VENTANA RURAL

Efectos del exceso de regulación para la gente del campo

Cuando no hay normas, las libertades sufren. Cuando hay demasiadas, los efectos son similares. En la complejidad, los ricos y poderosos se manejan mejor.

Partimos de la necesidad de equilibrio a la hora de organizar la vida en sociedad ya que, “si no hay suficientes leyes, no estamos seguros y nuestras libertades no están protegidas. Pero si hay demasiadas leyes, se perjudican esos mismos fines.

La complejidad es un subsidio para los ricos y poderosos. Los individuos bien conectados pueden sortear todos los trámites burocráticos.

La Organización agraria la UNIÓ ya ha rechazado la obligación por parte del Ministerio de Agricultura de registrar de forma electrónica los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026, lo que supone una carga administrativa adicional e innecesaria para los agricultores.

Consideran que actualmente la administración ya dispone de la información necesaria para el control del uso de productos fitosanitarios gracias a la interconexión de registros a través del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX). Este sistema incluye:

* Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO) que permite conocer en tiempo real las compras de productos fitosanitarios por parte de los agricultores.

* Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) que garantiza que los agricultores que compran y aplican fitosanitarios están formados y cuentan con la habilitación necesaria.

* Registro de Explotaciones Agrarias (REA) que contiene toda la información sobre las explotaciones agrarias, permitiendo vincular la compra de fitosanitarios con la superficie y cultivos declarados.

* Cuaderno de Explotación que desde 2013 exige a los agricultores registrar las aplicaciones de fitosanitarios.

Además, existen asimismo certificaciones privadas como GlobalGAP que imponen requisitos estrictos sobre el uso de fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, complementando los controles administrativos.

Proponen al Ministerio de Agricultura para evitar esta sobrecarga burocrática y mejorar la eficiencia del control que la información contenida en el registro diario (RETO) de compras, ventas, importaciones, exportaciones y tratamientos de productos fitosanitarios, que ya registra e identifica al comprador (ROPO), se amplíe con el identificador de la explotación agraria (REA) a la que se van a aplicar. De esta forma, no sería obligatorio el registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios por parte de los titulares de las explotaciones agrarias.

Todo ello se puede conseguir a juicio de La UNIÓ mediante:

* La eliminación de la obligatoriedad del registro electrónico de tratamientos fitosanitarios, sustituyéndolo por un sistema automatizado que vincule las compras de fitosanitarios registradas en RETO con las explotaciones declaradas en el REA.

* La mejora de la interoperabilidad del SIEX para que la administración pueda cruzar estos datos automáticamente, garantizando la trazabilidad sin necesidad de registros adicionales por parte del agricultor.

* El establecimiento de un sistema de alertas o verificaciones automáticas que detecte incoherencias entre las compras de fitosanitarios y las superficies/cultivos declarados en el REA, permitiendo una fiscalización efectiva sin burocracia extra.

* La ampliación del RETO con la identificación de Explotaciones Agrarias, eliminando así la obligación del registro electrónico de tratamientos fitosanitarios por parte de los agricultores.

Está claro que este tipo de propuestas, que emanan del propio sector deben ser estudiadas por los órganos competentes que regulan y supervisan su aplicación.

Y los agricultores no van desencaminados cuando reclaman simplificación administrativa. Según un estudio elaborado por el Banco de España, en España se han aprobado 414.272 normativas diferentes desde que empezó la democracia, más de 206.000 en el periodo estudiado, 1995-2020.

Este ingente número tiene un sector especialmente perjudicado, el de la agricultura, que ha tenido que ceñirse a 1.300 nuevas normas anuales.

Dentro de estas cifras, Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con más normas decretadas cada año (682), tan solo precedida de Cataluña (772).

Entre las conclusiones del estudio, destaca que una mayor complejidad regulatoria tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo, y un impacto negativo sobre el valor añadido.

Ahora bien, las leyes están para cumplirlas. Una reseña: la normativa sobre aceiteras rellenables en hostelería. El Real Decreto 895/2013, lleva en vigor desde más de una década y obliga a presentar en hostelería los aceites de oliva en envases irrellenables, que garanticen el 100% de la integridad del producto y estén debidamente etiquetadas. El objetivo de esta medida era importante para el sector agrario, ya que las medidas que incluye buscan garantizar la calidad de los aceites ofrecidos al consumidor y de paso mejorar la imagen del aceite de oliva virgen extra. Por primera vez los clientes de la hostelería podían saber que producto están consumiendo.

Pues bien, casi doce años después aún se siguen encontrando aceiteras en bares, y la campaña de comunicación “¿Peeerdona?”, que la Interprofesional del aceite de oliva lanzó en 2017, acaba de ser reactivada en 2025 para continuar concienciando sobre el uso de envases legales. ¿Realmente es aceite de oliva y no una mezclas de otras grasas?.

Lo curioso es que precisamente en este momento el sector reclama una simplificación administrativa, y quizás este no sea un problema únicamente del sector agrario sino de nuestra sociedad.

La legislación nos protege de abusos, ciertamente, pero el exceso de ella nos consume a todos tiempo, dinero y recursos varios… y no nos falta porque tenemos normativas europeas, nacionales, autonómicas, locales… algunas se solapan, otras dejan espacios intermedios.

La proliferación de normas, a veces de baja calidad y a menudo con constantes referencias a otros textos, dificulta enormemente que los agricultores las puedan cumplir. En especial, los más pequeños. Las grandes empresas lidian mucho mejor los excesos regulatorios.

Las regulaciones y ayudas deberían servir para mejorar las condiciones de los agricultores y del medio rural, no para poner cada vez más requisitos en el proceso de conseguir que se reconozca el derecho a recibirlas. Claramente, es necesario que exista un control, pero sin ser excesivo, recurrente y redundante.

Lo decía Montesquieu: “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.