La Justicia condena a penas de multa a los ocho de Caixabank tras siete años de proceso judicial

Los ocho de Caixabank, autodeclarados insumisos judiciales, han sido condenados finalmente por el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad a una pena de una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios, unos 900 euros. Los activistas de la PAH en Guadalajara, a pesar de que les absuelven de los demás cargos que en un momento llegaron a comportar penas privativas de libertad, consideran injusta cualquier resolución que no sea la total absolución. Su equipo legal ya trabaja en el recurso que interpondrán ante la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2017, hace más de siete años. “Iban a desahuciar a una compañera de Cabanillas que se había visto en la necesidad de ocupar una vivienda vacía de este banco, con menores a su cargo. El banco le había dicho que no lo haría hasta que tuviera alternativa habitacional, pero no se lo confirmaban por escrito, así que fuimos a la sucursal a acompañarla y negociar, como solía hacer la PAH”, explicó Ivalú Fuica, portavoz de los afectados, hace unos meses.

Los ocho activistas, entre los que se encontraba la mujer que iba a ser desahuciada, llevaron a cabo una protesta pacífica en la sucursal en la que apenas se alteró su normal funcionamiento, tal y como sus trabajadores aceptaron durante el juicio y recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Cuando llegó la hora de cerrar, ellos permanecieron sentados como acto de desobediencia civil y de resistencia pasiva.

Detenidos por agentes de la Guardia Civil, terminaron acusados por parte de la Fiscalía de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica y un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad, cuyas penas no comportaban el ingreso en prisión de los activistas. En cambio, la petición de Caixabank se sumaba a esos delitos pero también pedía su condena por un delito de coacciones y de desórdenes públicos, cuyas penas superaban los tres años de privación de libertad. Ante ello, los acusados se declararon “insumisos judiciales”. “Pensamos que es una herramienta muy útil para enfrentar los casos de represión”, adelanta Anastasia Liedo, una de las condenadas.

Tres meses de prisión o 900 euros

El abogado del caso, Francisco García, defiende que si existe una petición de cárcel mayor a los dos años, el juicio no puede celebrarse sin la presencia de los acusados. Así pues, el pasado 10 de febrero Caixabank se sumó a la petición del Ministerio Fiscal y la vista oral pudo tener lugar en presencia de observadores de Amnistía Internacional.

El letrado afirma que “difícilmente se podía sostener la petición de dos años y medio de cárcel por un delito de coacciones toda vez que los empleados testificaron en el juicio que en ningún momento se les impidió continuar con sus funciones habituales”. Absueltos del delito de allanamiento, los ocho integrantes de la PAH han terminado condenados por un delito de desobediencia a agente de la autoridad cada uno, lo que lleva aparejada una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios, es decir, unos 900 euros que, si no se abonan, se convertirían en tres meses de prisión.

García incide en que “lo más llamativo es que los agentes de la Guardia Civil dijeron que la actitud de mis defendidos fue totalmente pasiva y que hubo que levantar del suelo a algunos para desalojar la sucursal, pero los últimos se levantaron por su propio pie”. Desde su punto de vista, es importante señalar que “la sentencia no determina qué personas ni siquiera opusieron resistencia pasiva y es crucial, porque en el derecho penal no se puede imputar colectivamente a todos si no se puede individualizar la conducta de cada cual”.

El abogado también menciona el principio de mínima intervención del derecho penal para criticar la sentencia. “Este delito está recogido en el código penal pero también en la conocida como Ley Mordaza, y su señoría entiende que fue lo suficientemente grave como para castigarlo penalmente, y es algo que veo muy discutible”, explica García, que lee esta sentencia como “un aviso a navegantes frente a conductas con un trasfondo político innegable en la que han influido cuestiones extrajurídicas, como que Caixabank sea una empresa muy importante del Ibex35 español”.

Un desgaste personal que va a más

Liedo, una de las activistas condenadas, ha recibido la sentencia con cabreo. “El delito por el que nos condenan es el que menos consciencia tenemos de haber cometido, el que menos contemplábamos”, dice. Desde su punto de vista, no acudir a la vista oral del juicio solo les ha granjeado pequeñas victorias. Más allá de conseguir que Caixabank rebajara las penas, “es una forma de no participar en estos paripés y poner de manifiesto el absurdo de estos montajes jurídicos y policiales en connivencia con el poder económico”, según sus palabras.

La resolución judicial ha llegado tarde, por lo que se ha aplicado el atenuante de dilaciones indebidas. Sin embargo, Liedo considera que cualquier condena es injusta. “Esto que han hecho es un aviso. Hacen que no entremos en la cárcel pero es un mensaje de que tampoco nos podemos mover mucho porque nos puede volver a pasar algo así en cualquier momento. A mí me produce más desconfianza en el sistema”, desarrolla esta activista de 58 años.

De todas formas, han sido siete años para los acusados en los que no han podido descansar totalmente en un desgaste personal que todavía continúa. Quedan quizá años para que la sentencia sea firme a base de recursos que el abogado presentará, pero es extremadamente complicado no pensar qué hacer llegado el momento. “Ahora lo que me sale es no pagar la multa y entrar en prisión, pero no sé cómo serán mis fuerzas para aguantar esto el tiempo que queda, y entenderé al que prefiera pagar para terminar con todo este proceso”, subraya.

La protesta pacífica como delito

En el caso de Sergio Sánchez, otro de los activistas por el derecho a una vivienda digna que ahora está condenado, la disyuntiva entre pagar o ingresar en prisión tampoco está resuelta. “Habrá que verlo cuando sea firme la sentencia. Para entonces ya habré reflexionado lo suficiente para tomar la mejor decisión”, dice. Este joven de 28 años afirma que sí se esperaba esta sentencia condenatoria “por la dinámica que el Estado está llevando de represión”, defiende, y comenta otros casos judiciales de similar índole como el de Las seis de La Suiza de Gijón o Los seis de Zaragoza.

El activista critica que esta resolución judicial “convierte en delito cualquier protesta pacífica”. Sánchez también expresa que “psicológicamente es un palo la sentencia”. “Ya llevamos arrastrando el proceso siete años, y es algo que siempre recuerdas, algo por lo que se preocupan tus seres queridos, y pesa”, añade.

Ser consecuente con los ideales

Diego Catriel-Herchhoren profundiza que “la sentencia se hace eco de alguna forma del nivel de indignación que ha generado esta acusación”. A sus 39 años, es otro de los activistas condenados: “Puede parecer que haya cierta satisfacción por esta condena, pero nosotros no la aceptamos bajo ningún concepto. El ejercicio de un derecho fundamental como el de la protesta jamás tendría que pasar por un banquillo de los acusados”. Y añade que “este proceso es síntoma de la falta de cultura democrática de este país”.

Tiene claro que no pagará la multa: “No solo tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos, sino una responsabilidad con el resto de la sociedad”. Por eso, piensa que uno debe dar ejemplo y ser consecuente con aquello que defiende. “Y defiendo el derecho a la protesta hasta las últimas consecuencias. Yo no voy a darles ni un euro de mi vida, y si tengo que ir a la cárcel, me tendrán que venir a buscar”, añade.

Catriel-Herchhoren también acepta que la existencia de un proceso penal “obliga a rehacer algunos aspectos de tu vida”, en sus términos. Sin embargo, se sincera al decir que no tiene miedo sobre lo que pueda pasar. “Estoy completamente convencido de lo que hice. Yo soy militante comunista, y creo que mi obligación es ser consecuente con lo que defiendo independientemente de las consecuencias que el Estado pueda imponer”, desarrolla antes de finalizar con una sola frase: “Lo volvería  a hacer”.