La Justicia obliga a la Escuela Andaluza de Salud Pública a readmitir a un trabajador al que despidió por testificar en su contra

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, tendrá que readmitir a un trabajador al que prejubiló sin su consentimiento por haber testificado en contra de los intereses de la escuela en otros procesos judiciales. En concreto, el Juzgado de los Social 3 de Granada entiende que se han vulnerado los derechos de Antonio Daponte, despedido a través de una jubilación, “por haber apoyado a otros compañeros que mantenían litigios con la EASP y movilizarse en contra de la dirección”. La institución anuncia que va a recurrir la sentencia.

Daponte, que llevaba más de 30 años formando parte de la escuela, también es un político con recorrido a nivel local en formaciones como Podemos o Más País y en la EASP ha pertenecido al sindicato UGT. Dos hechos que para el trabajador resultan claves para entender por qué la EASP decidió prescindir de sus servicios a finales de 2023. Daponte había encabezado las movilizaciones de los trabajadores que se oponen a que la EASP se diluya en el futuro Instituto de Salud de Andalucía (ISA), cuya creación sigue en trámite, y se personó en varios procesos judiciales como testigo para defender a compañeros suyos frente a decisiones laborales de la escuela.

Todo ello derivó, según se recoge en la sentencia, en una jubilación anticipada que el propio Daponte no había solicitado, lo que en definitiva implicaba su despido. En declaraciones a elDiario.es Andalucía, dice que la EASP le comunicó que no ampliaba su contrato por su edad -acababa de cumplir 65 años-, pero recuerda que “hay trabajadores que superan los 70 años y que siguen ejerciendo en la escuela”.

La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Granada recoge que Daponte había solicitado en septiembre de 2023 una prórroga de doce meses en su contrato para completar sus cotizaciones a la Seguridad Social y alcanzar su pensión completa. Sin embargo, la prórroga fue denegada por la dirección de la EASP en diciembre de ese mismo año, apenas unos meses después de que el trabajador hubiera testificado en dos procesos judiciales abiertos contra la institución.

El primero de estos juicios se celebró el 20 de septiembre de 2023 en el Juzgado de lo Social número 4 de Granada. Daponte declaró a favor de un compañero que impugnaba “una modificación sustancial de sus condiciones laborales”. La sentencia de ese caso, dictada en enero de 2024, dio la razón al demandante. El segundo proceso tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023, en el Juzgado de lo Social número 3, en el que otra trabajadora de la EASP reclamaba una mejora en su categoría profesional y diferencias salariales. En este caso, la demanda fue desestimada, aunque la sentencia aún no es firme.

Despedido por apoyar a otros compañeros

Esos dos procesos judiciales resultaron claves para que la EASP no renovase a Daponte, según entiende el juez. Aunque el trabajador ya había solicitado y obtenido una prórroga en su contrato en 2022, cuando cumplió los 65 años, en 2023 esto no sucedió. Según el convenio colectivo de la EASP, al que hace referencia el juzgado, es posible prolongar la vinculación de un trabajador de su edad si hay un acuerdo entre la empresa y el empleado, algo que la dirección sí permitió en 2022 pero que, un año después, y en plenos procesos judiciales por la situación laboral de varios compañeros en los que el Daponte participó como testigo, la escuela rechazó. Lo hizo argumentando razones “organizativas”.

En un escrito remitido el 15 de diciembre de 2023, y que aparece recogido en la sentencia, la dirección de la EASP le comunicó que su contrato no se renovaría y meses después justificó la decisión aludiendo a la necesidad de “renovar la plantilla” y favorecer la incorporación de personal más joven. Por otro lado, argumentaron que la ampliación de su contrato no supondría un impacto significativo en su pensión de jubilación, pese a que la Seguridad Social ya le había comunicado a Daponte que su pensión no alcanzaría el 100% si no seguía cotizando, sino que se quedaría en el 88,87%.

Con todo ello, el juez rechaza los argumentos de la escuela y asume que la EASP depuró al trabajador como represalia por sus actuaciones políticas y de respaldo a varios compañeros. Según el tribunal, la institución no puede justificar que el despido o prejubilación de Daponte tuviese que ver con “criterios organizativos objetivos”. Como explica el trabajador, la sentencia también recoge que otros empleados mayores de 65 años han continuado en la escuela con prórrogas similares y que la única diferencia entre ellos y Daponte es que este había intervenido como testigo en juicios contra la escuela.

Este medio ha contactado con la EASP para conocer su versión de los hechos. La escuela se limita a decir que no están de acuerdo con la sentencia del juzgado y que recurrirán al no ser firme. Preguntados sobre qué argumentos son los que rechazan del fallo del juez, las fuentes consultadas explican que rechazan la decisión del tribunal en sí misma y que aportarán nuevos razonamientos en su recurso.