La jueza ordena el desahucio de una madre en riesgo de pobreza y con discapacidad de una vivienda social en La Laguna
El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de San Cristóbal de La Laguna ha ordenado el desahucio de Carmen, de 51 años, y su hijo, de 20, de la vivienda social en la que residían desde 2013 en el barrio de San Matías. La jueza ha estimado la demanda de Visocan, la empresa pública que gestiona el inmueble, pero no ha puesto fecha aún al lanzamiento. La sentencia, del 6 de febrero, no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación.
La justicia considera probado que Carmen, nombre ficticio para proteger su identidad, no ha pagado el alquiler acordado con Visocan desde el año 2015, valorado en 250 euros mensuales, y adeuda a la empresa alrededor de 17.500 euros después de que una pequeña cantidad de la deuda inicial (algo más de 21.000 euros) quedara prescrita.
La defensa había pedido la inadmisión de la demanda porque consideraba que Visocan no había acreditado haber mediado con la Administración Pública para que la mujer y su hijo encontraran una alternativa habitacional antes de ser desahuciados. La Ley de Vivienda exige esta especie de intermediación si la parte demandante (en este caso, Visocan) es un gran tenedor, es decir, cuenta con más de diez casas, y la parte demandada (Carmen) se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la jueza ha recordado en su fallo que si el casero es una entidad pública de vivienda basta con que este lleve a cabo “servicios específicos de intermediación” sin necesidad de acudir a otra institución. Conviene recordar que Visocan firmó un convenio con el Ayuntamiento de La Laguna en 2017 por el que el Consistorio ayudaría a pagar el arrendamiento de las 119 familias que viven en la misma promoción de VPO que Carmen, rebajando el alquiler de los inquilinos a 50 euros.
La mujer asegura que no suscribió ese acuerdo porque, en la documentación del mismo, Visocan figuraba como sociedad limitada y no como sociedad anónima, y que eso le hizo sospechar. Antes de proceder con la demanda, que fue admitida el 18 de febrero de 2024, la empresa también comunicó a Carmen en mayo de 2023 que no iba a prorrogar su contrato. Ella dice que no tiene a donde ir.
El fallo ha abierto la puerta a que Carmen pueda acogerse a la moratoria antidesahucios, aprobada desde la pandemia y recientemente renovada hasta finales de 2025. Sin embargo, la jueza ha pedido un nuevo informe de vulnerabilidad porque el último, fechado en noviembre de 2023, está caduco. Es decir, la madre comenzó el procedimiento como vulnerable, pero tras un año y tres meses, ahora tendrá que volver a probarlo para no ser desahuciada.
En aquel informe quedaba constatado que Carmen es “usuaria” de los Servicios Sociales de La Laguna desde el año 2006, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 68% por padecer un trastorno que afecta a su aparato genitourinario y que su hijo, de 20 años, también sufre una discapacidad del 37% por presentar una alteración del desarrollo.
La mujer tiene cuatro hermanos, pero ninguno de ellos con capacidad para ayudarla económicamente. Su principal ingreso por entonces era una prestación mensual por invalidez que rondaba los 500 euros. También dijo que había sido contratada por una empresa con un contrato parcial para labores de recogida de pedidos y mercancía que le reportaba casi 300 euros más al mes. Tendrá que volver a acreditar que continúa en una situación similar para sobrevivir al desahucio.
El fallo impone a la defensa de la mujer el pago de las costas procesales.
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