El Tribunal Superior de Justicia de Canarias pide más jueces para combatir la violencia sobre la mujer y la infancia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó en su reunión del pasado viernes, 28 de marzo, proponer al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Canarias la creación de un total de 10  plazas judiciales destinadas a luchar contra la violencia sobre la mujer y la violencia contra la infancia y adolescencia (seis para la violencia machista y cuatro contra la infancia).

La Sala de Gobierno aprobó el viernes el informe elaborado por la Comisión de Estudio para la implantación de la Ley de Eficiencia (que entrará en vigor de forma gradual entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025, creando los nuevos tribunales de instancia) y, conforme a  su propuesta, solicita del CGPJ, del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo autónomo la creación de una nueva plaza judicial (la cuarta) en la sección de violencia sobre la mujer del futuro Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, una tercera plaza en la misma sección en el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, una segunda plaza en la sección de VSM del Tribunal de Instancia de Arona y una nueva y única plaza de Violencia sobre la Mujer en el tribunal de Instancia de Arrecife.

Igualmente, reclama una nueva sección de violencia sobre la mujer en La Orotava, dotada de una nueva plaza judicial “que extienda su jurisdicción al partido judicial de Icod de los Vinos”, lo que culminaría la comarcalización de esta materia en la isla de Tenerife. 

En referencia al partido judicial de Puerto del Rosario, la Sala de Gobierno reitera al Ministerio de Justicia la petición de que se proceda “a la mayor brevedad” a dictar el correspondiente Real Decreto por el que se disponga la separación de los juzgados de primera instancia e instrucción, “presupuesto indispensable para que se pueda definir y acomodar la estructura de dicho partido judicial a las previsiones de la Ley orgánica 1/2025”, y la consecuente creación de una sección de violencia sobre la mujer integrada por una nueva y única plaza judicial en el Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.

Protección a la Infancia 

En cuanto a plazas de violencia contra la infancia y la adolescencia, el órgano de gobierno de los jueces canarios pide que se cree una nueva plaza judicial en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y, paralelamente, “la creación de una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia en el mencionado Tribunal, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Gran Canaria, sección integrada por una única plaza judicial que procederá de la transformación de la plaza judicial n.º 3 de la sección de instrucción”. 

La Sala propone igualmente la creación de una nueva sección de violencia contra la infancia y la adolescencia, dotada de una nueva plaza judicial, que extienda su jurisdicción a toda la isla de Tenerife “en el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife o en el de San Cristóbal de La Laguna”, y subraya que a esta sección se la deberá “dotar de los medios con los que cuenta el actual Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria”.

Además, reclama que una vez constituida la sección de violencia sobre la mujer en el Tribunal de Instancia de Arrecife, se acuerde que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia “corresponda a una de las plazas de la sección de instrucción, de forma exclusiva pero no excluyente”.

La Sala de Gobierno entiende que, una vez que se apruebe la separación de jurisdicciones en Puerto del Rosario y se constituya la sección de violencia sobre la mujer en su Tribunal de Instancia, se acuerde que el conocimiento de los asuntos relativos a violencia contra la infancia y la adolescencia “correspondan a una de las plazas de la sección de instrucción, de forma exclusiva pero no excluyente”.

Para la isla de La Palma, la Sala de Gobierno propone que se acuerde, tanto para el partido judicial de Santa Cruz como para el de Los Llanos de Aridane, que el conocimiento de los asuntos relativos a la violencia contra la infancia y la adolescencia correspondan de forma exclusiva pero no excluyente a la plaza judicial que ya tiene atribuido el conocimiento, también de forma exclusiva pero no excluyente, de los asuntos relativos a violencia sobre la mujer.

Situación crítica en Tenerife

El órgano de gobierno de los jueces canarios plantea al CGPJ, al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Canarias una serie de “necesidades comunes” en materia de violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia y la adolescencia que afecta a los partidos judiciales del territorio, y acuerda solicitar al Gobierno de Canarias, “en cuanto administración prestacional”, la adaptación de las oficinas judiciales e incremento de efectivos, en su caso, “para la debida atención de las nuevas secciones y plazas en tales materias”; la adopción de medidas para evitar la confrontación de víctima y agresor en sede judicial, y  la dotación de instalaciones “suficientes para las oficinas que den servicio a las secciones y plazas que se constituyan en estas materias”.

Subraya en este sentido la necesidad de dotar de medios a la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife, cuya situación, enfatiza el órgano de gobierno, es “especialmente deficiente y grave”. En este ámbito, subraya, “debe actuarse inmediatamente”. 

La Sala de Gobierno reclama además la creación de oficinas de atención a las víctimas y la dotación de equipos psicosociales para la atención “inmediata y preferente” de estos asuntos, la adopción de las medidas necesarias para facilitar el transporte para el traslado a otro partido judicial “en los supuestos de comarcalización” y, en general, “la adopción urgente de medidas para dotar a todos los tribunales de los medios necesarios para una atención pronta y especializada de estos asuntos”.

Concluye el acuerdo de la Sala de Gobierno dirigiendo comunicación al Ministerio de Justicia “a fin de que proceda a la dotación de plazas de letrados de la Administración de Justicia para las nuevas secciones y plazas que se solicitan”.