El PSOE exige el cese de la consejera extremeña de Agricultura: “Se concedió a sí misma ayudas al secano y tiene un pozo ilegal”

“Tiene que irse”. El PSOE de Extremadura ha vuelto a exigir la dimisión o cese de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, por “convocar y resolver una ayuda al secano para sí misma, y, además, tener un pozo ilegal en el corazón de Tierra de Barros”.

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, se ha referido a los datos desvelados por elDiario.es Extremadura sobre las ayudas al viñedo de secano que creó Morán en 2024 y que benefició a una parcela de su propiedad y que, según ella, explota su hermano. Este terreno cuenta con un sistema de riego que no es legal, por lo que ahora se ha abierto un proceso de reintegro de la subvención, que también lidera la propia consejera de Agricultura.

Además, el aprovechamiento hídrico no tiene permisos y afecta a la masa de agua subterránea de Tierra de Barros, que desde hace una década está declarada en riesgo por su sobreexplotación. Morán deberá cerrar el pozo, ya que no se puede legalizar, mientras que la Confederación Hidrográfica del Guadiana investiga los “indicios” de vulneración de la Ley de Aguas, por lo que la consejera en el Gobierno de María Guardiola podría enfrentarse a una multa de hasta 10.000 euros.

“No es ninguna broma, a los políticos se les requiere responsabilidad y ejemplaridad pública, y si es un cargo del gobierno con más motivo”, ha insistido Gil Rosiña, por lo que ha exigido a la dirigente del PP “que se vaya, cómo no se va a ir si desarrolla una actividad ilegal.

En este sentido, el PSOE ha reclamado que, si Morán no presenta la dimisión, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, “tiene que cesarla porque no puede permanecer ni un minuto más” en el cargo.

La portavoz socialista ha ido más allá y ha dicho que no es solo “falta de transparencia ni de ejemplaridad, es que al mismo tiempo su Gobierno ha decidido meter en un cajón el proyecto de Tierra de Barros, la mayor transformación en regadío de Extremadura”. Este periódico ya contó que la consejera de Agricultura no quiso que su parcela se integrase en el megaproyecto de regadío, a pesar de que cuenta con un pozo ilegal. Sin embargo, sus terrenos están afectados por las expropiaciones llevadas a cabo para construir la infraestructura, lo que devalúa sus propias tierras.

Ahora, tras dejar sin fondos y el proyecto, la Junta trata de llegar a un nuevo acuerdo con la comunidad de regantes. De salir adelante, la superficie regable se rebajará de forma considerable.