La jueza cita a declarar a dos auditores de la Junta que alertaron del troceo “masivo” de contratos sanitarios en Andalucía

La jueza Rosa María García Jover, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento masivo de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz en 2021, ha citado a declarar en calidad de testigos a dos interventores y dos altos cargos del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz quiere interrogar, precisamente, a los responsables de los informes desfavorables de la Intervención de la Junta que denunciaron el troceamiento “indebido y masivo” de contratos millonarios del SAS, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores encadenados -todos destinados a pagar la misma prestación o servicio- para así “eludir” la legislación.

Los auditores pusieron bajo sospecha el gasto total del SAS en contratos menores -en cantidades inferiores a 15.000 o 30.000 euros- que llegó a sumar 234,5 millones de euros al final del ejercicio 2021. El próximo 2 de abril deberán prestar declaración ante la jueza Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, interventores provinciales del SAS en Cádiz; y el día 3 de abril lo harán dos jefas de servicio del mismo departamento, Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.

En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial del que adelantó elDiario.es. El gasto total en contratos menores respresentaba el 23,2% de los 1.014,8 millones gastados en esa provincia en 2021.

La causa que instruye la jueza García Jover nace de una denuncia que interpuso Podemos, a partir de la investigación adelantada por este periódico, por un posible delito de malversación y otro de prevaricación administrativa. El Gobierno de Moreno, que también está siendo investigado en un juzgado de Sevilla por supuesta prevaricación en los contratos de emergencia del SAS entre 2020 y 2024, intentó personarse en esta segunda causa, pero la jueza rechazó su solicitud porque no aclaraba su “situación procesal”, es decir, en calidad de qué se personaba (perjudicada, acusación, defensa...).

La Fiscalía de Cádiz se sumó hace unos días a la investigación de los contratos sanitarios troceados y, antes de practicar nuevas diligencias, reclamó copia del “extenso” informe de la Intervención de la Junta de Andalucía que censuraba el procedimiento de fraccionamiento de contratos, para corroborar si hubo “fraude de ley” en los 235 millones de euros que el SAS gastó en 2021 en miles de contratos menores.

El documento que ha solicitado el Ministerio Público es un informe de actuación que la exinterventora general de la Junta -recientemente destituida- elevó a la Consejería de Hacienda alertando de posibles indicios delictivos en la contratación del SAS en 2022, consecuencia de no haber cumplido las recomendaciones dictadas por los auditores en ejercicios anteriores para poner fin a la práctica del fraccionamiento de contratos. Tampoco ese informe de actuación hizo que el SAS corrigiera las deficiencias detectadas, puesto que las mismas advertencias reaparecieron en los informes de los interventores provinciales en 2023 y 2024.

Todos esos informes provinciales, revelados por elDiario.es, motivaron la denuncia interpuesta por Podemos en juzgados de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, pero sólo la primera denuncia ha provocado una apertura de diligencias.

El “abuso” del SAS de los contratos menores, que la ley limita a casos excepcionales y de urgencia justificada, hizo que la Intervención General de la Junta ordenase investigar esta figura contractual en las delegaciones provinciales del SAS en las ocho provincias andaluzas. Las conclusiones fueron similares en todas las auditorías, que destaparon un “fraude de ley” en el uso sistemático e “irregular” de este tipo de contratos. La Junta de Andalucía había adjudicado a dedo 1.225 millones en el año 2021 con el fraccionamiento “masivo e indebido” de contratos menores que, ahora, investiga la Justicia, de momento sólo en Cádiz.

Los contratos menores representaron casi el 30% del total de contratos que hizo el SAS en las ocho provincias andaluzas en 2021. Ese sistema permite sortear los controles de fiscalización habitual y adjudicar a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, siempre que el gasto no exceda de los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros; hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 euros para obras.

La jueza ha citado ahora a los mismos interventores que, en sus informes, censuraron a la dirección gerente del SAS en Cádiz por trocear contratos millonarios para hacerlos pasar por contratos menores, aunque en todos ellos el objeto de la prestación era “el mismo o similar”. El procedimiento tenía como fin “disminuir la cuantía del mismo” contrato para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva” y, en definitiva, “infringir la ley”.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros por un importe total de 1.791,2 millones de euros. Más de una cuarta parte de ellos –el 26,94% (458,3 millones)– fueron contratos menores, aunque en Huelva esta fórmula de adjudicación a dedo alcanzó el 46,49% del total.

Los cuatro informes de los auditores están plagados de ejemplos gráficos en el fraccionamiento irregular, siendo las grandes farmacéuticas las principales beneficiadas en volumen de gasto a través de contratos millonarios troceados cientos de veces para la adquisición de un mismo medicamento. En algunos casos, se contabiliza la firma de dos contratos menores al día –durante los 365 días del año– con la misma empresa y por el mismo concepto, multiplicando exponencialmente la factura inicial.

En el caso de Cádiz, que es la provincia donde se han abierto diligencias, la multinacional Pfizer adquirió a dedo “102 contratos menores de 15.191,96 euros” cada uno por un mismo fármaco –Enbrel 50mg– que en total sumaron 1,54 millones de euros.

Además, el SAS en Cádiz firmó 33 contratos menores con la empresa Laribar Industrial, S.L. para distintas reformas y mantenimiento del Hospital Punta de Europa de Algeciras, que en conjunto sumaron 205.820,45 euros; otros 34 contratos menores con la empresa Mantenimiento y Montajes Industrial, S.L. para distintas reparaciones y mantenimiento en el Hospital de la Línea que, factura a factura, suman a 287.701,27 euros.