La revisión del caso ERE empuja a un tribunal ordinario a discutir “por primera vez” la jurisdicción del Constitucional

Aquello de “la historia se repite” o “el cuento de nunca acabar” empieza a ser una constante en el caso ERE, una instrucción interminable que empezó allá por 2009, y el enésimo giro que ha dado este miércoles la causa por corrupción política más famosa de Andalucía vuelve a alejar la resolución definitiva del proceso.

La Audiencia de Sevilla ha abierto la puerta de entrada en escena al Tribunal Justicia de la Unión Europea, como había solicitado el PP, que ejerce la acusación particular, para cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las condenas a la cúpula de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ordenó al tribunal matriz revisar el caso y dictar una nueva sentencia. Los populares no han tardado en respaldar el planteamiento de los jueces de la Audiencia, diferentes a los que dictaron la sentencia condenatoria de 2019, y en acusar a los socialistas de usar el Constitucional como un “túnel de lavado”.

Lo cierto es que la decisión ahora de la Audiencia de Sevilla ha causado tanta sorpresa como malestar en el Constitucional. Fuentes del tribunal de garantías afirman a elDiario.es que es “la primera vez” que un tribunal territorial ordinario cuestiona la jurisdicción del Constitucional tras una sentencia, y califican este escenario inédito de “grave”.

La providencia de la Audiencia de Sevilla va más allá de cuestiones puramente procedimentales. No sólo argumenta una “cuestión prejudicial de interpretación” ante el Tribunal de la Unión Europea, sino que traslada a las partes preguntas que recogen la literalidad de las propuestas del PP, dando diez días a las partes para que se posicionen.

Para el presidente del TSJA es “un trámite obligado” la respuesta al PP por parte de los jueces que, no sin sorna, rechazaron hace unas semanas aclarar el auto donde dio cuenta de la composición del nuevo tribunal, desechando todas las sugerencias del PP.

Uno de esos “aspectos a interpretar”, por ejemplo, es “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Lo que plantea la Audiencia desde ya es “la posibilidad de que las valoraciones que hace el Tribunal Constitucional en esas sentencias”, las cuales “le llevan a entender” que tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo habrían “vulnerado el derecho a la legalidad penal de los recurrentes” en amparo, “no sean del todo compatibles con el Derecho de la Unión”.

El caso no termina de cerrarse por más tribunales que lo analizan. Por contextualizar, el pasado noviembre la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acordó la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' del caso de los ERE después de que el Tribunal Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo haya empezado a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

El Tribunal Europeo suele tardar más de un año en resolver estas peticiones. La posibilidad de que la Audiencia dé este paso y eleve la causa de los ERE a Luxemburgo acercaría la decisión de los jueces al calendario electoral andaluz, previsto para mediados de 2026. El caso resucitaría, una vez más, en plena contienda política entre el PP de Juan Manuel Moreno y el PSOE de María Jesús Montero.

“El efecto ERE” serviría de recurso en campaña para unos y otros, por no hablar de los tempos que habrán de marcar los jueces para no entorpecer las que serían las cuartas elecciones autonómicas condicionadas de algún modo por la misma causa judicial. La providencia dictada por la Audiencia de Sevilla no sólo ha sacudido el mundo judicial, por plantear un escenario “inédito”, también ha irrumpido de lleno en la escena política.

El PP andaluz ha aprovechado un día de sesión plenaria para atizar a los socialistas con el caso ERE y, de paso, acusar al Constitucional de ser un órgano al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez desde que se ha instalado una mayoría de jueces progresistas (gracias, en parte, al acuerdo de renovación del Poder Judicial firmado por PP y PSOE). Los socialistas apenas se han movido de su posición, porque consideran que el tribunal de garantías “desmontó una cacería política, judicial y mediática” contra los gobiernos de Chaves y Griñán, pilotados por el PP.