Aragón justifica su rechazo al plan sobre salud mental por “la falta de consenso y la financiación insuficiente” del Ministerio

El Gobierno de Aragón ha votado en contra del Plan de Acción de Salud Mental (2025-2027) y ha apoyado el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-2027) planteado por el Ministerio de Sanidad, si bien ha solicitado “más fondos económicos” para esta última estrategia. El voto negativo ha sido ante la “falta de consenso” con las entidades profesionales, la ausencia de financiación suficiente y los recortes a la formación de futuros profesionales, entre otros asuntos de desacuerdo. Los doce consejeros del Partido Popular se han opuesto al texto final aunque sí han respaldado, por unanimidad, el primer plan nacional para la prevención del suicidio. 

Los principales puntos de desacuerdo se refieren a la aprobación de las plazas de formación de residentes de Psiquiatría, Piscología y Enfermería especializada en Salud Mental. Ante el déficit de profesionales sanitarios que afecta a toda España se solicitó la aprobación de las plazas planteadas por las Comunidades autónomas y el Ministerio se comprometió a dar el visto bueno solo al 80%. Finalmente, el Ministerio se ha comprometido a aprobar el 90%. El director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera, ha lamentado que no se llegue al 100%, dada la necesidad tan importante de profesionales que hay en nuestra Comunidad autónoma. Y ha recalcado que “no se puede prescindir de ni un solo psiquiatra, psicólogo clínico o enfermero de Salud Mental”.

Los psiquiatras de la SEPSM aseguran que el Ministerio no volvió a remitirles el documento definitivo del plan tras presentar alegaciones y consideran que el resultado final “no refleja puntos considerados como prioritarios”, como el “aumento de profesionales para atender la creciente demanda”. “El documento final no solo no incrementa el número de profesionales, sino que el indicador que promueve (90 %) supone un decremento del 10 %, toda vez que este último año se ha ofertado el 100 % de las plazas de psiquiatría infanto-juvenil, el 98 % de las de psiquiatría y el 99 % de psicología clínica”, explican en el comunicado.

Por otro lado, el Ministerio insiste en el Plan de Acción de Salud Mental de hablar de “desprescripción de fármacos”. Este punto ha generado mucha polémica entre los especialistas. Aragón defendió que se hablase de un “uso racional del tratamiento farmacológico e insistió en no banalizar la prescripción farmacéutica en Salud Mental, sobre todo ante trastornos mentales graves en los que la medicación ha demostrado sobradamente tan buenos resultados terapéuticos”, según consta en la nota de prensa difundida por el Departamento de Sanidad. 

Otro de los puntos en desacuerdo se refiere a la financiación. El Ministerio ha planteado una financiación de 38 millones para el primer plan y otra de 18 para la estrategia contra el suicidio. El director general de Salud Mental ha destacado que esta financiación es “insuficiente y que estos programas deben tener un fuerte respaldo económico”. Respecto al Plan de Prevención del Suicidio, el director ha insistido en la necesidad de incrementar esta financiación para “desarrollar unas líneas que se postulan como muy interesantes, pero que requieren de fondos económicos para poderse llevar a cabo”. 

Manuel Corbera ha lamentado finalmente que el Plan no haya contado con las aportaciones “de peso” de distintas entidades profesionales, que “han rechazado el plan al considerar que no se les ha tenido en cuenta”. Corbera defiende que es preciso contar con el consenso de estos grupos, entre los que se encuentran entidades profesionales, como la Sociedad Española de Psiquiatría (la que mayor representación tiene en este ámbito médico) y la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), formada por psicólogos sanitarios y el Consejo General de Psicólogos, entre otras.