El juez del caso Koldo pide datos del patrimonio de Ábalos y exige pruebas a Aldama sobre sus conversaciones con políticos

El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su entorno en un auto que entra de lleno en la investigación después de que el Congreso haya concedido el suplicatorio para juzgarle. El magistrado pide que declaren 17 testigos, entre ellos antiguos altos cargos de Transportes y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, y pide a Víctor de Aldama y la UCO pruebas de sus conversaciones con aforados como el ministro Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán.

El magistrado, además, cita de nuevo a declarar a José Luis Ábalos el 18 de febrero como investigado. Ese día, anuncia el juez, decidirá si impone algún tipo de medida cautelar contra él.

El juez también pide identificar a los responsables de haber contratado a una expareja de Ábalos en dos distintas empresas públicas, cita a declarar a Koldo García para una prueba pericial caligráfica y comprobar la veracidad de los apuntes de Víctor de Aldama sobre el amaño de obras y pide datos al empresario sobre el supuesto piso de Madrid que afirma haber facilitado a Ángel Víctor Torres y “si hubo algún pago a las señoritas” a las que se refirió en su declaración.

El conocido como 'caso Koldo', bautizado originalmente como 'operación Delorme', arrancó en la Audiencia Nacional investigando si Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes, lideró una trama para que contratos de compraventa de mascarillas y material sanitario cayeran en manos de empresarios afines, como Víctor de Aldama, durante lo peor de la pandemia. A cambio, según las pesquisas, Koldo y otros imputados habrían cobrado comisiones o dádivas que llegaron hasta el entonces ministro y hoy diputado del Congreso.

Ábalos compareció voluntariamente como investigado ante el juez el pasado mes de diciembre durante algo más de tres horas para negar que hubiera cobrado ningún tipo de comisión. El juez instructor decidió seguir adelante con el caso atribuyéndole cuatro delitos y solicitar el suplicatorio al Congreso, necesario para poder llevarle a juicio llegado el momento. La cámara baja le retiró esta inmunidad hace dos semanas.

El caso se desarrolla en paralelo entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y después de que el empresario Víctor de Aldama, imputado también en una segunda causa por un entramado de defraudación fiscal en el sector de los hidrocarburos, saliera de prisión después de confesar durante varias horas. En cuanto a Ábalos, el empresario afirmó que pagó diversas comisiones que tenían como destinatario al entonces Ministro de Transportes.

El magistrado, una vez obtenida vía libre del Congreso para seguir adelante con el caso, pide a la Unidad Central Operativao (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la situación económica del exministro y de su hijo, sus bienes inmuebles o coches que tengan registrados a su nombre o empresas de las que participen.

También pide a este cuerpo policial un informe sobre el contenido intervenido en los teléfonos de Koldo García y Víctor de Aldama y las conversaciones que puedan aparecer con Ábalos, el ministro Torres, sus subordinados, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o cualquier político aforado ante el Supremo: diputado, senador o ministro.

Varias diligencias del magistrado también se dirigen a investigar si Ábalos hizo contratar a su entonces pareja en varias empresas públicas como trato de favor. La primera solicitud es identificar a los responsables de su contratación en INECO y TRAGSATEC, la segunda es identificar los viajes oficiales en los que pudo acompañar al entonces ministro y descubrir quién pagó esos viajes.

Uno de los testigos a los que llama a declarar entre febrero y marzo es Carlos Moreno, director de gabinete de María Jesús Montero que, según la confesión de Víctor de Aldama, ayudó a una de las empresas del líder de la trama a gestionar una deuda. Tanto Moreno como Montero han negado cualquier trato de favor al empresario en sus comparecencias públicas.

También llama a declarar a una de las imputadas en la causa de la Audiencia Nacional: la empresaria Carmen Pano y varias personas de su entorno. Una de las investigadas por el juez Ismael Moreno que, en declaraciones a diversos medios de comunicación, ha afirmado que llevó personalmente dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.