València rechaza las alegaciones de la oposición y mantiene una Zona de Bajas Emisiones de mínimos

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell (PP), ha asegurado este sábado que el Grupo Socialista y Compromís pretenden enmendar el proyecto de ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para adelantar un año las multas a los propietarios de vehículos sin etiqueta, (matriculados antes de 2001 en el caso de vehículos a gasolina y matriculados antes de 2006 para los de gasolina).

Carbonell se ha justificado así para rechazar las alegaciones de la oposición a la ZBE de mínimos que pretende implantar el equipo de Gobierno que afectaría tan solo a alrededor de un 10% del parque de vehiculos actuales.

“Entendemos que prohibir el acceso de los vehículos sin etiqueta de fuera de la ciudad y de la propia ciudad en 11 y 23 meses, respectivamente, no es razonable ni prudente. Ha de proporcionarse un plazo de transición suficiente para adaptar los hábitos y promover una transición ordenada en el cambio de vehículos por varios motivos”, ha argumentado Carbonell.  

Según ha explicado, “no es razonable, en primer lugar, porque los usuarios con vehículos más contaminantes son los que menos recursos económicos tienen y, en segundo lugar, porque en un contexto post-dana que ha tensionado social económicamente el área metropolitana en su conjunto, los ciudadanos están preocupados por recuperar su equilibrio económico tras haber perdido viviendas, vehículos, negocios o empleos y no sólo en el caso de vecinos de los municipios afectados por la dana, sino también vecinos de otros municipios con vínculos directos con negocios o empleo en los municipios directamente afectados”.

Jesús Carbonell ha subrayado que la voluntad del Ayuntamiento es que “la aplicación de esta normativa estatal en la ciudad no penalice a las rentas más bajas, y para ello –ha explicado- hemos impulsado diferentes medidas”. El Ayuntamiento aprobará un nuevo título de la EMT, de carácter gratuito para las personas afectadas por las restricciones de movilidad, válido por dos años de plazo o hasta la compra de un vehículo, dentro de ese plazo“.

Críticas de Compromís y PSPV

Para Compromís la ordenanza de la ZBE que aprobarán el PP y Vox atraerá los vehículos más contaminantes rechazados por las principales capitales de España y Europa y dejará fuera de sus posibles beneficios a los barrios del Marítim y el perímetro sur de la ciudad, que se convertirán a su vez en el aparcamiento de los que no puedan entrar en la ZBE.

Para el concejal Giuseppe Grezzi “es un sinsentido absoluto; catalá no solo va a permitir que todos los barrios del Marítimo o los del sur, como Sant Isidre, Turianova, Sant Marcel·lí, La Llum o Soternes, padezcan los efectos del efecto frontera de su diseño de ZBE, sino que el o la iluminada que ha rechazado nuestra enmienda, se justifica explicando precisamente las externalidades negativas de su diseño en estos barrios, y diciendo a todo el mundo que el Ministerio técnicamente ya anticipaba que algún despistado no lo preveería y desde el Ministerio lo desaconseja”.

Según Grezzi, que Catalá señale “a los hospitales como excusa para no proteger a los vecinos de Sant Isidre, San Marcel·lí, Turianova o La Llum ya es el colmo, no solo porque nadie solicitó que los hospitales estuvieran dentro de la ZBE, y que estén fuera no es incompatible con que los barrios lo estén, sino porque dejar los hospitales fuera de la ZBE pero sí incluir a estos barrios igual aliviaría a sus vecinos de los problemas de estacionamiento ilícito que les generan los hospitales actualmente y que el gobierno de Catalá se niega a solucionar. En cambio, lejos de ayudarles a solucionar los problemas de estacionamiento que ya tienen, Catalá les va a generar más. Difícilmente se puede hacer peor”.

El edil valencianista ha lamentado además que el Gobierno municipal, a su vez, ha justificado en un artículo de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el hecho de que la ZBE de València vaya a ser la única del mundo que dé carta blanca para contaminar a los vehículos de empresa, distribución y logística en lugar de ser los que fundamentalmente han de adaptarse para conseguir los objetivos que se persiguen con la ZBE. Concretamente, citan, “cualquier límite o requisito deberá guardar relación con la razón imperiosa de interés general invocada”.

Por su parte, para la concejala del PSPV, María Pérez, “la ordenanza de bajas emisiones del equipo de gobierno de la señora Catalá pone en evidencia que el Partido Popular todavía no ha entendido que la contaminación es una cuestión de salud pública. No se trata de un capricho, no se trata de una obsesión, se trata de proteger la salud de los valencianos y las valencianas”.

Desde el Partido Socialista han afirmado que en sus alegaciones exceptuaban a todas aquellas a determinados niveles de Iprem: “La señora Catalá y su equipo de Gobierno han decidido rechazar todas las alegaciones del Partido Socialista porque en realidad no tienen ningún interés en que la zona de bajas emisiones de esta ciudad no sea de mínimos y se convierta en algo que luche contra la contaminación. Lo que no ha entendido todavía es que no lucha contra el Partido Socialista, está luchando con esta ordenanza contra la salud de los valencianos y las valencianas”.

Al respecto, Carbonell ha comentado que la propuesta de Cormpromís y PSOE de incluir los barrios de San Marcelino, San Isidro o el Marítimo en la ZBE “desoye las Directrices para el establecimiento de ZBEs del propio Ministerio, que recomienda fijar fronteras conocidas por la ciudadanía como por ejemplo mediante vías importantes como las avenidas de ronda o circunvalación para permitir a los vehículos que lleguen al perímetro de la ZBE continuar circulando sin acceder a la ZBE”.

En relación con la propuesta de prohibir los el acceso de vehículos etiqueta B de fuera de la ciudad, Carbonell ha matizado que se debe tener en cuenta dos aspectos: “Por un lado podría vulnerar el principio de igualdad y, por tanto, ser susceptible de impugnación, una Ordenanza que estableciera prohibiciones a la carta, es decir, que se prohíba a los vehículos etiqueta B de fuera de la ciudad pero se permita a los de la propia ciudad. Cuestión distinta es establecer plazos diferentes de implantación según la domiciliación porque la adaptación de unos y otros no es igual de exigente, que es lo que hemos hecho nosotros”.

Para concluir el concejal de Movilidad ha manifestado que “la oposición tiene obsesión por la prohibición, cuando la implantación de la ZBE no trata sólo de limitar accesos, sino también de implantar medidas en favor de la movilidad sostenible y el impulso de vehículos limpios”. Y en esta dirección, ha destacado Carbonell, “el gobierno de la alcaldesa María José Catalá pondrá en marcha títulos gratuitos de transporte para los afectados por las prohibiciones de acceso y se está impulsado un plan inversor de 172 millones para la EMT, entre otras medidas.

Plazos de aplicación

Desde la entrada en vigor de la ordenanza que debe pasar por el pleno hasta el 30 de noviembre del presente año se pondrá en marcha una fase informativa durante la cual se dará preaviso a los vehículos afectados por las restricciones mediante el envío de notificaciones, solo a efectos informativos.

Una vez aprobada la ordenanza, el acceso a prácticamente todo el casco urbano delimitado por las rondas norte y sur quedará restringido y los vehículos más contaminantes, con etiqueta de A de la Dirección General de Tráfico (DGT) o sin etiqueta, no podrán acceder, es decir, los matriculados antes de 2001, en torno a un 10% del parque actual. Eso sí, la prohibición de acceso se aplicará de forma escalonada y la multa por saltársela será de 200 euros. Unas cámaras instaladas en todo el perímetro leerán las matrículas y detectarán a los infractores.

Según el calendario aprobado por el Ayuntamiento, a partir del 1 de diciembre del presente año se empezará a sancionar a los vehículos más contaminantes matriculados fuera de la provincia de Valencia. El 1 de enero de 2027 se hará lo propio con los vehículos de la provincia que quieran acceder a la capital y el 1 de enero de 2028 con los matriculados en el término municipal de València.

Además de lo anterior, se aplicará una moratoria en el inicio del régimen sancionador, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, para los vehículos más contaminantes que estén registrados en los municipios afectados por la DANA. La moratoria tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 para los vehículos más contaminantes registrados en las pedanías del municipio de València damnificadas por el temporal.