El juez Aguirre se jubila tras perder el prestigio entre sus compañeros y sin saber si será imputado

Tras 40 años de ejercicio, el juez Joaquín Aguirre cuelga la toga este miércoles. El “especial agradecimiento” expresado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al magistrado con motivo de su jubilación tiene un reverso menos protocolario: el tribunal superior catalán tiene pendiente decidir si imputa a Aguirre por prevaricación por sus maniobras en la instrucción de la trama rusa del procés, tal y como ha solicitado el expresident Carles Puigdemont.

“Al final, ha ido demasiado lejos”, constata un juez de Barcelona, que prefiere no agregar nada más. “Todo lo que había que decir ya lo dijo la Audiencia, que hizo un auto muy duro, pero merecido”, agrega el mismo togado, en referencia la resolución demoledora que censuró el “fraude de ley” y la “irregular maniobra procesal” empleada por el magistrado para seguir investigando la trama rusa del procés cuando lo tenía prohibido.

El auto de la Audiencia de Barcelona fue de una contundencia inusual contra un instructor. Motivos no le faltaban, según varias fuentes jurídicas consultadas: el juez había recibido una orden clara de sus superiores jerárquicos para cerrar la causa de la trama rusa del procés o enviarla a juicio, pero no hizo ni una cosa ni la otra. Siguió investigando el caso, y, de paso, imputó a Puigdemont en plena aplicación de la amnistía. Un intento de torpedear la norma del que el propio magistrado se había jactado meses antes.

“Uno de los riesgos de la figura del juez instructor es el despotismo”, expone, gráficamente, otra magistrada. La resolución de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona dejó escrito en papel timbrado las críticas que, en privado, varios operadores jurídicos de la capital catalana llevaban años realizando: una forma de instruir consistente en ir hasta al final con una idea y abrir varias líneas de investigación, en vez de componer una hipótesis a partir de los indicios recabados.

Frente a los reproches de los magistrados de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía avaló al 100% la actuación de Aguirre en la trama rusa del procés y pidió al TSJC rechazar la querella de Puigdemont. La denuncia del expresident lleva más de medio año sin saber si se admitirá a trámite. Fue interpuesta el 2 de julio; tras solventar requisitos formales, fue enviada a la Fiscalía, que pidió archivarla el pasado 9 de diciembre. Más de un mes después, la sala de admisiones del TSJC todavía no ha tomado una decisión.

A la espera del resultado de la admisión a trámite, el magistrado ha tomado decisiones en sus últimos meses al frente del juzgado que le han minado el prestigio y la credibilidad. Dos muestras, trama rusa al margen: el propio juez admitió hace unos meses que perdió el auto que dejaba a un paso del juicio a un colaborador de Puigdemont por reclamar información de la base de datos policial a dos mossos d'esquadra. En otra de sus causas mediáticas, el caso Negreira, el magistrado contó al revés los plazos de prescripción en su intento fallido para imputar a Joan Laporta, tal y como advirtió la Fiscalía.

La relación de Aguirre con varios fiscales se torció cuando los representantes del Ministerio Público dejaron de avalar sus tesis. Lo mismo ocurrió con destacados responsables policiales de todos los cuerpos, en especial con el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

“Más allá de sus polémicas políticas, en los últimos años ya estaba de vuelta de todo”, agrega, desde el otro lado de los estrados, una abogada que ha tratado en varias ocasiones con Aguirre y define al juez como “exponente de una judicatura caduca, que afortunadamente empieza a quedar atrás”. Por ejemplo, en el trato a denunciantes. “No tenía problemas en cuestionar con dureza, y en sala, el relato de las víctimas si creía que tenía que hacerlo, y esto, en un juez de instrucción, que es la puerta de entrada al sistema penal, puede ser muy duro para ellas”, asevera la letrada.

“Los límites que la Audiencia le podía poner son los que son”, constata, por su lado, la magistrada consultada. “Era un secreto a voces, pero los abogados tampoco poníamos muchas quejas. Esto tiene que cambiar con jueces del mismo perfil, que son muy conscientes de su autoridad, pero no de su condición de servidores públicos”, agrega la letrada.

El dilema dibujado por las fuentes consultadas en el caso de Aguirre es aplicable a otros jueces de instrucción. Se trata de figuras con mucho poder (pueden ordenar entradas y registros, detenciones y prisiones provisionales), que manejan casos mediáticos que, como le ha ocurrido al más veterano de los instructores barceloneses en ocasiones quedan en nada.

“¿Era mejor que se quedara en un juzgado de instrucción cuyas decisiones son revisables o que formara parte de tribunales que pueden condenar a alguien a 30 años de cárcel?”, se pregunta otro juez de la capital catalana.

Para la abogada consultada, existía una vía intermedia: más inspecciones y vigilancia interna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de menos corporativismo en la carrera. “Durante varios meses y hasta 2023 tuvo una magistrada de apoyo en el juzgado para que solo pudiera investigar la trama rusa del procés. Se le han permitido muchas cosas hasta jubilarse”, denuncia la letrada.