El libro de Bretón agita el dilema: ¿Pesa más el derecho a publicar sobre el verdugo o la protección de sus víctimas?

“Ruth y yo hemos hablado y nos hemos dado cuenta de que cuanto más nos manifestamos, más realimentamos el tema sin darnos cuenta, y queremos todo lo contrario”. Es la bola de nieve en la que se ven envueltas Ruth Ortiz y su abogada, Aurora Genovés, desde que el pasado lunes se enteraron por algunos medios de comunicación de que José Bretón, condenado a 40 años de prisión por matar a los dos hijos que tenía junto a Ruth, iba a ser el protagonista de un libro.

La editorial Anagrama tenía previsto publicar el próximo miércoles 26 de marzo El odio, un retrato de Bretón basado en sus encuentros con el escritor Luisgé Martín. Durante tres años se cartearon con 60 misivas, tuvieron llamadas telefónicas y varios encuentros personales en la prisión de Herrera de la Mancha, donde el asesino de los niños Ruth y José está encerrado desde 2016. El autor no pidió permiso ni recogió la versión de la madre, como reconoce en un capítulo de su libro: “Mi propósito era tratar de comprender la mente de alguien que había sido capaz de asesinar a sus propios hijos, y para ello me resultaba distractivo cualquier otro punto de vista, especialmente el de Ruth Ortiz, a la que, en cualquier caso, no me habría atrevido a mortificar con indagaciones”.

En cuanto se enteró por la prensa y los links que le llegaban al WhatsApp, la madre de los niños inició una carrera contrarreloj para intentar parar la publicación, con “comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia y plagado de afirmaciones terribles”, según el escrito de su abogada donde especifica que “estos hechos están causando un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos en mi mandante”. Entre los motivos, revivir el episodio, las llamadas de periodistas, volver al momento del asesinato o saber que Bretón habla de ella o de su familia. De hecho, en el primer capítulo, prepublicado por El Confidencial, Bretón confiesa el crimen, pero no solo. También carga contra la que fue su familia política, se justifica y dice que accede a las entrevistas por un motivo moral: “Necesitaba decir que me arrepiento”. El arrepentimiento es uno de los ejes necesarios para que, en la parte final de la condena, se den permisos al reo y se flexibilice la estancia en prisión.

¿Cuánto pesa esa necesidad de arrepentirse y comunicarlo –los presos tienen derecho a dar entrevistas públicas, según un fallo del Constitucional–, el derecho a la información y la creación de un libro, frente a la necesidad de Ruth de no reabrir su historia o tener que leer, ver y escuchar la versión de quien fue condenado en firme por lo que hoy se conoce como violencia vicaria? O, lo que es lo mismo, ¿qué debe prevalecer, el derecho a la información y la creación literaria o el derecho a la intimidad y al honor de Ruth y de sus hijos fallecidos?

La Fiscalía de Menores de Barcelona defiende que debe prevalecer de momento lo segundo, y ha pedido la suspensión temporal de la publicación del libro, retirado de la preventa en plataformas digitales, hasta confirmar qué hay en el libro y cómo afectaría a los niños. Además, el ministerio fiscal ha advertido a Anagrama de una posible demanda “ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores”.

Cuando hay un conflicto de derechos esenciales de este tipo, entre la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen y el honor, “si la información es veraz, lo que suele ser preeminente es el derecho a la información”, cuenta Mabel Klimt, abogada especialista en asesoría legal en este tipo de proyectos culturales. Es lo que sucedió con el libro Fariña, de Nacho Carretero, que quedó bloqueado medio año pero que ganó todas las demandas. La primera fue la del exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, que demandó al autor y la editorial por supuesta vulneración de su derecho al honor, por aparecer vinculado a unos hechos delictivos de traslado de cocaína por los que había sido condenado en primera instancia pero fue absuelto tras su recurso. La justicia consideró “veraz” el relato de Carretero y decayó la suspensión. Solo que en ese caso no había víctimas mortales ni menores por el medio.

Aunque hay más leyes específicas relacionadas, el dilema en este tipo de casos está entre el artículo 18 de la Constitución Española –“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”– y el artículo 20 –“Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”–.

Pero en el caso de Bretón hay algo diferente porque se trata de un doble asesinato de lo que hoy se tipifica como violencia de género –las víctimas “tienen derecho a la reparación, lo que comprende (...) las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición”, dice la ley– y porque hay menores implicados. De hecho, este es uno de los ejes que la abogada de Ruth Ortiz emplea en su escrito de petición de ayuda a la justicia: “La ley de enjuiciamiento criminal prohíbe dar datos de menores víctimas, es una modificación precisamente de la llamada ley del sí es sí, y aquí se dan datos al parecer”. El libro de Martín incluiría referencias a sus hijos y detalles personales que la Fiscalía entiende que pueden ser una vulneración. En el capítulo que ha visto la luz, Bretón habla de cómo los mató y de sus últimas conversaciones con ellos.

Además de la Constitución, hay una ley específica del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En su artículo 7.8 refleja que “la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos” es una intromisión ilegítima.

“Los derechos a la intimidad, honor y propia imagen no desaparecen con la muerte, pero el juez tendrá que ponderar qué es más importante. En personas fallecidas y conforme pasa el tiempo, se van ponderando otros derechos”, explica Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, que aventura que la justicia no avalará la suspensión del libro: “Para empezar Bretón revela una intimidad en la que él era protagonista, y eso se tiene en cuenta. Hay que evitar la revictimización, claro, pero la libertad de expresión suele ser lo que predomina. Como dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es bueno que haya pocas cortapisas, porque si no, se produce un efecto silenciador, la gente deja de decir cosas, y eso es malo, aunque ofendan y desagraden”.

En esa visión está Anagrama, que aplaza la publicación, pero ha defendido en un comunicado que prevalece su “derecho a publicar” y expresa que ha decidido esperar a “las resoluciones judiciales”, aunque ha dejado claro que cree que hay amparo en la libertad de expresión y la creación literaria que protege la Constitución. No ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre si la editorial contactó con la madre de los menores asesinados para informarle sobre la elaboración del libro o sobre por qué no envió a la Fiscalía el texto que afectaba a los menores previamente a su publicación, como le ha reprochado el ministerio público en el escrito en el que decreta la suspensión. A partir de ahora será un juzgado de primera instancia de Barcelona el que resuelva la petición de la Fiscalía de Menores y contra esa decisión cabrán recursos.

Entonces, ¿se podría publicar hoy El adversario, de Carrère, o A sangre fría, de Truman Capote? A ellos hace mención el autor de El odio en su comunicado tras la suspensión y explica: “Está escrito con el mayor respeto hacia las víctimas. El libro puede provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otros libros que se han publicado sobre los hechos o que la serie audiovisual Bretón, la mirada del Diablo, emitida en 2023. El odio no da voz a José Bretón: se la quita”.

Suspender una publicación es siempre una medida controvertida y debe ser muy bien calibrada, precisamente por afectar a un derecho fundamental. “El problema es que en derechos constitucionales como estos, el proceso es muy largo y la sentencia no se ejecuta hasta el final, de modo que, si no hay medidas cautelares, el daño puede ser irreparable y la indemnización posterior podría no compensar el daño”, explica Klimt. También puede ocurrir al contrario, que se suspenda alguna publicación o serie y que luego se les dé la razón, como pasó con Fariña. “Es mejor pecar por exceso que por defecto. Si restringimos la libertad de expresión es peor que si te pasas de flexible”, opina Boix. 

El caso del niño Gabriel Cruz

Patricia Ramírez fue quien puso sobre la mesa el debate de manera más mediática. Ana Julia Quezada, novia entonces de su exmarido, mató al hijo de ambos, Gabriel, de ocho años, en Almería. Cuando se enteró de que se planeaba un documental y le llegó que la condenada estaba participando desde la prisión, empezó una campaña para evitarlo y anunció una demanda. “No vamos a formar parte de esto, no es necesario volver a emitir las imágenes, son muy dolorosas”.

El documental finalmente se frustró y desencadenó un debate público sobre si el género del true crime debía tener en cuenta, y hasta dónde, a las víctimas. ¿Debían las productoras contar con ellas? ¿Se debe hacer documentales, series, libros u obras de teatro al margen de ellas?

Victoria Rosell, magistrada y exdelegada se lo preguntaba en público este viernes en una red social: “¿Puede ”la cultura“ no ”saber“ nada de #ViolenciaDeGénero, vicaria, revictimización y daño social? ¿Y no hablar con la víctima? ¿Es ignorancia o desprecio?”. Hay creadores, como el autor del libro, que defienden por encima de todo la libertad creadora: “Merece una reflexión que un libro como El odio, que pocas personas han leído aún, despierte el odio público que ha despertado entre los que no lo han leído. Es tristemente coherente con el tipo de sociedad hacia la que caminamos, en la que el resentimiento preventivo sustituye al pensamiento crítico”.

También añadió debate y dudas el caso de Rosa Peral, guardia urbana condenada por un asesinato que se llevó a la ficción en la serie El Cuerpo en llamas, de Netflix. Ella no pidió la suspensión de la serie, pero puso una demanda civil a la plataforma y le pidió 30 millones de euros. Adujo que en la serie salía una niña mirando a la madre ensangrentada que era representada como su hija, algo que, según Peral, nunca pasó y afecta a la intimidad de la menor, que nunca presenció el crimen.

El padre de la niña, quien tiene la custodia, sabe lo que es no poder superar el tema y que se hagan productos culturales y mediáticos contra tu voluntad. Declaró sentirse “un poco agotado por todo lo que gira alrededor de este caso a lo largo de tantos años”. “Lo que más me duele es que este suceso siga siendo tan mediático tras tanto tiempo y que se haya creado un personaje televisivo. Esto afecta indirectamente a mis hijas y, al mismo tiempo, también a las víctimas directas de este crimen, de quienes, por desgracias, parece que nadie se acuerda”, aseguró. La demanda de momento no ha sido resuelta.

Cómo se para el interés social por un caso es una pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara. Cuánto influyen estrenos, medios de comunicación, libros y novedades televisivas es evidente. Cómo pueden protegerse las víctimas es dudoso: denunciar multiplica la atención, pero callarse es resignarse.

La novedad con el libro de José Bretón es que la defensa de Ruth Ortiz no ha optado por la vía de la demanda, la negociación con la editorial o por pedir una compensación. Ha apelado al Estado, pidiendo que proteja a las víctimas, dejando en manos del sistema judicial la decisión sobre los derechos de los menores, de ella y la vigilancia de si se está cumpliendo la sentencia, que establece una orden de alejamiento. El hecho de saber de él y su versión a través de decenas de medios o periodistas lo está viviendo como “una ruptura de la orden de alejamiento”, como decía ella misma este viernes, “aunque no me haya mandado una carta al buzón”. De hecho, su abogada anticipa a elDiario.es: “De lo que vamos conociendo se puede deducir otro tipo de delitos, desde delito de odio o maltrato psicológico, pero no hemos leído el libro, así que no lo sabemos”.

El psicólogo especialista en violencia de género de la Universidad de Alicante Carmelo Hernández abunda en la motivación del asesino para participar en el libro y recuerda que Bretón nunca confesó ni mostró arrepentimiento y que ha rechazado participar en estudios médicos o científicos, sin embargo ahora sí quiere ser protagonista, “un rasgo típico del psicópata”. Eso abriría otro dilema no tan relacionado con las leyes, sino con la deontología profesional a la hora de crear una obra de no ficción: ¿se debe tener en cuenta la motivación del asesino a la hora de participar? ¿Se debe beneficiar al condenado en sus pretensiones de notoriedad o carcelarias? Hay quien cree que hay que ponderarlo y quien cree que es irrelevante.

Para Ruth García, el libro “supone volver al punto cero, es visibilizar que en el fondo se ha salido con la suya, es ver que en el sistema hay cosas que todavía fallan. Además, el protagonismo de Bretón aumenta el dolor, en ese acoso sutil y a distancia”, opina el psicólogo. Para Boix, la sensación de ruptura de alejamiento o los perjuicios para Ruth son lamentables pero cree que no tienen encaje jurídico: “Creo que hay un manifiesto interés público y las normas no están pensadas para el confort psicológico particular, sino por la maximización del interés general”.

No es la primera entrevista que concede Bretón. Lo hizo en 2016 en portada de El Mundo, hecha por Javier Negre. Abriendo el titular principal, decía que era inocente y que no era un psicópata. “Opera exactamente el mismo conflicto de derechos, pero en el caso de publicaciones periódicas o diarias es más difícil pararlo, puesto que no hay margen de reacción”, explica Boix, que recuerda el caso de la portada de El Jueves secuestrada por injurias a la corona. Efectivamente, la entrevista de Bretón salió sin más castigo que el encendido debate social que abrió sobre si era pertinente dar la portada a un asesino condenado para que defendiera su inocencia.

Al margen de la política de autorregulación de cada editorial o cada productora, y de las opiniones sobre si es censura suspender un libro o es proteger a las víctimas y qué debe prevalecer, la instancia que va a decidir es la judicial, la vara de medir cada vez que se agita el debate sobre qué debe pesar más, y habitualmente apuesta por la libertad de expresión. La Fiscalía de Barcelona, donde tiene sede la editorial, ha pedido de momento tiempo para analizar si se producen daños al derecho fundamental de los menores. El camino es largo e incierto hasta saber si se va a publicar o no el libro que pretende describir, después de la sentencia y sus hechos probados, quién es José Bretón y por qué mató a sus hijos, ahora en el plano literario.