Tres organizaciones anticorrupción demandan a la Agencia Valenciana Antifraude por la derogación de su Código Ético

Tres organizaciones anticorrupción -la Fundación Hay Derecho, la Fundación por la Justicia y la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción- han interpuesto un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la derogación del Código Ético y la disolución del Comité de Ética de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).

El recurso también cuenta con el apoyo de varios exmiembros del Comité de Ética, quienes consideran que la derogación del Código Ético “se ha realizado sin seguir el procedimiento legalmente establecido, en una actuación que pone en riesgo la independencia y el control interno de la institución”.

El Código Ético de la AVAF fue aprobado en 2022 a través de un proceso participativo que incluyó a sindicatos y al personal de la Agencia. Este documento establecía principios de buen gobierno y normas de conducta aplicables a todo su personal, incluyendo la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes y actividades para evitar conflictos de interés. Además, regulaba la creación de un Comité de Ética independiente, compuesto mayoritariamente por expertos externos, encargado de supervisar su cumplimiento y gestionar un canal interno de denuncias.

Sin embargo, en septiembre de 2024, el nuevo director de la AVAF, Eduardo Beut, propuesto por PP y apoyado por Vox, derogó el Código Ético mediante la Resolución número 904, suprimiendo tanto el Comité de Ética como su buzón de denuncias internas. “Esta decisión se produjo en un contexto de enfrentamiento entre la dirección de la AVAF y el Comité de Ética, tras la apertura de expedientes internos contra el propio director por diversas denuncias”, han apuntado las organizaciones en un comunicado.

“La derogación del Código contraviene lo establecido en la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que obliga a la AVAF a contar con un código de ética. Además, el Plan Normativo de la Agencia para 2024 preveía su revisión y desarrollo, pero en ningún caso su eliminación”, han apostillado.

“Debilitamiento” de mecanismo de supervisión

A juicio de las organizaciones, la eliminación del Comité de Ética y del canal de denuncias internas supone un “retroceso” en la independencia y el control de la Agencia, “debilitando los mecanismos de supervisión”. “El nuevo sistema de denuncias creado por la dirección de la AVAF, el SII-AVAF, no mantiene la misma garantía de independencia, ya que su gestión recae en un órgano nombrado directamente por el director”, han apostillado.

Según la demanda presentada, la decisión de Beut “desde luego que no responde al interés general, ya que la derogación se llevó a cabo sin un procedimiento de evaluación previo y sin consultar al Comité de Ética”. Además, “no se estableció un régimen transitorio para las denuncias en curso, lo que genera un vacío legal en la tramitación de expedientes abiertos”, han lamentaod.

“La desaparición de este órgano independiente elimina un sistema de control esencial para la rendición de cuentas dentro de la AVAF. La independencia del Comité de Ética era una garantía clave para que las denuncias sobre malas prácticas fueran evaluadas sin presiones externas”, han explicado los demandantes. Además, han apuntado que “la falta de un régimen de transición ha dejado sin resolución varios expedientes, algunos de los cuales afectan directamente a la actual dirección de la Agencia”.

Posteriormente, y ya tiempo después de haberse presentado el recurso judicial contra la eliminación del Código Ético, la AVAF presentó un nuevo borrador de Código que, entre otras cosas, suprime el régimen sancionador y debilita el órgano de control. Al suprimirse el régimen sancionador, el Código Ético queda, en la práctica, “desprovisto de cualquier eficacia real, reduciéndose a una mera declaración de intenciones no vinculante sin mecanismos que garanticen su cumplimiento”, han dicho.

Las organizaciones demandantes esperan que el TSJCV declare la nulidad de la resolución número 904 y restituya el Código Ético y el Comité de Ética como elementos esenciales para garantizar el cumplimiento de los principios de buen gobierno en la AVAF.