a siete menores.

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado este mes de marzo por a la Fundación Diagrama el servicio de siete plazas para la ejecución de la medida de convivencia en grupo educativo, dictada por el juzgado de menores por un informe de 552.544,30 euros. La alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuentes, ha confirmado que se ha alquilado una vivienda en Recajo para albergar este servicio, según le informaron los vecinos este lunes.

La alcaldesa, del Partido Popular, al igual que el Gobierno de La Rioja, ha asegurado que esta situación está provocando “preocupación y alarma social” entre los vecinos y ha pedido que se busque otra ubicación “en otro entorno y que reúna las mejores condiciones”. Así mismo, ha lamentado que ni la entidad adjudicataria ni el Gobierno haya respondido todavía a sus demandas ni le haya dado información sobre el centro de acogida, que ya se esta habilitando para ofrecer el servicio. Por el momento, el Gobierno de La Rioja solo ha manifestado que “no compra ni alquila el piso en Recajo”, pues, como se ha explicado, ha licitado un servicio y ha sido la fundación Diagrama la que lo ha alquilado.

Ante ello, Fuentes ha transmitido en sus redes sociales su “firme postura en contra” y ha considerado que este tipo de centros “no son apropiados en su localidad”. “La llegada de menores con un historial delictivo a nuestra comunidad podría generar un aumento en los temores y preocupaciones de las familias, afectando la tranquilidad que todos valoramos”, ha dicho la alcaldesa. “No es que no queramos que haya una reinserción”, ha puntualizado; sin embargo, ha justificado su postura en contra como la manera de “garantizar”, ha dicho, “la seguridad de nuestros ciudadanos, especialmente la de nuestros niños y jóvenes, quienes deben crecer en un entorno libre de amenazas”.

Esta alcaldesa ha defendido que essta urbanización privada “no es correcto” para ofrecer este servicio: “Estos menores no van a ser anónimos”. Además, cree que “no dispone de los recursos adecuados ni la infraestructura necesaria para asegurar una rehabilitación efectiva de estos menores”, ya que, tal y como considera, “este tipo de procesos requieren de un entorno especializado y profesional que debe estar fuera de una comunidad tan cercana, donde la interacción constante con los residentes podría resultar en un conflicto de intereses”.

Capellán ya habló de esta ampliación de plazas para menore tutelados esta semana en una comparecencia en la que se opuso de forma firme al acuerdo de reparto de menores migrantes alcanzado por el Gobierno. En concreto, avanzó que a partir de abril estarían disponibles 14 plazas en dos pisos.

Sin embargo, no es la primera vez que vecindarios y administraciones locales se oponen a estos servicios para alojar a menores. Hace solo una semana, Rioja2 publicaba que el Gobierno de La Rioja había dado marcha atrás a la compra de otro unifamiliar, esta vez en Navarrete, que también iba a estar destinado al alojamiento de menores tutelados.

Mientras surgen algunas voces en contra, el Gobierno de La Rioja necesita aumentar su sistema de acogida, en el que tiene actualmente 135 plazas entre pisos tutelados y centros terapéuticos. De ellas, solo doce plazas están ocupadas por menores migrantes y La Rioja todavía no ha recibido a los ocho acordados en los acuerdos de 2023 y 2024.