Tres mujeres denuncian una presunta agresión policial en Granada mientras intentaban parar un desahucio

Una protesta contra el desahucio de un inmueble situado en el centro de Granada se ha saldado con la denuncia de tres mujeres que aseguran haber sido víctimas de una presunta agresión por parte de varios policías. Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 20 de enero, no han sido denunciados judicialmente hasta ahora, aunque las víctimas contaban con lesiones que requirieron de atención quirúrgica en uno de los casos. La Policía Nacional no se ha pronunciado sobre el caso.

Todo sucedió durante el desalojo de un edificio que estaba siendo utilizado como centro social. El inmueble, que ha sido propiedad de la Junta de Andalucía, pero que ahora está en manos privadas, estaba siendo utilizado por parte de un grupo de personas desde hacía meses. Sin embargo, el propietario no se había percatado de la situación hasta unos días antes, motivo por el que contrató a una empresa privada llamada Ama Desokupa para desalojar a los moradores. Para frenarlo, un grupo de personas se movilizó frente al edificio, dando lugar a una situación tensa en la que intervino la Policía Nacional. Fue en este contezto en el que tres mujeres denuncian que fueron golpeadas.

Según explica su abogada, María Gallego, pese a que las víctimas se comportaron “pacíficamente en todo momento”, los agentes la emprendieron a golpes contra ellas. De hecho, alguno de los policías no estaba identificado en el momento en el que empezaron a cargar contra las mujeres, explican. La denuncia interpuesta ante el Juzgado de Guardia de Granada señala como agresores a los agentes del indicativo GAMO 11, destacando que la mayoría no llevaba visible su número identificativo, incumpliendo así la resolución de la Dirección General de Policía de 2013, según argumenta la letrada de las víctimas.

Cargas policiales violentas

El relato de los hechos, recogido en la denuncia, se enmarca en el pasado 20 de enero. La empresa Ama Desokupa llegó al inmueble a primera hora de la mañana con un equipo de entre siete y ocho “hombres corpulentos” y dos mujeres, que se situaron en la entrada impidiendo el acceso al edificio. La noticia del desalojo comenzó a circular y, en respuesta, un grupo de personas se congregó para mostrar su solidaridad con quienes ocupaban el centro social. La protesta, que se mantuvo pacífica, no registró incidentes hasta la tarde, cuando la policía comenzó a cargar indiscriminadamente contra las personas allí reunidas, según figura en el texto de la denuncia.

En ese contexto, las tres denunciantes sufrieron agresiones recogidas en sus correspondientes partes de lesiones. Una de ellas fue golpeada en la cara y sufrió la fractura de los huesos propios de la nariz y de la pared anterior del seno maxilar izquierdo. Fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Otra de las víctimas recibió un golpe con un escudo en la cara y, al girarse, fue golpeada nuevamente en la espalda con una porra, lo que le provocó una contusión en la mano izquierda y hematomas en la zona escapular. La tercera mujer denunció que fue golpeada reiteradamente en la cabeza y el cuerpo hasta ser derribada, sufriendo múltiples contusiones y hematomas en varias partes del cuerpo, incluyendo muñecas, tobillos y rodilla.

A pesar de la violencia ejercida contra ellas, ninguna de las denunciantes fue detenida ni identificada en el momento de los hechos. Sin embargo, los partes médicos y las grabaciones realizadas por testigos han servido para documentar las agresiones. En la denuncia se solicita la identificación de los agentes intervinientes y la toma de declaración de testigos que presenciaron lo ocurrido.

El escrito presentado ante el Juzgado considera que los hechos pueden constituir un delito de lesiones, tipificado en el artículo 147 del Código Penal, y un delito de tortura, recogido en el artículo 174 del mismo código, al haberse ejercido un trato vejatorio y humillante contra las víctimas. Además, la abogada pide revisar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que establece la obligación de investigar de manera efectiva cualquier denuncia por malos tratos policiales.

Las denunciantes han solicitado medidas urgentes, como la emisión de un informe médico forense que evalúe sus lesiones y la identificación de los agentes implicados, con el objetivo de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Mientras tanto, la Policía Nacional aún no ha contestado a las preguntas de este medio.