Quince familias ganan tiempo al desalojo en Zaragoza, pero su batalla con la Sareb continúa: “Solo nos dan un respiro”

Han ganado tiempo, pero su batalla frente a la Sareb continúa. Quince familias del barrio Oliver de Zaragoza se arriesgan a perder su vivienda porque la Sareb, actual propietaria de las viviendas tras los impagos del promotor, quiere rescindir los contratos de arrendamiento para traspasar las viviendas. La presión social ha hecho que el denominado banco malo -en manos mayoritariamente del Estado- aplace su decisión hasta estudiar cada caso y poder detectar situaciones de vulnerabilidad. Los vecinos, sin embargo, reclaman seguir alquiladas como hasta ahora.

“Esto no es una solución, solo nos dan un respiro. Pedimos que nos renueven los contratos: están rescatando bancos y lo que tienen que hacer es rescatar personas”, lamenta Cristian Checa, uno de los inquilinos. Él y su pareja viven en un estudio de poco más de 32 m² por el que pagan 450 euros, más otros 185 euros de comunidad, con lo que quiere dejar claro que lo suyo “no es ningún chollo”.

Las otras 14 familias tienen cada una distintas casuísticas, con alquileres y facturas de la contribución con distintos precios. Hay núcleos monoparentales, parejas con tres niños, alguno de ellos recién nacido, y vecinos que viven solos. Sus viviendas se distribuyen tres calles del barrio -Pedro Porter, Miguel Artigas y Obispo Paterno-.

Todas ellas fueron impulsadas antes de la crisis del 2008 por la misma promotora, Promociones 2552 SL, pero los sucesivos impagos, que llegaron a superar los siete millones de euros, llevaron a Hacienda a embargar las viviendas. Hace pocos meses pasaron a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ahora quiere ejecutar los lanzamientos, y en un plazo muy breve de tiempo: están previstos para el 26 y 28 de marzo y el 2 de abril. 

La repercusión que ha tenido el caso de estas quince familias en los últimos días ha llevado a la Sareb a aplazar la resolución. “Sareb ha tomado esta decisión con el objetivo de analizar la situación socioeconómica de cada familia y conocer así si existen casos de vulnerabilidad entre los vecinos, cuyos contratos de alquiler no han sido reconocidos como válidos por el Juzgado”, explicó el miércoles la entidad en una nota de prensa. 

De encajar en los parámetros de “familias vulnerables”, según la Sareb, se les ofrecerá “un contrato de alquiler social por un plazo de siete años”. De lo contrario, tendrán la posibilidad de “adquirir las viviendas de forma preferente”.

Esta última opción, por ejemplo, no le encaja a Cristian Checa. “Me ha dicho mi abogado que el piso está valorado en 234.000 €. Pero ¡si es un estudio de 32 metros cuadrados con una habitación en el barrio Oliver!”, lamenta sin creérselo aún. En su caso, además, explica que el arrendamiento no vencía hasta 2027 -firmó en 2020- y que lo tiene registrado en el Gobierno de Aragón. “No me echan por no pagar: no he dejado de pagar un solo mes. Estamos un limbo legal”, se queja.

Desde el Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a las familias en este proceso, Paula Gil apunta que los afectados son una treintena de personas y rechaza los criterios de vulnerabilidad planteados. “A la hora de la verdad, consideramos que estas 15 familias son todas vulnerables”, incide, antes de lamentar que “una empresa pública” se comporte “como cualquier banco”. “Solo quieren hacer negocio con la vivienda. No es de recibo en una empresa de capital mayoritariamente público”, denuncia.

Disputa partidista

La amenaza de desahucio para estas quince familias tampoco ha sido ajena a la disputa partidista. Días atrás, el grupo de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza pidió al Ayuntamiento, en poder del PP, que se interesara por la situación, obtuviera toda la información necesaria y se posicionara como mediador en el conflicto. Gran parte de la situación, según ZEC, es producto de la “desidia” del Gobierno municipal, que “sistemáticamente en las gerencias de urbanismo está mucho más interesado en la venta de suelo público para movimientos especulativos de vivienda libre, en muchos casos de lujo, que en la protección de la vivienda social como un derecho ciudadano básico”.

Desde el equipo de gobierno llegó la respuesta ese mismo día. Así, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, instó a ZEC a que se dirigiera “a sus compañeros de Sumar que dirigen algunos ministerios del Gobierno de España para que la Sareb paralice los desahucios”, porque, según añadió Serrano, el Ayuntamiento de Zaragoza “es completamente ajeno” a esta situación.