Junts se queda sin aliados en el Congreso tras los últimos pulsos al Gobierno

El Congreso de los Diputados asistió este jueves a una escena esperpéntica que sintetiza bien la foto fija de la legislatura: un sinfín de policías armados hasta los dientes escoltaron a un condenado por terrorismo yihadista que acudió engrilletado a la comisión de investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. La investigación parlamentaria se puso en marcha hace un año por ser una de las exigencias de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez a cambio de su investidura. Mohamed Houli fue citado a petición de Junts, que alienta la teoría de la conspiración de la implicación del CNI en el ataque terrorista. Y su portavoz, Pilar Calvo, se quedó completamente sola en la defensa de esa teoría y también en sus palabras de empatía al condenado en sede parlamentaria. “Ya lamento que un chico de 20 años se destrozara la vida de esta forma”, le dijo. Ni una sola del resto de fuerzas políticas del Congreso siguió sus pasos.

Formaciones como ERC, PNV, EH Bildu, Sumar o el PSOE se desmarcaron de esa tesis alimentada por los de Puigdemont según la cual el CNI sabía de los planes de la célula islamista y aun así no los impidió para hacer descarrilar el procés independentista. Los socios del Gobierno arremetieron duramente contra uno de los terroristas condenados por un atentado que costó la vida a 16 personas. El PP, directamente, abandonó la comisión. A la misma hora en que el terrorista esparcía soflamas y supuestas revelaciones que no contó en el juicio en que fue condenado, el propio líder de Junts daba pábulo públicamente a sus palabras.

“Más claro no puede decirlo, y probablemente pocas personas como él pueden estar en condiciones de formular esta acusación. Han dedicado tantos años y dinero público a fabricar la delirante trama rusa que no han tenido recursos para investigar la trama yihadista que tenían dentro de casa”, dijo Puigdemont en sus redes sociales.

La imagen de absoluta soledad de Junts este jueves resultó paradigmática, pero no sorprendente. En los últimos meses, los independentistas catalanes de derechas han protagonizado sonoros desplantes al Gobierno de Pedro Sánchez, como la exigencia de una cuestión de confianza, que en principio no tendrá lugar. Episodios que le reportaron foco mediático, pero que le han distanciado, poco a poco, del resto de grupos parlamentarios. Ocurrió con partidos como EH Bildu, BNG o Podemos a cuenta del impuesto a las grandes empresas energéticas que contribuyeron a tumbar con sus siete votos. Y también pasó después con el PNV por el decreto de las pensiones o la negociación de las competencias en inmigración.

“Es un tema muy delicado y en el que hay bastantes derechos en liza. Es muy fácil manipularlo y que desate bajas pasiones. Estamos hablando del futuro de personas. Y sean de donde sean hay que tratarlas con dignidad humana”, dijo el presidente saliente del PNV, Andoni Ortúzar, al ser preguntado por la postura de Junts, a quien recomendó “bajar decibelios” y no caer “en el populismo”.

Los nacionalistas vascos, con estrechos lazos con la derecha independentista o soberanista catalana, tampoco entendieron que los siete votos de Junts sumaran su fuerza al PP y a Vox para tumbar el famoso decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o la devolución de un edificio en París al PNV. Y afearon también que Carles Puigdemont se enrocara en una cuestión de confianza a Sánchez que ni una sola del resto de fuerzas que apoyaron la investidura siquiera contemplaba. “Estamos en un momento delicado de la legislatura y cada uno tiene que ver lo que hace, pero hay que estar más fríos, ser más reflexivos”, les reclamó Aitor Esteban. De entre los socios del Gobierno, el PNV también se había abstenido a la hora de aprobar la polémica lista de comparecientes de la investigación sobre los atentados de la Rambla, sobre los que ya hay sentencia, condenas, y constantes sombras de sospecha sembradas por Junts.

Aunque con posturas antagónicas en medidas sociales o económicas, otras fuerzas como EH Bildu o Podemos habían secundado al partido Junts en momentos cruciales del procés e incluso en el impulso a la ley de amnistía cuando la legislatura echó a andar. Pero eso también ha cambiado en los últimos meses tras la sucesión de desplantes al Ejecutivo.

La secretaria general de Podemos llegó a llamar “cachorritos” de Repsol tanto al PNV como a los de Puigdemont por su defensa de los intereses de las grandes empresas energéticas. Y pidió a Pedro Sánchez dejar de hacer orbitar sus políticas en los independentistas catalanes: “El PSOE lleva un año contándole al país que Junts es un león, cuando demuestran una y otra vez ser gatitos. Están usando de excusa a Puigdemont para no hacer lo que hay que hacer, bajar los alquileres de una vez”, dijo Belarra.

Desde la tribuna del Congreso, y en pleno debate sobre el decreto de las pensiones, se vivió también una escena poco habitual, al confrontar EH Bildu con Junts a cuenta de su sentido del voto. “Si votan en contra del decreto no están haciendo daño al Gobierno sino a la ciudadanía vasca, la catalana, la gallega o la de todo el Estado. Nosotros venimos a proteger a la ciudadanía vasca, no a anteponer nuestros intereses partidistas. Esperamos sensibilidad y coherencia porque si no, no suben las pensiones”, espetó Mertxe Aizpurua a la bancada de Junts.

En mitad de un fuego cruzado con ERC, que viene de lejos por las tensiones post-procés en el seno del independentismo catalán, la sensación generalizada en el conjunto de fuerzas políticas que tratan de ahormar una mayoría parlamentaria para sustentar a Pedro Sánchez es de hartazgo. “Aquí todos hacemos un esfuerzo y afrontamos un desgaste ante nuestro electorado por mantener en pie un Gobierno que, por mucho que no sea la panacea, siempre será mejor que la alternativa de la ultraderecha. Y estas zancadillas permanentes que mantienen la legislatura en punto muerto es un problema para todos”, reflexiona un diputado de una de esas fuerzas políticas preguntado por la deriva de Junts.

En el PSOE, mientras tanto, se afanan en mantener en pie los maltrechos puentes con Puigdemont. La sensación entre las filas socialistas es que el balance interno que hicieron los independentistas de su portazo al decreto de las pensiones y su ultimátum con la cuestión de confianza fue que les salió mal. Y que por eso enmendaron su postura en ambos casos y retomaron los cauces de diálogo para una negociación sobre las competencias migratorias que sigue encallada.

Existe el convencimiento en la Moncloa de que Puigdemont y sus siete diputados han dado muestras suficientes de que aprietan pero no ahogan. Y de que, por más que empiece a ser frecuente ver a algunos hombres de confianza de Feijóo, como el diputado Guillermo Mariscal, departir en privado con Míriam Nogueras o Josep María Cruset por los pasillos del Congreso, no existe voluntad real de hacer caer al Gobierno y abrir la puerta a un Ejecutivo de PP con Vox. Por eso el PSOE mantiene permanentemente viva la interlocución con Junts. Por eso y porque, por muy solos que estén, sus votos son igual de decisivos que siempre. Es también la razón última por la que un terrorista condenado por un grave atentado pudo sembrar su teoría conspiranoica en el mismísimo Congreso de los Diputados.