Consejeros, concejales y obispos: los altos cargos que se colaron para vacunarse de la COVID-19 en la Región de Murcia

“Las fuerzas oscuras del mal quieren controlarnos con un 'chís'”, estas palabras, que competían en extravagancia e irresponsabilidad, fueron proferidas en junio de 2020 por el ya fallecido José Luis Mendoza, antiguo presidente de la Fundación San Antonio, propietaria de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) al insinuar una conspiración entre el multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el magnate George Soros para implantar chips en las vacunas contra el coronavirus. “En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder queriendo usurpar el nombre de Dios”, afirmó.

Medio año después el Gobierno de la Región de Murcia comenzó la vacunación contra el coronavirus. El 27 de diciembre de 2020 Josefa, de 83 años, recibió la primera dosis de la Comunidad. En esta primera fase de la vacunación se preveía administrar la dosis, en primer lugar, a los trabajadores y usuarios de residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad, aproximadamente unas 12.400 personas. En enero de 2021 comenzó a vacunarse al personal sanitario. Se esperaba en esa primera tanda vacunar a más de 2.000 profesionales que se encontraban en “primera línea” de la lucha contra la COVID. Los problemas llegaron pronto, cuando consejeros, alcaldes, y obispos redefinieron el significado de “primera línea” cuando se 'colaron en la fila' en el escándalo que se conoció como 'vacunagate'.

Apenas una semana después del inicio de las vacunaciones a los profesionales de la salud, el por aquel entonces consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, se vio obligado a reconocer que se había vacunado “como sanitario” ante las informaciones publicadas en la prensa local.

El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad era claro. Tenía prioridad todo “el personal del ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente” en las plantas COVID, las UCI, los servicios de Urgencias, los centros de salud, el 061 y los servicios con pacientes de alto riesgo, como Oncología. También estaban incluidos los sanitarios de los equipos de vacunación y el personal sanitario de Salud Pública que trabajaba en aquel momento en la gestión directa de la pandemia, en función del riesgo de exposición. 

El escándalo de la vacunación del consejero murciano de Salud saltó en la madrugada del 20 de diciembre. Esa noche, Villegas se desentendió de la polémica escudándose en que se había vacunado “como sanitario”, puesto que era cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Mucho ocurrió en las horas siguientes. Rozando las nueve de la mañana el exconsejero pidió disculpas a los que se hubieran podido sentir “ofendidos o decepcionados”, pero se negó a dimitir. Al caer la noche, su dimisión ya estaba sobre la mesa. La anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras: “Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor de los profesionales. Es un momento para unirnos y salir adelante”. Pese a la renuncia de Villegas, Miras aprovechó la rueda de prensa para ensalzar la gestión de la pandemia en la Región por parte del consejero: “La política precisa de hombres como Villegas, pero por desgracia él no es político”.

Junto al consejero también se vacunaron unos 400 funcionarios de la Consejería de Salud y otros 400 de los servicios centrales del SMS debido a que “el equipo directivo forma parte esencial dentro de la gestión de la pandemia”, se escudaron entonces. Entre los vacunados antes de tiempo dentro de la cartera de Salud también estaba su mujer, María Teresa Martínez Ros, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano en la Consejería murciana de Salud.

“El mayor escándalo fue que no solo se vacunó el personal del edificio Habitamia [donde se encuentra la subdirección general de Recursos Humanos de la Consejería murciana de Salud], sino que también lo hicieron los altos cargos del Gobierno regional, pero por la cuestión de la protección de datos no se llegaron a hacer públicos esos nombres”, explica una fuente sanitaria conocedora de la situación.

“A todos los que se pilló tuvieron que dimitir. En sus entornos, nos consta que pudiera haber más fulanitos y fulanitas [que se vacunaron antes de tiempo]”, revela María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, que reconoce que “sin certezas, no podemos dar nombres”. 

Cinco días después de la dimisión, Villegas volvió a ponerse la bata de cardiólogo que le permitió vacunarse antes de tiempo, regresando a la primera línea en el Área I de Salud, en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. “Hizo muy buen trabajo en la pandemia, al margen del 'vacunagate'. Al final, fue un cabeza de turco”.

Dimisión por “garantizar la estabilidad del gobierno municipal”

Mientras a su alrededor comenzaban a caer sus compañeros políticos por vacunarse antes de tiempo, el que en ese momento era concejal de Salud del Ayuntamiento de Murcia, el popular Felipe Coello, era aplaudido por vacunar y no vacunarse. “Felipe Coello lejos de ‘saltarse la cola’ para recibir la vacuna contra la COVID-19, se ha dedicado, en su condición de médico, a poner vacunas, hasta 200 en un día”, rezaba el periódico tinerfeño Diario de Avisos, su lugar de origen. El mismo día en el que se publicaron estas palabras, el propio Coello desveló que se había vacunado “para poder seguir” aplicando dosis a los ciudadanos. Dado que administraba vacunas a la población, fue el único político de la larga lista de inmunizados antes de tiempo que sí que cumplía el protocolo.

Su dimisión llegaría un mes y medio más tarde. Sería la más tardía entre los vacunados VIP, también la más compleja. “Se trata de una decisión muy difícil de tomar que se produce no por motivos técnicos, sino políticos”, resumiría el propio Coello.

Su cese fue una cuestión de intercambio: el concejal de Salud debía dimitir para que Ciudadanos se plantease la caída del naranja Mario Gómez, el vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia. Gómez era una figura que incomodaba después de que denunciara ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía a su propio equipo de gobierno. 

Veinte días después de su dimisión, caería el gobierno del Partido Popular en el consistorio murciano tras una moción de censura presentada por los socialistas, aprobada con los votos de Podemos y los de Ciudadanos, antiguos socios de los populares. En el año 2023, Felipe Coello se reincorporaría como entrenador del equipo del club femenino de baloncesto de la UCAM.

De hecho, el 'vacunagate' fue uno de los argumentos que más resonaron entre PSOE y Ciudadanos para realizar una moción de censura contra el PP en marzo de 2021. Mientras que esta fracasó en la Asamblea Regional, manteniéndose el PP en el Gobierno con el apoyo de tránsfugas de Ciudadanos, en la capital murciana sí salió adelante.

El obispo de Cartagena, capellán por un día

Pronto comenzó un lento goteo de vacunados VIP. Días después del escándalo del consejero murciano de Salud, el 19 de enero, se descubrió que el Obispo de Cartagena, Lorca Planes, también se había vacunado. Fue en una residencia que pertenece a la propia diócesis, la residencia de mayores y centro de día Hogar de Betania de Murcia. “Días previos a su vacunación, el obispo rellenó el consentimiento necesario para que la Consejería de Salud autorizase su vacunación”, reveló el Obispado en un comunicado. En el listado enviado por la residencia a la Consejería murciana de Salud se registró el nombre de Lorca Planes en calidad de capellán.

“Supuso un gran desconcierto para mucha gente dentro del mundo de la Iglesia. Fue una equivocación, un error, un pecado”, define Joaquín Sánchez, conocido como el cura de la PAH (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca). “Él [obispo] sufrió mucho, se dio cuenta después al ver las consecuencias. Tuvo un impacto a nivel regional y nacional”, matiza.

“El obispo, con que arregle sus cosas con Dios, aquí en la tierra no tiene nada de lo que dar cuenta”, ironiza Marín. Y es que, pese a la polémica, Lorca Planes continúa siendo obispo de Cartagena hasta nuestros días. Incluso un año y medio más tarde, el Gobierno murciano le nombró Hijo Predilecto de la Región.

Otro vacunado sin consecuencias aparentes fue el presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles. El 20 de enero de 2020 el facultativo admitió que recibió la vacuna contra la COVID. Miralles era liberado sindical con plaza en el Hospital Reina Sofía, donde no ejerce como médico. Su vacunación no entraba dentro de los supuestos del protocolo del Ministerio de Sanidad: “¿Es que un liberado sindical no se puede contagiar igual que otro sanitario cuando está en contacto diario con médicos y pacientes, en el foco del hospital, yendo de un centro a otro?”, planteó la portavoz del sindicato médico CESM, María José Campillo, tras el escándalo. En la actualidad, mantiene su puesto como cabeza visible del Colegio.

Vacunaciones en diversos signos políticos

Las vacunaciones VIP salpicaron a todos los estamentos de la clase política, también a un grupo variopinto de partidos. Dos días después de que saliera a la luz la vacunación del obispo, el 21 de enero, otro nombre se puso sobre la mesa: la que por aquel entonces era alcaldesa del PSOE del municipio murciano de Molina de Segura, Esther Clavero, reconoció haberse vacunado. 

En esa época Clavero era “paciente oncológica de alto riesgo”. En noviembre de 2019 anunció que padecía cáncer, enfermedad contra la que aún estaba luchando en esa época.

Según el protocolo acordado desde el Ministerio de Sanidad, a pacientes con cáncer tampoco les correspondía vacunarse en esa fase, en la que aún no habían acabado de inyectarse las dosis a los sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

Cinco días después de la revelación, la alcaldesa presentó su dimisión. Ocho de los doce ediles del grupo socialista le retiraron la confianza. “Siento no poder cumplir vuestro mandato, pero me debo a un partido que ha tomado esta decisión y fallaría a mis principios resistiendo ante las decisiones de órganos superiores”, señaló en su despedida a los molinenses Clavero, quien había sido dada de baja cautelarmente de militancia en el PSOE. Permaneció apartada de los socialistas durante un año más, tras el que fue readmitida como militante. Sobre su readmisión, la que en esos momentos era secretaria de Organización del PSRM-PSOE, Nuria García, defendió que su readmisión fue correcta, “pero que lo que hizo fue un desacierto impropio de una socialista”.

Aunque Clavero recuperó la militancia, no volvería a ostentar un cargo político. En la actualidad, trabaja en el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) como investigadora.

Otra vacunación sorprendería desde la izquierda, la de la coordinadora de Izquierda Unida en Murcia, Alicia Martínez. El 23 de enero de 2021, Martínez dimitió en un congreso extraordinario por haberse inyectado la primera dosis contra la COVID-19 como personal del Servicio Murciano de Salud (SMS). Tampoco estaba dentro de los grupos a los que les corresponde según el protocolo de vacunación.

“Sin haberlo solicitado me vi vacunada como funcionaria del SMS y por coherencia política he decidido dimitir”, dijo Martínez a este periódico. Junto a Martínez, también presentaron su dimisión las personas que le acompañaban en la lista a la Coordinadora: Francisco Muñoz, Miguel Mérida, Mamen Martínez y Manuela Écija.

Cinco años sin las listas VIP

En la Región de Murcia nunca hubo una gran filtración a la prensa con los nombres de los cargos públicos que se vacunaron antes de tiempo. Cinco años después, aún no se sabe quienes engordaban esa lista.

Cuando salieron los primeros vacunados VIP, la oposición en la Asamblea Regional inició una campaña para acceder a los nombres de quienes, aprovechando su cargo político, se habían inoculado antes de tiempo. 

El viernes 12 de febrero de 2021, Alfonso Martínez Baños y José Antonio Peñalver, de PSOE; Mabel Campuzano y Pascual Salvador, de Vox; y María Marín de Podemos tuvieron acceso a las listas de vacunados en la Región de Murcia. A esta cita se negó a acudir Ciudadanos. 

Eran las nueve de la mañana, debían acudir acompañados y nunca divulgar la información vista en esa jornada. “Nos tomaron el pelo”, resume María Marín. Ordenadores que no encendían, más de 80.000 nombres y apenas tres horas y media para desmenuzar la información. El Gobierno Regional no facilitó a la oposición la lista de los altos cargos, presentó a los diputados una lista completa con todos los vacunados de la Comunidad. 

“Paripé”, “ocultación deliberada”, “cortina de humo”. Son algunas palabras que socialistas, Podemos y Vox utilizaron para definir lo ocurrido. “Ni siquiera sabíamos a qué centros de salud o a qué áreas pertenecían los distintos altos cargos para saber quiénes se habían vacunado antes de tiempo. Era imposible hacer un análisis. Esa era la intención”, resume Marín en la actualidad.

“Todos decíamos que saldríamos mejor de aquella pandemia, pero desde luego yo pienso que ha sido todo lo contrario. Creo que hemos retrocedido enormemente en Transparencia”, reflexiona la diputada de Podemos.