El juez se salta el criterio inicial del Supremo para investigar la nota de la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el fiscal general del Estado ha decidido ampliar el objeto e investigar, incluso, aquello que la Sala de lo Penal excluyó cuando abrió las diligencias: el comunicado de marzo de 2024 con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos e informaciones falsas sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado le explicó este jueves a la fiscal Pilar Rodríguez que no solo iba a ser preguntada sobre la posible filtración de la confesión de Alberto González Amador, sino también por la publicación en prensa de todo su expediente tributario y sobre un comunicado que, según dijeron sus propios compañeros del Supremo, no tenía “información indebidamente revelada”.

Las declaraciones de dos de los imputados en la causa, el fiscal general Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, llegó esta semana después de tres meses de investigación y con muy pocas diligencias por practicar. Los dos negaron de manera tajante –“rotundamente no”, dijo el fiscal general– haber filtrado a la prensa el correo con la confesión de González Amador que su abogado mandó al fiscal del caso para buscar un pacto. Pero a petición de los Abogados del Estado el juez Hurtado explicó que la causa no se ceñía solo a eso y abarcaba, en resumen, buscar el origen de las informaciones que destaparon el caso.

Según fuentes del mismo, Hurtado no fue claro del todo el miércoles, cuando interrogó al fiscal general, pero sí fue explícito al comienzo de la comparecencia de la fiscal provincial de Madrid. Bajo su lupa está la “circulación” del correo del abogado del empresario, pero también dos hitos que completan el calendario del caso: cuando ella, días antes, remitió el expediente de Hacienda de la pareja de Ayuso a la Fiscalía General y cuando, un día después, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado para desmentir informaciones falsas.

Ese comunicado fue publicado por la Fiscalía de Madrid a las 10.22 de la mañana del 14 de marzo, en pleno terremoto político por la exclusiva que elDiario.es había publicado dos días antes: el Ministerio Público había denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar 350.000 euros en el impuesto de sociedades de sus empresas usando un entramado de facturas falsas para reducir drásticamente la factura del Impuesto de Sociedades a pesar de haber ganado varios millones de euros durante la pandemia ejerciendo de comisionista en operaciones de compraventa de material sanitario.

La estrategia de Ayuso y su entorno fue acusar al Estado de urdir un plan para convertir en un escándalo penal lo que, según ellos, no pasaba de ser una discrepancia fiscal. El primer gran órdago llegó en la tarde del 13 de marzo, día y medio después de la exclusiva. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, empezó a difundir entre varios periodistas una versión de los hechos que incidía en el papel de víctima de Alberto González Amador: el fiscal del caso le había ofrecido un pacto amistoso para zanjar el asunto de forma rápida, indolora y discreta, pero órdenes “de arriba” habían paralizado el acuerdo, condenando al empresario a un largo y tortuoso proceso judicial.

El diario El Mundo fue el primero en publicar una información que varios fiscales, testigos e imputados, han definido en esta causa como “errónea”, “mentira” o como una noticia que “había que desmentir”. Una información de las 21.29 que atribuía la iniciativa del pacto a la Fiscalía y que fue seguida de otros medios que añadían como información el aderezo que Miguel Ángel Rodríguez, con el tiempo, ha reconocido que era una invención de su propia cosecha: que el pacto se había parado “desde arriba”. Esa noche, la Fiscalía General, de acuerdo con las superiores de la Fiscalía en Madrid, pidieron al fiscal Julián Salto los correos del caso para emitir un comunicado que, finalmente y después de un fuerte conflicto interno en el Ministerio Público que se extiende a día de hoy, se publicó a la mañana siguiente.

No hubo “información indebidamente revelada” en la nota

El comunicado repasaba cronológicamente las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto para demostrar que el pacto, como es habitual en este tipo de casos, había sido ofrecido por el acusado. Los detalles de ese ofrecimiento, adjuntos al correo, tardaron un mes en salir a la luz mientras Ayuso, su entorno y sus medios afines difundían cosas como que Hacienda debía dinero a su pareja: Alberto González Amador estaba dispuesto a aceptar ocho meses de cárcel y pagar medio millón de euros a cambio de no pisar la prisión. Carlos Neira, su abogado, era un viejo conocido en la Fiscalía especializada y no sería el primer trato que cerraban con él en casos de delitos fiscales.

La publicación del comunicado de la Fiscalía que tiraba por tierra la defensa pública de González Amador tuvo respuesta en los juzgados una semana después. El empresario se querelló contra el fiscal que le había denunciado y su superior acusando a ambos de haber filtrado datos del caso de forma ilegal a través de ese comunicado. El Tribunal Superior de Madrid, el primer en asumir el caso, centró su instrucción en el comunicado y así lo reflejó en su exposición razonada cuando decidió enviar el caso al Supremo. “La elaboración, publicación y difusión de la expresada Nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía provincial de Madrid”, dijo el juez Francisco José Goyena. “Podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse”, llegó a explicitar.

El Supremo aceptó investigar al fiscal general, que llevaba semanas declarando en público que él era el máximo responsable del comunicado, pero cambió el foco de la causa. La nota de prensa de la Fiscalía no tenía “información indebidamente revelada” porque todo lo que decía ya había sido publicado en las horas previas por los medios de comunicación y eran de “conocimiento público”. Lo que había que investigar, dijo entonces la Sala de lo Penal, era si desde la Fiscalía se había filtrado a la prensa el correo con la confesión del empresario.

El juez Hurtado no ha dictado ningún auto en el que explicite si ha modificado, ampliado o reducido el objeto de la causa, pero sus movimientos desvelan que desde el principio ha ido más allá de esa supuesta filtración del día 13 de marzo, indagando hacia adelante y hacia detrás en el calendario. El magistrado ha pedido información y ha preguntado a imputados y testigos sobre cómo se filtró el expediente completo de Hacienda en los días previos y acerca de cómo se llegó a elaborar esa nota informativa entre la noche del día 13 y la mañana del día 14, cuando finalmente fue enviada a los medios.

El magistrado instructor, por tanto, ve un posible delito en un comunicado que, según la Sala de lo Penal, no difundió información secreta porque ya había sido publicada. También amplía el foco de la causa de forma explícita a donde ha querido ubicarlo desde el principio Alberto González Amador a través de sus querellas, escritos y alegaciones: en el origen de la noticia con la que elDiario.es reveló su caso. El criterio de la sala que admitió a trámite el caso, explican fuentes jurídicas, no ata de por vida al juez instructor, pero en este caso los magistrados fueron explícitos al justificar la imputación del fiscal general en que su supuesta filtración habría despenalizado, precisamente, la nota de prensa.

El caso se acerca a la encrucijada en la que el juez, tras tomar declaración la semana que viene a Diego Villafañe –teniente fiscal de la Secretaría Técnica que participó en la dación de cuenta del caso– tendrá que decidir si desarrolla la otra ramificación de la causa que, por ahora, está a la espera: cómo el correo llegó hasta el móvil de una asesora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y de ahí al teléfono de Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE de Madrid. También tendrá que decidir si la negativa de los imputados a haber participado en una filtración consigue quebrar su convencimiento, expresado en sus autos, de que la cúpula de la Fiscalía General maniobró ilegalmente para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.

El juez, en los últimos días, se ha remitido a un auto del 13 de marzo para explicar el alcance actual de la causa. En el texto no se ciñe a la filtración del correo sino a una supuesta “estrategia” de García Ortiz y los suyos para filtrar todo el expediente de Hacienda y el correo con la confesión de Alberto González Amador. Por el momento el juez se apoya, sobre todo, en los informes de la Guardia Civil, que en muchos casos plantean sus deducciones contra la Fiscalía allí donde los datos y mensajes intervenidos no aportan pruebas concluyentes sobre si existió una orden o indicación para filtrar los documentos. Pilar Rodríguez, en su declaración como imputada, llegó a afirmar que se siente “humillada” por algunas de las afirmaciones que hace la unidad de élite de la Guardia Civil.