La asociación feminista Kirké entrega firmas para pedir una investigación sobre posibles casos de violencia institucional machista en La Rioja

La asociación feminista riojana Kirké: Feministas en Acción ha depositado esta mañana en el registro del Palacio de Justicia de Logroño una petición dirigida al Consejo General del Poder Judicial en la que se solicita una investigación sobre posibles casos de violencia institucional machista en el Juzgado de Violencia contra la Mujer. Con esta acción, que cuenta con el apoyo de 270 firmantes, de los cuales 22 son asociaciones, partidos políticos y sindicatos de La Rioja y del resto del territorio nacional, buscan que se inicie una investigación que esclarezca los hechos y sirva para depurar responsabilidades. 

En su escrito, la asociación considera “de extrema gravedad” que un juzgado especializado en violencia contra la mujer, atendiendo a lo descrito en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sobre éstos, pueda estar tomando decisiones contrarias al espíritu de la citada normativa. Por ello, desde la asociación Kirké: Feministas en acción, con el apoyo de las personas abajo firmantes y “desde el más absoluto respeto a la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de su labor”, solicitan a este organismo que inicie cualquier trámite necesario para esclarecer la posible comisión de actos de violencia institucional machista.

Mientras en la sociedad española crece la preocupación anten casos mediáticos como los de Juana Rivas o Elisa Mouliá, la asociación Kirké: Feministas en Acción recuerda que nuestra comunidad no permanece al margen de esta realidad. De hecho, hace varios meses que comenzaron a denunciar la existencia de posibles casos.

El pasado mes de noviembre, Kirké denunció ante el Observatorio de Violencia Institucional Machista (OVIM) un posible caso de violencia institucional contra una mujer en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Logroño. En enero anunciaron que tenían conocimiento de más casos, sobre los que están recabando el mayor número posible de datos para notificarlos al OVIM, mientras están realizando acompañamientos a estas mujeres para respaldarlas a nivel emocional y jurídico.

Miembros de Kirké señalan que “es inadmisible que las víctimas de violencia machista tengan que enfrentarse a un sistema que permite este tipo de abusos hacia ellas, ya que no solo se estaría dañando a esta mujer, sino que además se estaría dejando en una situación de desprotección gravísima a otras mujeres que tienen miedo a denunciar porque temen enfrentarse a calvarios como los de nuestras compañeras”. Afirman que desde que iniciaron la campaña de recogida de firmas varias mujeres han contactado con la asociación narrando hechos similares. 

Según se recoge en la documentación aportada por la asociación, durante los últimos meses ha realizado acompañamientos a mujeres en “casos en los que las víctimas han quedado en situación de desprotección frente a sus exparejas, presuntos maltratadores, debido a decisiones tomadas por este órgano judicial”. Estas decisiones se deben, según apunta Kirké, a “negativas a aceptar pruebas e informes firmados por profesionales del ámbito sanitario y del trabajo social del sector público, testimonios directos de testigos y otros elementos que probarían, a juicio de quienes los han emitido, el maltrato continuado al que las víctimas se han visto sometidas.”. También se refieren a retrasos en los procedimientos judiciales que, dicen, “ha podido favorecer que el acusado haya podido quebrantar en varias ocasiones las órdenes de alejamiento e incomunicación dictadas por este órgano judicial, sin que ello, hasta el momento presente, les haya supuesto ninguna consecuencia”. 

Han señalado además otros datos de carácter público, que indican que se ha producido un incremento en el número de denuncias sobreseídas y en la denegación de órdenes de protección. En 2022 se registraron en La Rioja 893 denuncias por violencia de género y un año más tarde, en 2023, la cifra aumentó un 10%, hasta las 983 denuncias. De todas las medidas de protección solicitadas en ambos ejercicios, se adoptaron las mismas, 251 en cada año. Sin embargo, crecieron notablemente las órdenes de protección denegadas; mientras que en 2022 se denegaron 48, en 2023 fueron 76 las que se denegaron y once las que ni siquiera fueron inadmitidas.