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El callejero de Santander tiene más calles con nombres franquistas de las que acordó borrar el Ayuntamiento

Vista de la calle General Dávila, en honor al militar que dirigió la ocupación de Santander por tropas franquistas.

Olga Agüero

Santander —
25 de marzo de 2025 23:07 h

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Más de cuatro décadas después de acabar la dictadura la estatua de Franco a caballo seguía presidiendo la plaza del Ayuntamiento de Santander. Como un esperpéntico anacronismo en una ciudad que siempre ha estado gobernada por la derecha, en la que nunca se ha producido alternancia política. Tal vez eso explique que sigue siendo uno de los últimos rincones del país donde aún perviven más calles con nombres que todavía exaltan la dictadura y a sus protagonistas.

Todos los alcaldes, de idéntico signo, han sido igual de reacios a borrar la propaganda franquista de las calles y, desde que entró en vigor, también se han resistido a cumplir la Ley de Memoria Democrática. “Es un problema de voluntad y un problema político porque algunos son dignos herederos de sus antepasados que lucharon en un bando muy determinado”, considera Jorge Suárez, miembro del colectivo Héroes de la República.

Ahora, por primera vez, tras años de negativas y dilaciones, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yañez, ha dado un plazo de un mes al Ayuntamiento de Santander para que cambie el nombre de 18 calles franquistas. La relación se corresponde con la lista que aprobó el Pleno municipal hace una década e incluye dos monumentos ya retirados: el dedicado a las legiones italianas en la Plaza de Italia y el de los caídos en la IV División de Navarra del paseo de Reina Victoria.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha reaccionado cuestionando el consenso de la memoria histórica, argumentando que “se han hecho cosas” y justificando a la vez que “no se ha hecho hasta ahora para no molestar a los vecinos con trámites”. “El debate no existe, solo la obligación legal para cumplir su propio acuerdo”, estima el fiscal.

Estas 18 calles fueron consideradas contrarias a la Ley de Memoria Democrática por su vinculación con la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista: Alcázar de Toledo, Alto de los Leones, Alféreces provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortés, Carlos Haya, Columna Sagardía, División Azul, García Morato, General Díez de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio.

En realidad ya solo quedan 16 porque a dos de ellas se les cambió el nombre: División Azul pasó a ser La Secada y Columna Sagardía ahora se conoce como Las Rederas. Mas enredado está el caso de Alcázar de Toledo, porque sus vecinos se opusieron a que recuperase uno de sus nombres anteriores, Las Ánimas, por encontrarlo “de mal gusto”. Así que está rebautizada pero nadie utiliza su segundo nombre. Aunque no está en la lista, General Mola también fue renombrada como Ataulfo Argenta.

Pero, según la recopilación que ha hecho recientemente un trabajo editorial de La Vorágine, 'Caminar sobre lo innombrable', son más y aumenta ese censo a 30 calles y plazas, y denuncia el “maquillaje” de otras cuatro. En opinión de este colectivo, nombres como Emilio Pino, Joaquín Reguero Sevilla, Manuel González Mesones, Dionisio Ridruejo, Teodoro Palacios, Tomas Soto Pidal o Pacho Cossío tampoco deberían estar en el callejero. La publicación, recientemente editada, construye la biografía de esos 30 personajes clave en ejercicio de la dictadura.

Realmente, la propia Comisión que creó el Ayuntamiento para abordar el cambio del callejero cifraba en 23 las denominaciones pendientes de un nuevo bautismo. Añadió a las anteriores Almirante Cervera, Capitán Palacios, Comandante Velarde, Viviendas de la Falange y Matias Montero.

Comisión municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó por unanimidad en 2015 determinar las menciones, nombres o símbolos que se debían retirar o cambiar. Un trabajo que se encargó a una Comisión de Historia y Patrimonio que acordó modificar el nombre de 18 calles e indultó a otras siete que, en su opinión, con pequeños cambios podían mantenerse.

La calle de Simancas ahora es calle del Archivo de Simancas. La batalla del Ebro se quedó en calle del Río Ebro. El vial de Héroes de la Armada se convirtió en la Armada Española. Los vecinos de la calle Canarias añadieron Islas al nombre mientras Héroes del Barco de Baleares ahora se llama calle de las Islas Baleares y a la calle del Alzamiento le añadieron 1808 para atribuirle otra etapa histórica.

En agosto de 2017 se modificaron tres nombres de las 18 calles incluidas en el listado acordado por los expertos: División Azul, Columna Sagardía y Alcázar de Toledo. Pero desde entonces no se ha avanzado más, no ha habido más cambios.

Júbilo entre asociaciones memorialistas

La actuación de la Fiscalía ha sido celebrada por los colectivos y asociaciones memorialistas que tanto han luchado por hacer que el Ayuntamiento cumpla la Ley. Uno de los últimos movimientos, en este sentido, fue el de un grupo de 36 ciudadanos cántabros que a título personal acudió hace unos meses a la Fiscalía para denunciar un presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander por no acceder a retirar del callejero municipal los nombres de paseo del General Dávila y la calle Camilo Alonso Vega. Después, seis de ellos pidieron la ejecución inmediata del acuerdo del Pleno que ahora el fiscal exije cumplir al Ayuntamiento.

La implicación y el impulso del fiscal respalda de manera decisiva las denuncias que también hicieron Archivo de Guerra y Exilio (AGE), Héroes de la República, Desmemoriados y la Asociación de Memoria de Laredo. Yáñez cede todo el protagonismo a las asociaciones memorialistas y a las víctimas.

Jorge Suárez, de Héroes de la República, espera que el Ayuntamiento, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, aproveche esta “oportunidad de enmendar y de rectificar”. “Tiene la pelota en el tejado”, dice, al tiempo que advierte de que si no lo hace se expone posiblemente a multas cuantiosas por vulneración grave de la legislación a nivel estatal.

Y es que el fiscal advierte en su escrito de que si el Ayuntamiento no cumple con su obligación se abriría un procedicimiento para pedírselo al juez y, en paralelo, otro proceso sancionador que ejerce la Administración General del Estado.

Los nuevos nombres

Queda la incógnita de cómo el Ayuntamiento acelerará el cumplimiento de este mandato de la Fiscalía y quién y qué nombres se elegirán como sustitutos. “Recuperar el nombre de algunas calles es recuperar el patrimonio de la ciudad”, defiende Roberto Ruisánchez, en nombre del colectivo Desmemoriados.

El movimiento de la Fiscalía de la Memoria Histórica debería acelerar los cambios en el callejero. Los criterios acordados por los expertos fueron tres: recuperar si existiese su nombre antiguo, priorizar propuestas vinculadas con Santander y Cantabria y apostar por nombres femeninos, que son muy escasos en el callejero.

Solo dos de ellas pueden recuperar su denominación: Alcázar de Toledo, antes Las Ánimas, y General Dávila. En 2016, el historiador Antonio Santovenia propuso renombrar esta última como paseo del naviero y comerciante santanderino Sánchez de Porrúa, bautizada así en 1909. Aunque luego fue conocida como El Alta. Pero la Comisión 8 de Marzo puso otro nombre sobre la mesa: Paseo 8 de Marzo y también sustituir Camilo Alonso Vega por José Hierro.

En la última reunión de la Comisión Municipal los socialistas propusieron cambiar los nombres franquistas por los de Aurelia Gutiérrez-Cueto, Josefina Aldecoa, Concepción Morell, Ana de Pombo, Delfina Cubillas, Manuel Arce o José Luis Casado Soto, entre otros.

Borrar la huella de la dictadura

El ultimatum del fiscal al Ayuntamiento de Santander obliga al Ayuntamiento a acelerar un proceso aunque sea con décadas de retraso y abre la expectativa de conseguir que se eliminen todos los símbolos contrarios a la memoria histórica que hasta ahora el Consistorio ha intentando eludir.  

“Hay leyes que nos gustan más y leyes que nos gustan menos a todos los ciudadanos, pero si cada ciudadano decide qué leyes cumple, probablemente no se cumpliría ninguna porque siempre va a haber ciudadanos que están en contra de determinadas leyes”, expresa Roberto Ruisánchez.

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