La vuelta de la exconsellera valenciana de Turismo a la patronal del ramo fuerza una reforma para evitar incompatibilidades
La exconsellera de Turismo, Núria Montes, ha regresado a su puesto como secretaria general de la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec. Tras tres meses de retiro y un año como parte del Gobierno valenciano, la alicantina se ha reincorporado al puesto que dejó en excedencia en el lobby hotelero, que ha tenido que reorganizar su estructura para una vuelta inesperada y evitar un conflicto de intereses previsto en la ley autonómica.
La ley de incompatibilidades de la Comunitat Valenciana establece una cuarentena de tres años para los cargos públicos. La norma, una de las más estrictas, busca impedir las puertas giratorias y los conflictos de intereses, algo que bordea la exconsellera cesada tras sus palabras a las víctimas de la DANA, regresando a una entidad que mantiene fuertes vínculos con la administración autonómica. Montes fue la encargada de las políticas de turismo precisamente porque las conocía de primera mano y ahora regresa a uno de los principales grupos de presión al Consell.
El 7 de febrero la patronal hotelera comunicó la reestructuración de su equipo directivo ante el regreso de Montes. La Junta aprobó la creación del puesto de Dirección Ejecutiva para Mayte García, quien venía ocupando el puesto de Montes durante su marcha a la Administración pública, para “coordinar” junto a Montes “esta nueva etapa”. Según el comunicado, García “tendrá entre sus funciones todas las relacionadas con los servicios a los asociados, proyectos de actuación, áreas de innovación y tecnología, calidad y sostenibilidad y salud, así como todas aquellas relaciones y actuaciones con las Administraciones públicas que pudieran estar sujetas a la incompatibilidad que durante 2 años establece la Ley de Transparencia para aquellas personas que han ocupado altos cargos en el Gobierno Valenciano”.
Mientras, la exconsellera Montes “conserva sus funciones de tipo institucional con las actas y certificados, administrativo, laboral, formulación de cuentas, elaboración de memorias que ya contemplan los Estatutos, sumando la coordinación territorial y la política de comunicación y bigdata”, apunta Hosbec en el comunicado.
La patronal hace una referencia explícita a la ley de incompatibilidades, que se aplica durante los tres años siguientes al cese. Según apuntó El Confidencial, se está negociando con la Generalitat Valenciana un protocolo de actuación para evitar estas incompatibilidades y la intención de la exconsellera es mantenerse al margen. La Generalitat Valenciana confirma que la Oficina de Conflictos de Intereses está analizando el caso y Transparencia está elaborando un protocolo similar al que se hizo con la exsecretaria autonómica de Economía Empar Martínez. Hosbec ha rechazado hacer declaraciones a elDiario.es, preguntados por esta cuestión.
La ley valenciana, aprobada en 2016, indica que las incompatibilidades engloban los tres años siguientes al cese del cargo público. Establece que los cargos públicos no podrán “prestar servicios, ni ejercer cualquier otro cargo ni papel mediador en entidades privadas, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida”. Tampoco “formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado en el ámbito competencial de la Generalitat Valenciana, si genera un conflicto de intereses”. La ley señala que “el conflicto de interés deberá ser demostrado de manera fehaciente”, ante el órgano de control.
Al cesar, los cargos públicos deben informar a la Oficina de Control y Conflictos de Intereses sobre las actividades que piensan ejercer. La oficina emitirá un informe sobre la compatibilidad entre la declaración de actividades y la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, y la actividad que se pretende realizar tras el cese de cada persona con cargo público con obligación de declarar, especifica la norma.
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