Altri y la Xunta: cuando un gobierno ignora manifestaciones históricas por tierra y mar contra la amenaza ambiental

Los primeros sorprendidos fueron los propios convocantes. Sabían que el mar de fondo existía, y que desbordaba la comarca de A Ulloa (Lugo), pero no imaginaban hasta donde podía llegar la marea. Una multitud, sobre 20.000 personas, inundó Palas de Rei, un pequeño pueblo de apenas 1.000 habitantes y cabeza del municipio de 3.200 donde Altri pretende instalar su macrocelulosa. Ni siquiera todos los que pretendían asistir a la manifestación aquel domingo, 26 de mayo de 2024, pudieron hacerlo, el tráfico colapsó las carreteras nacionales que conducían al lugar y mucha gente no llegó. “Dende a Ulloa ata a Ría, terra, auga e aire son vida. Altri non”, decía la pancarta que iba al frente de la manifestación, histórica a juicio de propios y extraños. Fue la primera de una serie de protestas concurridísimas y plurales que la Xunta de Galicia ha ignorado, cuando no directamente despreciado. Lo ratifica el aval ambiental autonómico, publicado el 14 de marzo en el Diario Oficial de Galicia.

Para comentar la multitudinaria marcha de Palas de Rei, el presidente Alfonso Rueda tiró de su particular manual de respuestas. La respetó, dijo, porque fue pacífica. Pero, añadió al día siguiente, “algunas de las cosas que se dijeron allí [en la manifestación] no son así. Algunas afirmaciones hoy ya empezaron a ser desmentidas por la empresa”. Se refería a cifras de toxinas y utilización de cloro. El Gobierno gallego se ha embarcado en el apoyo incondicional al proyecto y, en numerosas ocasiones, ha acusado a quienes emiten críticas o tan siquiera dudas de “estar politizados” o bajo las órdenes del BNG. La formación nacionalista ha respaldado todas las movilizaciones contrarias a Altri. También lo han hecho numerosos cargos del PSdeG –en Palas de Rei estaban los alcaldes y concejales socialistas de la zona, por ejemplo–, aunque su posición a nivel gallego es más ambigua.

El motor real detrás de las protestas ha sido hasta ahora la plataforma Ulloa Viva, que aglutina la respuesta vecinal al proyecto y ha contado además con la ayuda de sindicatos (CIG, CUT) u organizaciones ambientalistas (Greenpeace, Adega, Plataforma en Defensa da Ría). Sus acciones han abarcado todas las modalidades, de charlas y debates con expertos en los concellos afectados a un mercado de productos agroecológicos producidos en los mismos, de actos simbólicos a manifestaciones masivas. Greenpeace incluso consiguió, en junio del pasado año, una imagen más bien insólita: ecologistas y marineros de la ría de Arousa –de barcos bateeiros, mayormente– navegando juntos para mostrar su desacuerdo contra los planes de Altri y la política ambiental de la Xunta. Este 22 de marzo, la Plataforma en Defensa da Ría, Ulloa Viva y el sector del mar –varias agrupaciones de marisqueo a pie, entre ellas– llaman a una nueva marcha “por tierra y mar” contra “amenazas” como la que supondría, a su juicio, la macrocelulosa.

La intención de la multinacional portuguesa que la promueve –con Greenalia, de capital gallego, como socio menor– es instalar la planta en una finca de Palas de Rei. La Xunta ya ha reducido convenientemente su protección ambiental. La factoría captaría el agua del río Ulla, a no muchos kilómetros de su nacimiento. Este cauce fluvial es fuente principal de la ría de Arousa, cuya riqueza marisquera y pesquera se encuentra entre las mayores de Europa. Trabajadores del mar temen la afectación que Altri podría causar en las aguas y están formando parte activa de las protestas.

Como la cadena humana que el 30 de junio rodeó San Caetano, en Santiago de Compostela, la sede del Gobierno gallego. Participaron miles de personas, una vez más, al grito de “Altri non”. Los organizadores, esta vez Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría, solicitaron diálogo al ejecutivo de Alfonso Rueda. Infructuosamete. Tampoco lo obtuvieron después de otro domingo histórico, el 15 de diciembre. La Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela se llenó y vació varias veces de manifestantes contrarios a la idea de una pastera en el corazón geográfico de Galicia. Rueda no quiso dialogar con las organizaciones convocantes, pero la empresa, Altri, sí respondió a la marcha en tiempo presente: la gente todavía abarrotaba el casco viejo de la ciudad cuando difundió una nota de prensa en la que lamentaba “que una parte de la sociedad gallega tenga una percepción negativa del proyecto GAMA [así se llama en la documentación administrativa” e insistía en que respectará el medio ambiente y la legislación.

Alfonso Rueda no se movió. Permanentemente escudado detrás de los técnicos de su gobierno, admitió al día siguiente cierta preocupación por el rechazo social, pero lo achacó al BNG y a la desinformación. “Respeto a los manifestantes en general”, adujo, y después procedió a dividirlos en dos categorías, los de “buena fe, con más o menos información” y los que acudieron por “planteamientos políticos”. Todo el mundo hace política en Galicia excepto el gabinete que él mismo preside, con esa máxima ya se conducía su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, para encajar las críticas. Rueda lo ha llevado más allá, al cargar incluso contra el Consello da Cultura Galega, organismo autónomo del Gobierno gallego, cuya creación y función de asesoramiento recoge el propio Estatuto de Autonomía vigente.

El Consello da Cultura publicó el pasado un detallado documento de 181 páginas, firmado por una decena de científicos y expertos, cuyas concusiones eran duras: si la macrocelulosa se construye, provocará “una grave fractura en el territorio”. El texto cuestionaba las cifras de empleo, del consumo de eucalipto o sus efectos sobre la cultura y el paisaje. En un gesto sin precedentes, Alfonso Rueda criticó a la institución que había promovido el informe aunque, al mismo tiempo, admitió que no lo había leído. Tampoco tuvieron mucho tiempo para leerlo los dos eurodiputados del PP gallego que, solo unas horas después de difundido, arremetieron con el mismo y sus autores, a los que acusaron –sin argumentarlo– de “nula independencia”, de estar en “la órbita del BNG” o de ser apenas “supuestos especialistas”. Entre los autores figuraban profesores universitarios, catedráticos o investigadores, entre ellos Sonia Villapol, profesora de neurociencia en Weill Cornell Medical College de Nueva York.

No a la calle, no a las alegaciones

Si las concurridas manifestaciones apenas incidieron en la posición de la Xunta de Galicia, tampoco lo hicieron las miles de alegaciones administrativas al proyecto. Todavía este viernes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, las cifraba en 27.100. El presidente ya las había descalificado hace meses, al definirla como “una campaña orquestada” e incluso poner en duda la libertad de las personas a la hora de firmarlas. “No me meto en si las firmó libremente, que seguro que sí”, dijo entonces. La plataforma Ulloa Viva y organizaciones ecologistas como Greenpeace y Adega facilitaron a vecinos y vecinas la presentación de alegaciones. Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, lo explicaba a este periódico hace unas semanas: “Lo que hicimos fue abastecer a la ciudadanía de modelos de alegaciones”, algo que no es nuevo.

La Secretaría Xeral de Industria ha ido remitiendo cartas a los firmantes de las alegaciones para que demuestren que son parte interesada en el procedimiento de aprobación del proyecto. Si no lo hacen, serán desestimadas. El Gobierno gallego también ha publicado 820 nombres en el Diario Oficial de Galicia de personas a las que no consiguió localizar y que habían respaldado alegaciones. Según los opositores a Altri, estas maniobras son “una ofensiva antidemocrática para tratar de amordazar a la ciudadanía”.