El juez procesa al hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad en subvenciones de la Generalitat entre 2015 y 2018

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha procesado a los empresarios Adell Bover y Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, por presuntamente haber cometido delitos de estafa y falsedad documental en las subvenciones que recibieron de la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2018, según el escrito de apertura de procedimiento abreviado al que ha tenido acceso elDiario.es. El juez descarta el delito de fraude en subvenciones porque el dinero cuestionado no supera los 120.000 euros, en concreto las ayudas concedidas y puestas en duda por la justicia fueron de 110.000 euros.

“Las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover”, concluye el juez en un escrito de casi cincuenta páginas y que se basa en el escrito previo de la Fiscalía.

El juez da diez días al fiscal y las acusaciones personadas a fin de que soliciten el sobreseimiento o apertura de juicio oral formulando escrito de acusación y en su caso práctica de nuevas diligencias.

El auto, con fecha del pasado miércoles 29 de enero, se hace público justo el día que arranca el congreso del PSPV-PSOE que tendrá mañana como invitado estrella al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cabe recordar que la acusación popular está ejercida, entre otros, por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana.

El empresario Francis Puig era prácticamente un desconocido hasta que el PP valenciano presentó una querella por las presuntas irregularidades en las subvenciones que recibía de la Generalitat valenciana y la catalana. Se trata de ayudas dirigidas a la producción y difusión audiovisual en valenciano por parte de ambas administraciones, subvenciones ambas compatibles si bien el importe total no podía superar el gasto realizado. El hermano del expresidente socialista de la Generalitat Valenciana se ha dedicado tradicionalmente a la producción audiovisual de carácter local en la comarca de Els Ports, fronteriza con Catalunya.

Las ayudas púbicas valencianas, otorgadas a Francis Puig entre 2015 y 2018 por la Conselleria de Educación del Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic (en manos de Compromís), se imputaban a tareas de producción y de difusión de los programas emitidos en valenciano mientras que en el caso de Catalunya se trataba de una dotación económica no porcentual. Sin embargo, a tenor del “detallado” informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, las cantidades “obtenidas indebidamente” por las empresas de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bover no superan los 120.000 euros que marca la jurisprudencia española como cuantía mínima anual para que se dé la condición objetiva de punibilidad en materia de fraude de subvenciones.

El hermano del expresidente Ximo Puig administra dos sociedades bajo la lupa de la instrucción: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones. De la primera de las firmas, que ha tenido entre seis y 12 trabajadores, la fiscal sostiene que incorporó “facturación de empresas vinculadas” y “facturas duplicadas y cruzadas” que podrían ser constitutivas de un presunto delito en falsedad en documento mercantil con Adell Bover como supuesto cooperador necesario.

Por su parte, Mas Mut Produccions, con entre cinco y seis trabajadores y centrada en el ámbito de la comunicación digital en la comarca de Matarranya (Teruel), podría ser considerada, a juicio de Anticorrupción, como una “empresa ficticia o instrumental”.

El escrito incluso cuestiona que pudiera cumplir los requisitos para la obtención de subvenciones: se trataría de una firma “redundante” con un objeto social “abarcado” por Comunicacions dels Ports, con una sede social en Peñarroya de Tastavins (Teruel) que “ha resultado ser ficticia, puesto que está situada en una vivienda particular, donde no se ha hallado indicio alguno de actividad societaria”.