¿La gente quiere ganar más? Sí. ¿Quiere trabajar menos? También

El debate de la reducción de jornada ha vuelto a sacar de debajo de las alfombras de los palacios liberales aquellos demonios que acompañan siempre a las medidas de reequilibrio económico, de reparto de la riqueza o de mejoras sociales para la mayoría. Es un principio muy primario que siempre va asociado al principio de la propiedad privada, donde cualquier opción a compartir de manera regulada los pingües beneficios que obtenga alguien de su patrimonio es un riesgo incalculable que no se puede asumir.

Estoy convencido de que una parte importante de la sociedad puede empatizar con este planteamiento liberal. De hecho, así es; si no, no se entendería el respaldo democrático que tienen algunas opciones ideológicas que representan estos intereses. Pero conviene insistir en aquellas explicaciones que matizan y contradicen estos principios básicos del liberalismo económico, porque la realidad es un pelín más compleja y, sobre todo, alberga una mayor interrelación entre los que tienen el patrimonio productivo y los que trabajamos para transformarlo en un negocio, vía por la que se genera el beneficio. Va pues el primer matiz: si el patrimonio no se transforma en negocio mediante la intermediación del trabajo, no hay beneficio posible.

Cuanto más se trabaje, más probabilidades de mejorar los márgenes del patrimonio en el negocio, y, por lo tanto, más probabilidades de mejorar los beneficios. Si por este trabajo se paga poco y se consigue que se haga durante largas jornadas laborales, pues los beneficios mejoran. ¿Es eso justo? He aquí el quid de la cuestión, la confrontación en el debate.

Por eso podemos aseverar que las personas trabajadoras quieren ganar más y trabajar menos como ejercicio de justicia social y económica frente a los beneficios de las empresas. Planteamiento sencillo, parece. 

Y curiosamente, cuando alcanzamos un acuerdo para reducir la jornada laboral los viejos demonios de las alfombras plantean que lo que la gente quiere no es en realidad trabajar menos, sino ganar más dinero. Pero por el otro lado, de forma poco coherente, cuando se sube el SMI para las personas que menos ganan, se niegan a acordar, lo que es una profunda contradicción con sus planteamientos contrarios a la reducción de jornada.

Cualquiera que pueda mirar todo esto con un poco de distancia puede pensar que son argumentos oportunistas que se utilizan en cada momento para defender mejor sus intereses. Pues sí, yo que estoy un poco más próximo al debate, coincido plenamente: son argumentos oportunistas para oponerse a un reparto de los beneficios más justo a través de una medida regulada, que les limita la plena disposición de su patrimonio para hacer con él lo que les convenga, genere ello desigualdades sociales o no. ¡Sus beneficios los han de poder repartir como mejor consideren, no como un marco normativo lo decida!

Cuando se acuerda reducir la jornada laboral los viejos demonios plantean que en realidad la gente no quiere trabajar menos, sino ganar más dinero. Pero cuando se sube el SMI se niegan a acordar. Es poco coherente

¿Miramos pues qué decide el marco normativo que les beneficia y al que no ponen ninguna pega?

Se trata de un marco de ayudas y subvenciones para inversiones, contrataciones, bonificaciones en las cotizaciones de la seguridad social, medidas fiscales para bonificar algunas actividades empresariales, etc… que también comprende infraestructuras físicas y digitales construidas y mantenidas por el estado sin las cuales no podrían desarrollar su actividad económica. Para todo esto no parecen tener tanto desapego de la regulación pública, eso parece ser que no cuestiona los principios de la propiedad privada. Pero claro, dirán que con sus impuestos ya pagan estas infraestructuras y ayudas y subvenciones. Sí, como no, pero también las pagan las personas trabajadoras, y con una carga mucho mayor que ellos. La renta del trabajo sobre el PIB está tendencialmente por debajo del 50%, y en cambio el peso de nuestra contribución a las arcas públicas supera el 70% del conjunto de los tributos. Podríamos decir que también con nuestros impuestos las personas trabajadoras financiamos más que ellos estas “oportunidades económicas” que provienen de la regulación pública.

Este país necesita incorporar el rigor al debate público y hacerse justicia a sí mismo con los éxitos que hemos conseguido en los últimos años, insuficientes todavía, pero importantes, muy importantes.

La transición energética y la digitalización ha comenzado a transformar el modelo productivo de nuestro país, y han hecho aumentar el tamaño medio de la empresa, que ha pasado de 6,4 a 6,9 personas trabajadoras de media en la pyme, e incrementado el número de empresas en total. El mercado laboral arroja cifras récord de contratación con 21,8 millones de personas ocupadas, la economía española ha crecido a un ritmo del 3,2% del PIB en el 2024 mientras la zona euro lo hacía al 0,7% y la productividad real ha crecido el 6% de media en el 99% de las empresas españolas.

El factor competitivo de una energía renovable más barata que la de nuestro entorno geográfico está significando un incremento de la inversión en activos materiales, que han pasado de 26,3 mil millones en 2018 a 30,8 mil millones en 2022, un crecimiento del 8,5%.

En este ciclo la mejora de los derechos laborales ha suscitado un cambio paradigmático en las relaciones de trabajo. La dualidad en la contratación se ha contraído, corrigiendo así uno de los factores que lastraban nuestro modelo económico y lo arrastraban a la competencia por los bajos costes salariales. La reforma laboral ha hecho del contrato indefinido el contrato ordinario en nuestro país. La contratación que se ha creado se ha desarrollado por encima del 70%, en profesiones de mayor valor añadido, mejorando la cualificación del trabajo. Se han reducido las desigualdades salariales, entre deciles de renta y entre género, gracias a los importantes incrementos del SMI. Estas condiciones de trabajo han promovido un nuevo nicho de creación de empresas de más valor añadido y que equilibra en parte el fuerte crecimiento del sector servicios, arrastrado por un sector como el turismo de una fuerte implantación en nuestro modelo económico. 

La configuración de la sociedad se ha de mover en otras coordenadas, donde la tríada del tiempo 8-8-8, solo sirve para una sociedad del trabajo sin mujeres en los aparatos de producción

No es incompatible mejorar la explotación del patrimonio, de la propiedad privada, con la regulación de los repartos de los beneficios. Todo lo contrario. Se ha demostrado en los últimos años que las mejoras laborales conllevan mayores beneficios empresariales.

Por lo tanto, ahora toca seguir ganando más, sí, y trabajando menos. No hace falta elegir como plantean algunos. Ganando más, reforzando los marcos de negociación de los convenios colectivos. Trasladando los mayores márgenes empresariales en incrementos salariales que mejoren el nivel de renta de la mayoría y que reviertan en un incremento de la productividad.

Y toca trabajar menos, también. Hoy la sociedad del siglo XXI la conforman patrones diferentes a la del siglo XX. Hoy los modelos de familia son más diversos, la realidad demográfica de nuestro país está cambiando su fisonomía, envejece e incorpora más personas extranjeras a su radiografía. Las mujeres están plenamente incorporadas al trabajo productivo y remunerado, pero en cambio los hombres no lo están al trabajo reproductivo, de los cuidados. Las mujeres le dedican 3 horas más al día al trabajo reproductivo que los hombres.

La configuración de la sociedad se ha de mover en otras coordenadas, donde la tríada del tiempo 8-8-8, solo sirve para una sociedad del trabajo sin mujeres en los aparatos de producción. Hoy la gestión y distribución de los tiempos debe incorporar esta realidad demográfica y requiere de liberar tiempo para dedicarlo a los cuidados, al desarrollo personal, a la convivencia social, al compromiso político, al acceso a la cultura y al ocio.

Se hace imprescindible liberar tiempo de la jornada laboral para poder garantizar tiempo suficiente a otras prioridades vitales. Por eso queremos trabajar menos y esta es la lógica de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

Por eso defendemos esta medida y llamamos a la movilización a la sociedad con los y las sindicalistas a la vanguardia. Para conformar una marea social que evite que ningún partido se confunda con las prioridades de la sociedad, de la mayoría, de la clase trabajadora, a la hora de votar la tramitación de ley para llevar al estatuto de los trabajadores la jornada máxima legal en España de 37,5 horas semanales.