Regular, sí, prohibir, no: la comunidad educativa rechaza el veto total a las pantallas en la escuela en Madrid
“Es una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad y pluralidad”. “Una regulación basada en la limitación del tiempo de uso, sin atender a la metodología aplicada, podría suponer un retroceso”. “La respuesta no puede ser volver a sistemas educativos 'tradicionales' que no se sabe si están referenciados más de 50 años atrás”. “Las soluciones no deben basarse en prohibiciones absolutas, sino en enfoques equilibrados”.
La comunidad educativa rechaza mayoritariamente la prohibición de utilizar tabletas y ordenadores de manera individual en la escuela que anunció este miércoles la Comunidad de Madrid para el próximo curso por ser ineficaz, impuesta y no tener respaldo científico. También hay colectivos que la apoyan, como Confapa, la confederación autonómica de AMPAs y asociaciones de AMPAS de la región, o la Asociación Familia e infancia del siglo XXI, que gestiona la web Desempantallados. Pero incluso estos admiten que un cierto uso controlado puede ser positivo.
Sindicatos de profesores progresistas, conservadores, el Consejo de Directores de Primaria, la principal federación de AMPAs, la principal patronal de la escuela concertada, la de centros privados y expertos independientes están de acuerdo en la necesidad de regular el uso de dispositivos informáticos en las aulas, objetivo último del anuncio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero sostienen que la prohibición sin apenas matices no es la solución ante una realidad que evoluciona hacia el lado contrario –la sociedad es tecnológica, y cada vez más–.
“Sobre los efectos negativos graves de las nuevas tecnologías de la comunicación en la infancia hay evidencia científica más que suficiente”
La evidencia científica disponible respalda que el uso de las pantallas puede ser perjudicial para los menores, también para su rendimiento educativo, cuando es excesivo. “Sobre los efectos negativos graves de las nuevas tecnologías de la comunicación en la infancia hay evidencia científica más que suficiente”, sostiene el Colegio Oficial de Médicos de Madrid en un informe, y habla de “posible adicción” o “impacto en el sueño”, y llega a afirmar que “el sobreuso de las pantallas recreativas constuye un problema de salud pública”.
Hasta los defensores del uso de la tecnología en la escuela conceden que la preocupación es “lícita”, en palabras de María del Mar Sánchez, profesora de la facultad de Educación de la Universidad de Murcia y experta en tecnologías educativas. No coinciden tanto con la afirmación, en el mismo informe del Colegio de Médicos, de que el uso de tabletas en horario escolar “distrae”, aunque luego el propio Colegio destaca que “es importante optimizar el uso de internet y reducir riesgos con la participación de padres y cuidadores como moderadores, y la capacitación de profesionales de la salud para orientarlos mejor”.
Un manifiesto firmado hace unos meses por centenares de profesionales defendía las virtudes del uso de la tecnología. “Ofrecen múltiples oportunidades para un aprendizaje activo, mediante el desarrollo de propuestas didácticas que se apoyan en recursos interactivos (simuladores, laboratorios virtuales, juegos, etc.) así como en herramientas de creación”, se lee. “Existe un consenso científico general sobre las ventajas que puede ofrecer la tecnología digital a la educación. Este consenso se refleja en las revisiones sistemáticas de la literatura científica, que aglutinan y analizan el conjunto de estudios publicados, concluyendo que sus beneficios son evidentes”, añade el texto.
“Preocupa que los niños no jueguen al aire libre”
Aunque lo de este miércoles no fue más que un anuncio en rueda de prensa acompañado de una nota de prensa, el Ejecutivo que preside Ayuso tiene ya un borrador del decreto con el que pretende implementar su prohibición. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, argumenta la medida en que “recientes estudios de sociedades médicas y de agencias de protección de datos han alertado del peligro del uso indiscriminado de dispositivos digitales por niños y jóvenes”, y añade que “los resultados de las últimas pruebas internacionales, como PISA, han preocupado a los expertos educativos por las deficiencias que se detectan en comprensión lectora y en matemáticas”, estableciendo una correlación entre resultados y tecnología que no justifica.
En esta última parte sí coincide la presidenta Ayuso en su preocupación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha impulsado un plan de refuerzo educativo para matemáticas y lengua.
Un poco más abajo, el borrador del decreto menciona también “la preocupación de los padres por la salud de sus hijos, por su futuro y su capacidad de aprendizaje, y por la convivencia familiar”. “Preocupa también que los niños ya no jueguen ni disfruten al aire libre, algo esencial para la infancia y la juventud”, afirma.
A partir de ahí, el texto expone las medidas que se adoptarán y que adelantó el Ejecutivo regional el miércoles: se prohíbe con carácter general el “uso individual” de dispositivos digitales en clase, veto que apunta a los ordenadores y tabletas, porque los móviles ya lo estaban. Se prohibirá a los maestros “programar la realización de deberes u otras tareas académicas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar” y se establecen limitaciones también para el uso compartido de dispositivos: una hora semanal para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años) y de los dos primeros cursos de Primaria, hora y media para 3º y 4º y dos horas para 5º y 6º. En Secundaria, como sucede con los móviles, hay algo más de manga ancha y los responsables de establecer los usos educativos serán los centros, sin límites preestablecidos. Madrid vuelve al libro y el boli.
“No podemos dar la espalda a la realidad”
La mayoría de la comunidad educativa ve estas propuestas –a falta de un texto definitivo– como excesivas por basar casi todo en la prohibición. “El uso de la tecnología en la educación no puede regularse únicamente en función del tiempo de exposición, sino en base a la finalidad educativa que se le otorgue”, explica el Consejo de Directores de Primaria de Madrid en una nota. “Un uso pasivo (...) puede resultar poco beneficioso o perjudicial; un uso activo y creativo (...) tiene efectos positivos en la adquisición de conocimientos y competencias”, añaden, y califican de “obsoleto” el modelo, que “evoca el de 'aula de informática' del pasado, en el que la tecnología era un recurso aislado y no una herramienta integrada”.
Sindicatos de todas las orientaciones también rechazan la prohibición. “Vivimos en una sociedad digital y la escuela prepara para la vida. No podemos dar la espalda a lo que está ocurriendo en la sociedad. Hablamos de la IA, que todo lo inunda. ¿Van a salir de la escuela analfabetos tecnológicos?”, se pregunta Sonia García Gómez, vicepresidenta del conservador ANPE.
En términos muy parecidos se expresan las progresistas Isabel Galvín, de CCOO, o Teresa Jusdado, de UGT. “Limita de forma radical la libertad pedagógica del profesorado madrileño y la autonomía de los centros”, lamenta esta última.
Es una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid. Preocupa a los 340 centros que conforman la red de Escuelas Católicas Madrid, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y elegido libremente por las familias
Este punto es el que más ha dolido a Escuela Católicas, la patronal de los centros religiosos y que representa a uno de cada seis centros destinatarios de la prohibición (todos los sostenidos con fondos públicos). “Es una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid y que preocupa enormemente a los 340 centros que conforman la red de Escuelas Católicas Madrid, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias”. Escuelas Católicas golpea a Ayuso donde más le duele, en dos de los pilares que siempre dice defender, la libertad en general y específicamente la de las familias a elegir proyecto educativo.
María del Mar Sánchez señala la contradicción de “decir que hay que educar en la tecnología, pero se prohíbe el acceso individual a ella”, y apunta a que “pensar que por no usarlo individualmente se va a utilizar mejor roza el pensamiento mágico. (...) Además, la medida no puede evitar que siga habiendo malas prácticas a nivel didáctico. Pero en lugar de abordar la raíz del problema (la formación del profesorado, cómo se usan los dispositivos en las aulas, o el desarrollo del pensamiento crítico frente a la tecnología) se opta por una medida populista que suena bien en los titulares pero que en la práctica es totalmente ineficaz”, razona en su blog.
Muchas de las fuentes consultadas también han hecho hincapié en que efectivamente existe un problema con el uso de dispositivos por parte de los jóvenes –especialmente los móviles–, pero que este se encuentra sobre todo fuera de las aulas y esta prohibición no aborda. El profesorado respalda esta teoría y cree que el uso descontrolado de los aparatos afecta directamente al rendimiento del alumnado, según un estudio publicado este mismo jueves.
“Estamos de acuerdo con la medida”
Entre las críticas, Ayuso también puede encontrar algún respaldo. Uno de los organismos que con más claridad se expresan es Confapa. Fernando Mardones, portavoz de la confederación, explica que esta “lleva tiempo diciendo que debe haber un mayor control en el uso de los dispositivos electrónicos y en su aplicabilidad en la enseñanza”.
El representante de las familias explica su postura: “En una primera lectura, estamos de acuerdo con la medida, porque viene a responder a una demanda de las familias, de mayor desconexión digital”, aunque matiza que no se refieren a la prohibición, “y un mayor control. Además, con los riesgos que hoy traen los avances tecnológicos, como es el caso de la IA, vemos que puede ponerse en riesgo el desarrollo formativo del alumnado”. Mardones cree que la prohibición debería ampliarse. “Se queda corta aplicándola obligatoriamente solo en los colegios y no en los institutos”, sostiene.
El anuncio de Ayuso deja en el aire otra cuestión, recuerdan algunos directores. Muchos centros, especialmente concertados, realizaron hace no mucho una fuerte apuesta por la digitalización que ahora deberán revertir. En algunos casos, incluso se obligó a las familias a abonar el precio de las tabletas para sus hijos, quisieran o no.
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