PP, PRC y PSOE aprueban en Cantabria una iniciativa de Vox para ampliar las indemnizaciones a víctimas de terrorismo

El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes por unanimidad una proposición no de ley (PNL) de Vox que insta al Gobierno regional (PP) a introducir algunos ajustes en la aplicación de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada hace dos años, uno de ellos en el sentido de ampliar el reconocimiento indemnizatorio a los herederos de víctimas fallecidas antes de la entrada en vigor de la citada norma, a los que pide aplicar un 30% sobre la indemnización recibida del Ministerio del Interior.

Esta es una de las siete peticiones que recoge la iniciativa, que también insta a garantizar la concesión de ayudas extraordinarias a víctimas de amenazas, extorsión o secuestro en un porcentaje del 30% sobre la cuantía reconocida por el Estado. Todos los grupos han dado su voto favorable a esta PNL al igual que sacaron adelante por unanimidad en 2023 la denominada Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.

El PP había presentado una enmienda de modificación al texto de la PNL debatida este lunes, pero todos los grupos de la oposición -PRC, PSOE y Vox- han opinado que “desvirtuaba” la propuesta y la “suavizaba” hasta convertirla en “un brindis al sol”, de modo que finalmente no se ha introducido, aprobándose el texto original de Vox.

Aún así, PP, PRC y PSOE también han coincidido en que “quizás no se ha seguido el procedimiento correcto” y que podría haberse trabajado para presentar una iniciativa conjunta para modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo, al igual que la propia norma se hizo “con el esfuerzo de todos”. De hecho, algunos portavoces han lanzado el guante para presentar, en lugar de una PNL, una proposición de ley consensuada que el Gobierno tenga la obligación “real” de aplicar.

Y es que la PNL aprobada recoge peticiones trasladadas por la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), que se ha reunido con todos los grupos parlamentarios de la Cámara para pedirles colaboración para mejorar el texto de la ley. En este sentido, todos los portavoces han expresado que la norma actual es buena, pero “puede mejorarse en algunos aspectos”.

Además de las peticiones ya citadas, la iniciativa solicita reducir el requisito temporal de empadronamiento para el acceso a las ayudas complementarias de la Ley, estableciendo como referencia el periodo comprendido entre el cese de la actividad armada de ETA en 2011 y la entrada en vigor de la norma en 2023. En este punto, llama a valorar cada caso de manera individual para garantizar el acceso a los derechos de aquellas víctimas que, por razones de seguridad o laborales, hayan cambiado reiteradamente de residencia como forma de protección.

Otras de sus premisas son implementar de manera inmediata los programas de asistencia psicológica para víctimas y familiares; habilitar un espacio físico para las asociaciones de víctimas del terrorismo en Cantabria que sirva como punto de encuentro y organización de actividades de memoria y concienciación; fomentar la realización de actividades educativas y divulgativas en centros escolares y mantener abiertas las convocatorias de ayuda con carácter permanente para respetar la fase o momento vital en el que se encuentre cada una de las víctimas.