Regresión fiscal con el SMI

La revisión al alza del SMI aprobada por el Consejo de Ministros lleva consigo un sapo fiscal que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha tenido que comer, en aras de intentar parar la sangría recaudatoria que va a suponer el no tener presupuestos y, especialmente, la no aprobación del impuesto a las petroleras. 

La titular de Hacienda, en  un ejercicio de soberbia y cuyas consecuencias políticas no ha medido, ha logrado torcer la voluntad de la titular de Trabajo, que ahora queda completamente amortizada políticamente, algo que el propio jefe del Ejecutivo no ha calibrado suficientemente. 

La justificación que se ha dado desde el departamento de María Jesús Montero es que en otros países ya se grava el salario mínimo, algo que es cierto, pero curiosamente, en aquellos países donde se grava, la capacidad de compra de dicho salario es significativamente mayor que en el caso español. Por no hablar del tipo marginal y el grado de progresividad fiscal existente en dichos países. Adicionalmente, se ha esgrimido un mensaje también muy poco alentador, y es que solo afectará, supuestamente, al 20% del total de perceptores, precisamente aquellos que no tienen familia o pareja con los que compartir gastos, es decir jóvenes cuya capacidad de compra y acceso a bienes tan necesarios como alimentación o vivienda será aún más difícil. 

Desde una óptica de justicia redistributiva, la medida carece de sentido dado que los perceptores se encuentran en el percentil más bajo de la distribución, con el agravante que la mayoría de ellos no pueden acceder a otras ayudas que pudieran complementar la percepción de dicho salario mínimo, dado que superan los umbrales de renta necesarios para el acceso a la mayoría de ellas. Por tanto, la cuantía de 300 euros al año que tributará este colectivo, un 42% del total de la subida anual, les generará una pérdida de capacidad de compra, incompatible con la salida de la situación de pobreza laboral que les aboca la percepción de este salario mínimo, aunque se siga repitiendo que el mismo ha subido un 61% desde que gobierna Pedro Sánchez.  

Un mínimo análisis de progresividad del sistema fiscal español nos deja en muy mal lugar, en comparación con los países más avanzados de nuestro entorno, algo parecido si cuantificamos en términos relativos quién se beneficia más de las ayudas públicas. Esto se puede ver en el informe publicado por la OCDE para 36 países, titulado: 'Apoyo para los ingresos de los individuos en edad laboral y sus familias'. La conclusión más llamativa es que el 20% de las familias más ricas en España copan el 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más pobre de la distribución apenas recibió el 12%. Esto nos sitúa 12 puntos porcentuales por debajo de la media de lo que reciben las rentas más bajas, y 12 puntos por encima de lo que reciben las rentas más altas.

La perseverancia a través del tiempo de la regresión fiscal, a pesar de gobiernos supuestamente progresistas, debería hacer reflexionar cuando descubrimos a quién acaban votando los percentiles más bajos de la distribución. Ningún gobierno se ha atrevido a desmontar el caduco y atrofiado sistema fiscal español, que tras muchos años de continuos parches, adolece de un grave problema: cómo incrementar las bases imponibles de los percentiles más altos de la distribución. La falta de voluntad política para desmontar este sistema y acometer una verdadera revolución fiscal que introduzca mayor progresividad en renta y sociedades es una de las causas por las que las clases populares han abandonado en las grandes ciudades a las formaciones que se autodenominan de izquierdas.

Por todo ello, el defender el gravamen al salario mínimo en aras de aportar más a la caja común es un verdadero insulto a la inteligencia, en un país en el que el fraude fiscal puede rondar el 3,5% del PIB, con preponderancia del patrimonio financiero oculto en paraísos fiscales, incluso por parte de muchas empresas financieras del IBEX. 

Solo queda esperar a que si hay trámite parlamentario para aprobar los presupuestos, se pueda elevar el mínimo exento, algo que si prospera su votación en las Cortes, hasta el PP votará a favor, aunque sea solo por infligir una nueva derrota parlamentaria al PSOE. Pero la medida no tiene ninguna lógica fiscal, ni sobre todo mejora la recaudación o la equidad del país. Tal vez esas señales son las que la socialdemocracia española quiere imponer en su caminar en solitario por la Europa cada vez más autocrática.