Los socios se revuelven contra el pacto en inmigración del PSOE con Junts

El Gobierno se ha metido de la mano de Junts en el enésimo laberinto de la legislatura. El acuerdo alcanzado esta semana para la delegación de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Catalunya ha arrastrado al Ejecutivo a un debate que hasta ahora confrontaba: el del señalamiento y la estigmatización de las personas migrantes que impulsan la derecha y la ultraderecha y que los de Carles Puigdemont han hecho suyo frente a la competencia electoral de Aliança Catalana y ante el silencio generalizado entre las filas socialistas. El texto registrado en el Congreso no tendrá fácil su tramitación parlamentaria porque, además, ha provocado el revuelo de buena parte de los aliados parlamentarios de izquierdas. Podemos, Compromís o Izquierda Unida ya han calificado abiertamente de “racistas” los postulados de Junts. Y todos amenazan con frenar la ley.

Podemos fue el primer partido en marcar distancias con esta iniciativa el pasado martes. La formación de Ione Belarra ha ido endureciendo el tono con el paso de los días contra Junts, al que no ha dudado de tildar de “racista” por las posiciones sobre la inmigración que han usado para defender la propuesta. “No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas”, dijo este mismo jueves el secretario de Organización, Pablo Fernández, en unas declaraciones a los medios en las que aseguró que Junts ya se ha puesto en contacto con ellos para negociar esta medida. 

“No habrá problema en poder explicar que de lo que trata esta ley es de dotar de más autogobierno a Catalunya”, explicaban este martes fuentes de Junts tras conocer la posición de Podemos, para restar importancia a esas declaraciones de salida que esperan poder moderar durante la tramitación parlamentaria de una norma que se antoja complicada, al tratarse de una ley orgánica que afecta a un puñado de leyes diferentes. 

Una de las condiciones que ha puesto el partido de Belarra para sentarse a negociar un posible apoyo a la ley es que Junts facilite la aprobación de la iniciativa legislativa popular para una regularización de migrantes que ya está en proceso en el Congreso y que necesita los votos de los siete diputados posconvergentes. Podemos cree que, si eso ocurre, Junts empezaría a corregir un discurso que tachan de “xenófobo”. Pero al mismo tiempo, fuentes del partido independentistas rechazan un voto a favor de una propuesta como esa. 

Después de las declaraciones de Podemos, otros partidos han salido a criticar la iniciativa. Y varios de ellos forman parte del grupo parlamentario de Sumar, a pesar de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, salió el martes en defensa del texto. En su espacio político precisan que se trata de una proposición de ley que tiene ahora un largo recorrido parlamentario y que el grupo trabajará para que se garanticen los derechos humanos y el respeto a la Constitución. 

Uno de los partidos que ha cargado con más dureza contra el pacto es Compromís, especialmente en boca de su diputado Alberto Ibáñez, que ha afirmado que su formación no puede votar a favor de una iniciativa que provoca que la agenda política sobre migración gire a posiciones de la extrema derecha y el racismo, según recoge Europa Press. 

Àgueda Micó, que es portavoz adjunta del grupo parlamentario y representa a la otra pata de la coalición valenciana en el Congreso, fue un poco más moderada a la hora de valorar un pacto que, dijo, tiene que aprovecharse para “garantizar el cierre de los CIE y el respeto a los derechos humanos a las personas migrantes”, aunque se mostró a favor de que el Estado transfiera competencias a los territorios. 

Todos los partidos de izquierdas se encuentran atrapados en esta tensión entre una delegación de competencias con la que tienden a estar a favor y el tratamiento que está haciendo Junts de un tema tan sensible como la inmigración, en plena competencia electoral con la extrema derecha catalana. 

“Puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas”, avisó el mismo martes la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. La formación, que cuenta con dos diputadas en el Congreso, está, sin embargo, estudiando una posición firme al respecto, que terminarán de definir previsiblemente en una ejecutiva del partido en las próximas horas.

El partido más importante dentro de Sumar después de la formación de Yolanda Díaz, Izquierda Unida, también está muy incómodo con el tono que ha imprimido Junts a la defensa de este texto. Su líder, Antonio Maíllo, pidió de hecho al PSOE y a los independentistas catalanes “cambios” en la iniciativa para garantizar que respeta los derechos humanos.

“Hay que abordar muchos aspectos sobre los que hay dudas técnicas, legales e ideológicas”, dijo en unas declaraciones a los medios en las que reprochó que el texto plantee un marco “restrictivo” y no de “política social” sobre inmigración. Maíllo, que en otras ocasiones ya se ha mostrado mucho más duro contra Junts de lo que lo suele hacer Sumar, acusó a su portavoz, Míriam Nogueras, de representar a la “derecha pija catalana” y cargó contra el discurso “clasista, derechista y reaccionario” de los posconvergentes. 

Otras formaciones de izquierda en el Congreso siguen debatiendo su posición al respecto, como EH Bildu o el BNG, que de momento no han querido entrar a los detalles de la proposición, mientras que ERC sí que se ha mostrado más favorable a apoyarla durante la tramitación parlamentaria. Eso sí, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, dejó un recado a Junts tras conocer el acuerdo: “Esperemos que se acuerde de la Catalunya de todos de Pujol y no de la Catalunya para cuatro de [Silvia] Orriols”, en referencia a la líder de la ultraderechista Alianza Catalana. 

El Gobierno matiza a Junts: “La lengua no será requisito”

Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado martes, en la que la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración intentó matizar el impacto del acuerdo, el Gobierno ha dejado que sea Junts quien se apunte el tanto y monopolice las explicaciones públicas de un texto que reivindican como una gran conquista política. “Es el mayor traspaso de poder que se ha hecho. Se va a pedir que la lengua sea un requisito, claro que sí. Porque si tienes ganas de construir una vida en un país que no es el tuyo, no hay integración plena si no conoces la lengua”, afirmó la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, en una entrevista en TVE.

En privado, los independentistas catalanes van incluso un paso más allá y sacan pecho de haber conseguido arrancarle al Gobierno “funciones propias de un estado” para Catalunya. “Hoy podemos decir que por fin ganamos terreno, que ganamos poder y reconocimiento nacional”, apuntan desde el grupo parlamentario.

Tras el revuelo generado en la opinión pública y entre parte de sus socios parlamentarios de izquierdas, el Ejecutivo salió este jueves a intentar aplacar una polémica sustentada, principalmente, en la particular visión de Junts de un acuerdo que no va ni mucho menos tan lejos como proclama. “La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibir la entrada en nuestro país. A esta delegación de competencias se le va a aplicar la Ley de Extranjería, donde no es un requisito el conocimiento de una lengua”, dijo en 'Onda Cero' la ministra Elma Saiz.

En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los negociadores del acuerdo con Junts. “La proposición de ley no contiene ningún requisito en referencia a la lengua”, dijo Bolaños, que subrayó que el texto registrado está “plenamente” amparado, a su juicio, en el marco constitucional. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, salió al paso igualmente de los postulados de los de Puigdemont. “Estas palabras de Junts serán aspiraciones, expresiones y deseos”, incidió para aclarar que “la proposición tiene un contenido que es público y conocido por quienes han querido acceder a esa información. Y eso es lo que se va a votar a través de una ley orgánica que exigirá incluso más apoyo que no solamente de los dos partidos firmantes”. 

Con la mirada puesta en el resto de la legislatura y en la relevancia de los siete votos de Puigdemont en el Congreso, lo que evita una vez más a toda costa el Gobierno es entrar al choque público con Junts. Por eso pone el foco en el contenido del acuerdo y no entra a confrontar ninguno de los postulados que defienden los independentistas catalanes y que están abiertamente en contra de la política migratoria que asegura defender el Ejecutivo.