El resultado de la fallida consulta lingüística de Mazón siembra el caos en la educación pública valenciana

Las familias de la Comunitat Valenciana con hijos en la enseñanza pública se han visto obligadas, por decisión del presidente Carlos Mazón, a posicionarse entre el castellano y el valenciano en las aulas. Una controvertida consulta celebrada la semana pasada las emplazaba a elegir la llamada “lengua base”: aquella que tendrá un mayor peso y una mayor presencia en la educación de sus hijos; la lengua en la que primero aprenderán a leer y escribir los alumnos en el segundo ciclo de Infantil y en los dos primeros cursos de Primaria. La consulta de Mazón tenía una intención política: pretendía ser una enmienda a la totalidad a la organización educativa la época del Botànic. Visto el resultado, lo único seguro es que el próximo curso muchas familias se enfrentarán a un caos organizativo, en el que no siempre se cumplirá el supuesto objetivo de la consulta: poder elegir la lengua principal de enseñanza.

El referéndum, en el que ha ganado la opción del valenciano por un estrecho margen de poco más del 1% (50,53 frente al 49,47%), ha contado con una participación del 58% de las madres y padres de alumnos, lo que para el titular de Educación, José Antonio Rovira, supone un “gran éxito”. Sin embargo, hay un 42% que no ha participado (alrededor de 240.000 familias cuyas preferencias no están representadas).

En cuanto al desenlace de la encuesta –estaban convocadas las madres y padres de más de 570.000 alumnos–, el titular de Educación intentaba lanzar el mensaje de que “aquí no gana nadie”, al tiempo que celebraba que se haya abogado por un sistema “equilibrado y de convivencia” de las dos lenguas oficiales. Presumía de que “prácticamente el 100%” de las familias podrán matricular a sus hijos en la lengua elegida; pero escondía una gran salvedad: eso solo será posible en los centros grandes, donde haya alumnos suficientes para llenar dos o más unidades escolares: “Estamos hablando de un porcentaje de en torno al 98% o el 99%, igual que sucede en los procesos de admisión en la elección de centro”, afirmó Rovira. Y en el resto de casos, la conselleria realizará “ajustes finos” y “un esfuerzo” para intentar que todas las preferencias sean atendidas. Los responsables de la conselleria contraponen este modelo con el del Botànic, donde aseguran que “aproximadamente el 50% de los alumnos no estudiaban en la lengua base de preferencia de sus padres y madres”.

Varios de los mensajes lanzados por el conseller en los últimos días se han centrado en criticar duramente el anterior modelo implementado en su día por PSPV y Compromís, y ha querido contrastar la “libertad educativa” que propugna el PP con la “imposición” del modelo que ha calificado de “catalán” de inmersión lingüística del Botànic. “Nosotros no hacemos otra cosa que cumplir con nuestro programa electoral, con el que nos presentamos a las pasadas elecciones”, ha argumentado en reiteradas ocasiones el titular de Educación.

La letra pequeña

Sin embargo, hay letra pequeña. Por ejemplo, en aquellos centros en los que solo una línea (una clase por curso), que son alrededor de 200 en todo el territorio valenciano, va a ser muy complicado poder atender las demandas de las familias. Excepto en 18 casos, en los que el 100% de los consultados ha optado por la misma opción (ya sea castellano o valenciano), en el resto de centros va a ser complicado que, para poder atender ambas preferencias, se habiliten dos unidades en un centro en el que solo había una. Eso supondría la contratación de más personal docente, cuando a la Generalitat le ha costado aplicar la resolución del Tribunal Superior de Justicia que le obligaba a cumplir el acuerdo de plantillas, que implica la incorporación de más de un millar de nuevos maestros y profesores ya para el presente curso.

También hay que tener en cuenta la situación las cerca de 240.000 familias que no han participado en la consulta y que, por tanto, desconocen en qué lengua base estudiarán sus hijos a partir del próximo curso. Tal y como ha reconocido en rueda de prensa el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, este mismo jueves, estos alumnos serán ubicados por los centros en función del reparto de los estudiantes cuyas familias han votado para completar las ratios marcadas por ley. Es decir, completarán las aulas en las que haya habido menos demanda en la consulta. Así, en las zonas castellanohablantes, quienes no han votado es más probable que sus hijos estudien en una clase de valenciano, para completar el alumnado; y viceversa, en una zona valenciano hablante con menos alumnos que se hayan decantado por el castellano, aquellos estudiantes cuyos padres o madres no hayan tomado parte en la consulta tienen más opciones de acabar estudiando en esta lengua.

Cada lengua se impone en los territorios donde es más utilizada

Atendiendo a los resultados de la encuesta, cada lengua se ha impuesto claramente en su territorio de dominio lingüístico. En la provincia de Alicante, donde el castellano es mayoritario, se ha impuesto claramente en el Baix Segura (95,25%), Alt Vinalopó (83,17%) o L'Alacantí (75,61%), mientras que en comarcas valenciano hablantes, como el Comtat, el porcentaje de familias que han optado por el valenciano es del 87,63%. En Castellón se ha impuesto claramente el valenciano excepto en dos comarcas, el Alto Palancia y el Alto Mijares. Y en la provincia de Valencia vemos que hay comarcas con una apuesta clara por el valenciano, como la Ribera Baja (85,81%), La Safor (79,37%) o La Costera (77,10%) en contraposición con el Valle de Cofrentes-Ayora (87,20% por el castellano) o la Plana de Utiel Requena (92,96%). En cuanto a las capitales, en València y Alicante ha ganado el castellano, 63,86% y 83,07% -“curiosamente, donde más centros concertados hay”, ha destacado Rovira-, y en Castelló el 61,90% ha votado por el valenciano.

Fuerte contestación social

Desde que Rovira planteó la consulta, la medida ha encontrado gran contestación social por parte de los partidos de la oposición (PSPV y, sobre todo, Compromís), sindicatos (STEPV, UGT-PV o CCOO-PV) y entidades cívicas, como la Plataforma per l'Ensenyament Públic, la confederación de Ampas Gonzalo Anaya, Escola Valenciana, Famílies pel Valencià, Acció Cultural. Para el conseller de Educación, todos estos colectivos entran dentro un mismo paraguas, el de la izquierda, y sus quejas no son pedagógicas sino políticas. Algunas de ellas han presentado diferentes recursos ante el TSJCV solicitando la suspensión de la consulta con base en cuestiones como que se enmarca en una ley, la llamada de 'libertad' educativa, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Incluso se llegaron a solicitar medidas cautelares y cautelarísimas que han sido desestimadas por el alto tribunal valenciano al no considerar la urgencia debido a que la aplicación de los resultados del referéndum no se van a aplicar hasta el próximo curso.

Pese a la satisfacción por los resultados de la consulta, que creen que suponen un varapalo para la Generalitat, y más concretamente para la Conselleria de Educación, en su intención de “arrinconar” el valenciano, estos colectivos critican una medida “sin ningún rigor pedagógico” que creen que va a provocar incertidumbre, crispación y enfrentamientos entre las familias cuando, afirman, no existía un problema real. El referéndum ha sido tildado de “ridículo” o “circo sin garantías” desde Compromís, mientras que la Plataforma per l'Ensenyament Públic cree que las políticas del PP provocan “unos efectos irreparables en la formación del alumnado, en la convivencia lingüística, en el proceso de normalización y en la protección y promoción de la lengua propia, el valenciano”. Además, insisten en destacar que el dato de participación ha sido bajo para un proceso que ha estado abierto durante ocho días, entre el 25 de febrero y el 4 de marzo.