Media docena de causas judiciales esperan al ultra Alvise en el Supremo

El eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez tiene varias citas pendientes con varias salas del Tribunal Supremo. Los jueces tienen pendiente decidir si admiten a trámite varias causas penales contra él, entre ellas la acusación de financiarse ilegalmente con 100.000 euros en efectivo de un empresario, y también condenas civiles por difamar, entre otras personas, a Manuela Carmena. El líder de 'Se Acabó La Fiesta' anuncia que va a “reventar a querellas” a quienes hayan informado de su causa mientras espera a saber si será imputado por impulsar los disturbios de Ferraz, amenazar a una jueza de Sevilla o acosar a una de las hijas de Pedro Sánchez.

La mayor parte de las causas que esperan a Alvise vienen de antes de que se lanzara a la carrera electoral con promesas como construir una cárcel gigante para políticos, sortear su sueldo o implantar los trabajos forzados. Diligencias judiciales en juzgados de Madrid, Barcelona, León o Sevilla procedentes de su principal actividad como agitador ultra: exponer a rivales políticos, normalmente del espectro progresista, ante sus cientos de miles de seguidores, con bulos, fotos privadas o instigaciones veladas o explícitas al acoso contra ellos.

Su escaño en el Parlamento Europeo le convierte en aforado y la sala de lo Penal del Supremo es la encargada de examinar todas las causas abiertas o por abrir contra él. La más antigua se remonta al primer año de pandemia, cuando el agitador difundió en Twitter una falsa prueba PCR de Salvador Illa, entonces candidato a las elecciones catalanas y ya exministro de Sanidad. El objetivo era dar a entender, en una época de fuertes restricciones para controlar el coronavirus, que el político no cumplía con la normativa sanitaria que era impuesta al resto de ciudadanos.

Esa causa, en la que el propio Alvise ya declaró en los juzgados de Barcelona, ha sido devuelta por el Supremo a su instructor original para que haga una exposición razonada y no deje morir los plazos de instrucción: la causa lleva años pendiente de que la empresa de Elon Musk envíe los datos necesarios para certificar que los mensajes son suyos.

Buena parte de las causas tanto civiles como penales que pesan sobre él, algunas ya sentenciadas con una condena, responden a ese mismo patrón. Otra de las diligencias que esperan luz verde del Supremo proceden de un juzgado de León, donde el diputado socialista Luis Alfonso Cendón denunció al hoy eurodiputado por difamarle y asegurar en su canal de Telegram, ante unos 700.000 seguidores, que estaba relacionado con la trama conocida como 'Tito Berni'. La Fiscalía ha pedido que sea imputado.

Esta causa evidenció las dificultades que tienen los jueces españoles para notificar las cosas a Alvise Pérez. La Guardia Civil tuvo que acudir a una casa rural en Madrid –nada más saltar la alarma de que el eurodiputado se había alojado allí– para notificarle la existencia de estas diligencias. Diversas fuentes explican a elDiario.es que es la estrategia habitual del agitador ultra: no estar localizable para los juzgados y retrasar todo lo posible cualquier notificación.

Otro de los casos que espera veredicto del Supremo se ha tramitado por la vía civil: su condena a indemnizar con 5.000 euros a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, por inventarse en lo peor de la pandemia que había recibido un respirador privado en su casa cuando ese material escaseaba en los hospitales. “Se colocó voluntariamente en la situación de incomunicación”, reprochó la Audiencia de Madrid tras describir cómo un procurador llegó a ir a la puerta de su casa, habló con él y Alvise se negó a recoger las comunicaciones del juzgado.

La financiación de SALF

La sala de lo Penal del Supremo tiene varias causas pendientes de admisión contra el eurodiputado y la principal es una investigación en torno a la financiación supuestamente ilegal de su campaña para las últimas elecciones europeas. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, un día antes de lanzarse a la carretera para promocionar 'Se Acabó La Fiesta', Alvise pasó por las oficinas de la empresa 'Sentinel' en Madrid y recogió 100.000 euros en efectivo.

El dinero era de Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas y del fallido 'Madeira Invest Club', y en las semanas previas Alvise y él habían mantenido conversaciones e incluso colaborado en un evento. El entonces candidato había prometido al empresario que, en caso de ejercer un poco de poder, legislaría a su favor. La Fiscalía cree que hay indicios suficientes para al menos investigar si ese dinero se usó para financiar su campaña y si la aventura política del agitador arrancó con un delito.

El eurodiputado llegó a reconocer los hechos: cobró el dinero y no lo declaró a Hacienda, aunque afirmó que eran una suerte de pagos “como autónomo y sin factura”. En la actualidad, y mientras espera a que el Supremo se haga cargo del caso, afirma que el Parlamento Europeo ha dictado un informe exculpatorio a su favor aunque en España, por ahora, ni siquiera se han abierto formalmente diligencias contra él en el órgano competente.

El eurodiputado de extrema derecha también está a la espera de saber si, tal y como ha pedido un juzgado de Madrid, es imputado por promover los altercados multitudinarios en la calle Ferraz cerca de la sede central del PSOE. Unas manifestaciones en noviembre de 2023 en las que Alvise llegó a liderar una multitud de miles de personas a las que llevó hasta las inmediaciones del Congreso para después anunciar que se marchaba a su casa “a cenar”.

Otras dos causas judiciales proceden de los juzgados de Sevilla. Una magistrada de la capital andaluza acusa al eurodiputado de haber perpetrado varias amenazas contra ella cuando, en el marco de una demanda presentada por Rubén Sánchez (Facua), ordenó a la Policía que localizara al agitador y colaborador de Alvise, Vito Quiles. El líder de SALF deslizó que revelaría informaciones sobre supuestos “sobornos” si no rectificaba su decisión y la jueza puso sus palabras en manos de la Fiscalía del Supremo.

Otra causa judicial fue impulsada por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla: la investigación penal contra el agitador por difundir la imagen de una de las hijas del Presidente del Gobierno, desvelando su identidad y facilitando que sus seguidores de Telegram supieran el país donde cursaba entonces sus estudios. Los jueces también tienen pendiente la decisión sobre asumir la investigación contra él por revelar audios del caso Kitchen.

La irrupción de Alvise en la política española, no solo con sus tres escaños europeos sino en las encuestas a nivel nacional, también se ha traducido en un enfrentamiento directo con Vox, el partido con el que simpatizó en el pasado y con el que ahora pelea por el caladero más derechista de votos. Los cruces constantes de acusaciones entre los de Santiago Abascal y Alvise han terminado también en el Supremo con resultado favorable al líder de 'SALF': hace unos días la sala de lo Penal archivó una querella de Vox que acusaba a Alvise de calumniar a Abascal acusándole de acudir a la empresa de Álvaro Romillo igual que había hecho él, deslizando que Vox también se habría financiado con dinero negro del empresario de las criptomonedas.

Los jueces avalan que en este caso la estrategia habitual de Alvise le sirva para esquivar el banquillo: emitió “sospechas, no imputaciones”, algo insuficiente para llegar a un delito de calumnias. Los jueces explican que su forma de dirigirse al rival político no son “la manera en que deba afrontarse el debate político”, pero concluyen que no son tan graves y concretas como para abrir un proceso penal.

Los casos que se tramitan por la vía civil, donde se expone a multas y no a penas de prisión, no se tramitan necesariamente ante la sala primera del Supremo, donde los jueces ya han declarado firme su condena de 7.000 euros por difamar a la periodista Ana Pastor. Recientemente, un juzgado le ha obligado a indemnizar con 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por difundir una imagen del político en la terraza de su casa y dar a entender que padece problemas de salud mental. La Agencia Española de Protección de Datos también le impuso una multa de 5.000 euros por difundir una foto de la hija menor de edad del ministro Óscar Puente, uno de sus objetivos habituales, dando a entender que era su amante.