El Ayuntamiento de Los Alcázares reclama un millón de euros de multa a dos empresas por vertidos al Mar Menor

Ya hay fecha para el primer juicio para defender los derechos del Mar Menor tras reconocérsele su personalidad jurídica: mayo de 2026. El Ayuntamiento de Los Alcázares va a ejercer en este caso la acusación particular en representación de la laguna salada, como ha adelantado el medio regional La Verdad y han confirmado a este periódico fuentes municipales. La denuncia tiene como objetivo dos empresas del sector agrícola, a las que se exige una multa de un millón de euros y a las que se acusa de haber producido vertidos al Mar Menor (162.345 metros cúbicos procedente de desaladoras entre los años 2015 y 2019).

La multa que se les reclama asciende a 1.012.274,88 euros, y se ha pedido también que se les suspenda la actividad al menos durante tres años. El juicio está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Cartagena.

“Hay que poner en valor que todo esto ha sido posible gracias a la Iniciativa Legislativa Popular para reconocer la personalidad jurídica del Mar Menor”, destaca el concejal de Medio Ambiente y Mar Menor de Los Alcázares, Antonio Campoy, en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia. Y adelanta que, como administración pública que tiene la guardia de la laguna salada en el marco de la nueva ley, “vamos a seguir la premisa de que el que contamina, paga, y de ahora en adelante, con el reglamento en marcha, nos vamos a presentar en todos los casos en los que veamos un perjuicio al Mar Menor”.

Una de las pruebas principales que ha aportado el Ayuntamiento de Los Alcázares se basa en un informe realizado por la Sección de Biología del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, según el cual la actividad de ambas empresas habría generado un impacto negativo en el Mar Menor generando unos daños valorados en 506.137,44 euros, según recoge La Verdad. Según dicho informe, “la desalobración de aguas freáticas, es decir, la extracción no autorizada de agua subterránea salobre para la generación de agua aceptable para la actividad agrícola, con la consiguiente producción de salmuera de rechazo que es vertida ilegalmente a la cuenca hídrica” ha generado un perjuicio a las aguas de la laguna salada.

A esta causa, que se integra dentro del caso Topillo 2, se presentan también seis colectivos de la sociedad civil y otros tres ayuntamientos de la cuenca del Mar Menor.