El discurso del PP con los menores migrantes salta por los aires

La reforma de la ley de extranjería para sistematizar la acogida de menores migrantes solos por parte de las comunidades autónomas ha hecho saltar por los aires el discurso del PP sobre la política de inmigración. En una semana, los portavoces de la dirección nacional han lanzado mensajes distintos, incluso contradictorios, sobre el cumplimiento de la nueva normativa, mientras algunos barones autonómicos se han lanzado a comprar el mensaje xenófobo de Vox a cambio del apoyo ultra a sus presupuestos y otros optan por marcar distancias con los ultras.

Alberto Núñez Feijóo había diseñado una doble estrategia en ocasiones contradictoria. Primero, de confrontación con el Gobierno central, deseoso de ganar voto extremista. Para lograrlo, el líder del PP no dudó en relacionar expresamente inmigración y delincuencia. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló incluso a las personas en situación irregular con riesgos para la salud pública, un discurso que asumen en privado otros dirigentes autonómicos del PP.

A la vez, el PP ha intentado marcar distancias con los mensajes más incendiarios lanzados desde Vox. El partido ultra que lidera Santiago Abascal usó a los menores no solo para sus campañas electorales, también para justificar su salida de los gobiernos autonómicos que compartía con el partido que una vez fue el de buena parte de sus cuadros dirigentes. 

El PP ha intentado ofrecer así un rostro diferente según el momento comunicativo, y sus necesidades demoscópicas y políticas. Sus presidentes asumieron en 2024 un plan de reparto de menores migrantes que propició la ruptura de los gobiernos compartidos con Vox. Los barones se las prometieron muy felices por soltar lo que consideraban un lastre. También en la sede nacional de la madrileña calle de Génova estuvieron exultantes durante un tiempo ante la predicción de que Feijóo por fin podría volver a su papel de líder moderado.

Pero las derechas han vuelto a un terreno de entendimiento y, como ya ocurriera en 2023, la Comunidad Valenciana ha marcado el camino a los demás. Carlos Mazón anunció el pasado lunes un preacuerdo presupuestario con Vox en una declaración institucional en la que el presidente de la Generalitat, acorralado por su gestión de la DANA de octubre del año pasado, abrazó el discurso ultra de los de Abascal.

Mazón atacó al ecologismo, criticó su “dogmatismo” y reclamó pasar a “la acción” contra el Pacto Verde Europeo no solo votado por el PP en Bruselas, sino promovido por una de las principales mandatarias de la derecha comunitaria, Ursula von der Leyen. “Va directamente contra la esencia de nuestra economía”, dijo el presidente de una comunidad que hace menos de medio año fue anegada por unas riadas que provocaron al menos 228 muertes.

El presidente de la Generalitat fue más allá y consiguió colocar en una única frase su repudio al ecologismo y a la inmigración, que además relacionó directamente con los “pillajes” posteriores a la DANA. “La dirección correcta”, aseguró, pasa por “enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal. Las dos cuestiones tuvieron que ver con la tragedia de la DANA en sus causas y en la amplificación de las consecuencias por el pillaje”.

El mensaje fue aplaudido con fuerza en la sede nacional de Vox, en la calle Bambú de Madrid, donde estaban mucho más interesados en que Mazón no se moviera un ápice de lo que le habían dictado que de las cuentas autonómicas.

Pero también la dirección del PP defendió a su barón, y marcó el camino al resto de presidentes autonómicos con las cuentas de 2025 pendientes, especialmente el de Aragón, Jorge Azcón, y el de Murcia, Fernando López Miras, a quien Génova envió un mensaje claro tras escuchar al dirigente valenciano: “Estamos muy cómodos, francamente cómodos. Si esto es lo que van a plantear [desde Vox] en otros territorios, nos vale”. Pero el recado llegó también a Bambú, donde optaron por apretar aún más fuerte al PP y a sus barones en minoría. El PP tuvo que recular y echar el freno ante el ímpetu de sus aliados.

Tellado promete “cumplir la ley”

Mazón anunció el acuerdo el lunes, y en la madrugada del martes el Gobierno y Junts cerraron el acuerdo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y sistematizar la acogida de menores migrantes. Un pacto que asume los postulados reclamados por dos gobiernos autonómicos con presencia del PP: Canarias y Ceuta.

Los dos han ratificado que están de acuerdo con el real decreto-ley aprobado el martes por el Gobierno y pendiente de convalidación por el Congreso. Ese mismo día, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, zanjó: “No encontrará ninguna comunidad autónoma del PP que incumpla la ley, nunca. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer”.

Tellado intentaba así marcar el paso a los barones autonómicos después de que Mazón dijera horas antes que la Generalitat “no admitirá más repartos de inmigración ilegal”. Un cuestionamiento directo de la ley que puede terminar en la Fiscalía de Menores, como han reconocido desde otros gobiernos regionales a elDiario.es.

Pero Mazón fue más allá y planteó la necesidad de “devolver” a los menores a sus países de origen, obviando los tratados internacionales suscritos por España y que la realidad lo hace imposible la mayoría de las veces. El presidente valenciano no explicó cómo, pero hay dirigentes del PP que en privado defienden hacerlo. Por ejemplo, requisando los teléfonos móviles de los menores y revisando su contenido para buscar pistas de su origen. Todo, sin autorización judicial ya que residir en España sin permiso no es un delito, sino una infracción administrativa.

El mensaje de Mazón es calcado al de Santiago Abascal, a quien el presidente de la Generalitat ya agradeció expresamente su apoyo en un acto informativo en el hotel Ritz de Madrid el pasado mes de febrero. Esta misma semana, el líder de Vox dejó escrito: “Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia... ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto”.

No solo Mazón ha comprado el discurso ultra. El líder del PP vasco, Javier de Andrés, también. Ungido por Feijóo ante el extremismo incómodo de Carlos Iturgaiz, la supuesta moderación de De Andrés implica también “devolver” a los menores a sus padres.

Los barones en minoría se alinean con Vox

Pero no solo Mazón, cuya relación con Alberto Núñez Feijóo está rota (ambos no hablaron para el pacto presupuestario), ha obviado la directriz de Génova. Tanto el murciano Fernando López Miras como el aragonés Jorge Azcón han asumido las tesis de Vox, cuyos votos necesitan para los presupuestos autonómicos.

El más elocuente fue el presidente de la Región, quien ya dijo el mismo martes que se aprobó la reforma de la ley de extranjería que Murcia “no puede” ni va a “acoger más” menores migrantes. El aragonés aseguró que su Ejecutivo “no va a colaborar” con el Gobierno central.

En las próximas semanas se convocará una conferencia sectorial de Infancia, presidida por la ministra Sira Rego, en la que se deberían comenzar a fijar los números exactos y concretos tanto de acogida como de financiación estatal ya que, pese a los lamentos de los presidentes autonómicos del PP, el Gobierno ha comprometido financiar en parte unos servicios que corresponden por ley a las comunidades.

Pero a día de hoy no está claro ni que los presidentes del PP vayan a aportar al Gobierno la información estadística básica para poder calcular el reparto. Incluso aquellos presidentes que no necesitan a Vox han puesto en duda su colaboración con el Ejecutivo central. Es el caso de Alfonso Rueda, quien en un acto informativo en Madrid celebrado el pasado jueves no quiso responder de forma clara.

“Vuelvo a la oración pasiva, ¿el Gobierno va a colaborar con Galicia?”, despejó ante la insistencia de las preguntas. El sucesor de Feijóo al frente de la Xunta aseguró, esta vez sí de forma tajante, que su comunidad “no puede acoger a 326” menores migrantes, un dato ofrecido por Junts y no confirmado por el Gobierno. En Galicia viven 2,7 millones de personas, según el INE, y su densidad de población no alcanza las 100 personas por kilómetro cuadrado.

Rueda apuntó, eso sí, que difícilmente se van a poder negar a acoger a los chavales porque la ley obliga y la Fiscalía de Menores actuaría, por la vía penal, contra los posibles incumplimientos en las obligaciones de acogimiento.

El presidente de la Xunta defendió a sus colegas que han asegurado que no quieren cumplir sus obligaciones legales. “En Galicia no existe Vox. Pero mis compañeros tienen que hacer algo fundamental, que es lograr estabilidad para poder gobernar. Y mucho más en Valencia”, sostuvo.

Quizá eso explica los desmarques de Juan Manuel Moreno e Isabel Díaz Ayuso. Ambos han comprometido ya que asumirán la acogida de los menores que se determine en las conferencias sectoriales, y han arremetido contra Vox por unos mensajes que han replicado sus propios compañeros.

“Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley”, dijo Ayuso este jueves en la Asamblea. “¿Cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador”, espetó a quien fue su socio prioritario mientras necesitó de sus votos.

El viernes, la dirección del PP optó por virar su discurso. El portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró desde Santander que sus comunidades “no van a ser colaboracionistas” del Gobierno, a quien culpó de sus posibles incumplimientos: “El Gobierno tiene que colaborar con las comunidades y, si no lo hace, tendrá el rechazo del PP, también en las comunidades donde gobernamos”.

A quien se le ha oído poco sobre menores migrantes es a Feijóo, que esta semana ha optado por reducir al mínimo sus comparecencias públicas. El miércoles participó en la sesión de control al Gobierno y el jueves respondió a un par de preguntas de los periodistas tras reunirse en Bruselas con los dirigentes del PP Europeo.

Suficiente para tachar de “racista y xenófobo” el acuerdo del Gobierno con Junts, y no las palabras de Mazón que relacionaban a los migrantes con pillajes. Ese mismo día estaba previsto que visitara Ceuta la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez. La llegada de la dirigente fue anunciada por la organización ceutí y lo recogieron varios medios de comunicación de la ciudad autónoma.

La visita se canceló sin preaviso. El miércoles, el Gobierno de Ceuta, presidido por el veterano Juan Jesús Vivas, dio su visto bueno al real decreto-ley, pero desde el PP ceutí se apunta a que la responsable de prensa de Fúnez se puso en contacto con ellos para anunciar su ausencia y excusarse por motivos de agenda.

Feijóo tendrá que tomar en las próximas semanas la decisión de qué vota el PP nacional en el congreso al real decreto-ley que reforma el sistema de acogida de menores a la vez que sus comunidades negocian su cumplimiento y sus presidentes en minoría abrazan las tesis de Vox para poder aprobar presupuestos. Un nuevo test al liderazgo interno del líder de la oposición.