El plan de Ayuso para incluir Secundaria en los colegios pende de un hilo legal y enfada a profesores y directores

Una parte del sector educativo contiene la respiración desde que la semana pasada la Comunidad de Madrid anunció que 52 centros de Primaria incorporarán 1º y 2º de la ESO a sus programas el curso que viene. El plan de Isabel Díaz Ayuso para alargar la estancia en las escuelas e incluir los primeros años de Secundaria gusta más entre las familias que dentro del profesorado: los primeros lo apoyaron mayoritariamente según una encuesta reciente entre confederados (Confapa); mientras que los segundos temen que se pueda resentir el aprendizaje o sus condiciones laborales.

Si hay algo en lo que ambos coinciden es en el “secretismo” con el que se ha cocinado la medida y el desacuerdo en que llegue acompañada de una jornada partida. La celeridad del anuncio y el listado de los 52 centros voluntarios para este proyecto piloto es otro punto en cuestión, sobre todo entre los sindicatos, pues se produce apenas un mes antes de que la Comunidad de Madrid abra el período de matriculación para el curso 2025-2026. Será a partir del 12 de marzo y desde entonces habrá que decidir si permanecer o comenzar en uno de estos colegios hasta 3º de la ESO o pasar a un instituto al uso.

La decisión quedará en manos de las familias, pero sea cual sea la elección reestructurará el sistema educativo madrileño con tintes similares a los de la antigua EGB. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de la reestructuración de Ayuso y cuáles son sus puntos conflictivos? Según lo único que hasta ahora ha comunicado la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, afectará a una veintena de municipios en toda la región, pero la idea es extender “progresivamente” la inclusión de estos cursos de Secundaria en otros centros.

Qué se sabe del plan hasta ahora

De todos los colegios que aceptaron integrar 1º y 2º desde septiembre –aquí el listado oficial– hay 19 que forman parte de la Dirección de Área Territorial de Centro. La mayoría, en distritos como Hortaleza, Fuencarral-el Pardo o Vicálvaro, donde crece la población en edad de escolarización. El acrónimo DAT hace referencia servicio regional que organiza los centros públicos. En este sentido, otras 17 escuelas del catálogo que incluirá Secundaria en 2025-2026 forman parte de la DAT sur; siete de la este; seis de la norte y por último, tres de la zona oeste. En todos estos hay más de un centenar de cursos de sexto de Primaria, cuyo alumnado será el principal afectado en la prueba que quiere iniciarse el próximo curso.

En todos los casos, afirmaba la Comunidad de Madrid en una nota informativa, la petición tenía que venir avalada por el Consejo Escolar, en el que están representados el equipo directivo, maestros, personal de administración y servicios, familias y responsables municipales. Además, debía estar acompañada de un plan de espacios que confirmara que sus instalaciones “podían acoger los nuevos cursos con adaptaciones o pequeñas obras”, sin especificar qué filtro indicaría que los trabajos serían leves ni qué presupuesto se asignaría a desarrollarlos. Preguntados por esta y otras cuestiones, fuentes de la Consejería de Educación se remiten por el momento a la información oficial que se ha dado hasta la fecha. Es decir, que no añadirán detalles.

El 65% de los centros seleccionados (34 en total) ya tienen jornada partida y solo el 35% (18 de ellos) la cursan continuada. He aquí uno de los asuntos que preocupan a los profesores: mientras que los maestros en este primer grupo de centros permanecen durante la comida y continúan en las primeras horas de la tarde –esto favorece la conciliación de las familias con hijos más pequeños–, lo habitual en institutos son las jornadas intensivas, más ventajosas para los docentes a la hora de acabar antes su labor.

“Nadie nos ha explicado si los profesores de Secundaria tendrán que compaginar el horario en sus IES con horas cubiertas en los nuevos CEIPSO [centros de Primaria acreditados para impartir formación de la ESO], ni si tendrán que cambiar su jornada para hacerla partida. Es lo que más nos preocupa”, confiesa Esteban Serrano, el portavoz de ANPE en Madrid. ANPE es el sindicato que congrega a los docentes de la enseñanza pública y uno de los cuatro que componen la mesa sectorial de Educación en la Comunidad, junto a CCOO, CSIF y UGT.

Tampoco conocen los motivos por los que el Ejecutivo de Ayuso ha decidido que es mejor implementar esta nueva medida a seguir con el esquema habitual. En su anuncio a principios de febrero, la presidenta solo llegó a esbozar que el objetivo del cambio era “mejorar la convivencia y alejar a la infancia de las drogas, las bandas juveniles o las nuevas  adicciones”. A Serrano no le consta que ninguno de estos órganos sindicales hayan sido avisados previamente de que 52 colegios iniciarían este plan desde el próximo curso, aunque ya se conocían las intenciones de Sol para incluir cursos de Secundaria en centros de Primaria.

No es un CEIPSO: se queda a medio camino

Más allá del anuncio a viva voz y los comunicados emitidos por el Gobierno regional, no hay hasta el momento una normativa concreta que inaugure y concrete este plan, por lo que de momento no se puede recurrir. Pero hay quienes dudan de su legalidad. “Esta medida es ilegal y no puede ponerse en marcha”, sentencia Esteban Álvarez, diputado regional del PSOE en Madrid y uno de los opositores que más ruido han hecho ante la última decisión de la Comunidad.

Antes de su salto a la política institucional, Álvarez dirigió un instituto en Soto del Real y presidió la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, Adimad. Una entidad que, de hecho, también ha pedido a la Consejería de Educación que “reconsidere” su decisión de incorporar 1º y 2º de la ESO en 52 colegios de la región, de la que dice haberse enterado a través de los medios de comunicación. Aunque el parlamentario socialista incide en que habrán de ser los tribunales quienes confirmen si la iniciativa cumple o no los requisitos mínimos de espacio y personal –se muestra confiando en que el asunto llegará al ámbito legal–, es rotundo en al menos una afirmación: “Los venden como CEIPSOS, pero no lo son”.

Álvarez señala que, según el artículo 13.2. de la norma que marca cómo ha de estructurarse un centro de enseñanza (Real Decreto 132/2010 del 12 de febrero) se establece que los centros que ofrezcan Educación Secundaria Obligatoria “deberán impartir los cuatro cursos de esta etapa educativa” y disponer, como mínimo, de “una unidad [grupo] para cada curso e instalaciones y condiciones materiales” suficientes. En el comunicado emitido el lunes por la asociación madrileña de directores de IES se esgrimieron varios argumentos contrarios a la decisión de Sol.

Entre ellos, la reivindicación del trabajo en los institutos y la sospecha de que dividir sus cursos conllevaría “problemas de coordinación” en la enseñanza, menoscabando los resultados. También se desvincularon los vaivenes en la convivencia propios de 1º y 2º del ambiente en los institutos y se señaló la “ausencia generalizada de aulas específicas en los colegios” para impartir asignaturas propias de esos cursos, como Tecnología, Música, Dibujo o Laboratorios.

En este sentido, para el parlamentario regional del PSOE el nuevo plan madrileño solo sería un “CEIPSO a medias” y no se garantiza que los 52 centros dispongan de esas instalaciones que exige la ley a los institutos: un aula por grupo con 1,5 metros cuadrados por cabeza (incluye estudiantes o profesores en la clase); laboratorio con unas características específicas o un gimnasio con diferencias respecto al de los colegios, entre otros. “La Comunidad de Madrid no ha emitido normativa ni justificado que los centros que ha escogido puedan facilitar el espacio suficiente como para implementar un cambio tan grande en tan poco tiempo”, sentencia el diputado.

Una tesis con la que coincide el Ministerio de Educación dirigido por Pilar Alegría, de su mismo color político. Fuentes del órgano ministerial señalan que añadir solo dos cursos de Primaria en los colegios no es una anomalía ni necesariamente algo ilegal, pues ya existe en algunas escuelas de España. Pero siempre son excepciones, y generalmente funcionan únicamente en zonas rurales donde por dificultades de desplazamiento es casi imposible congeniarlo de otra manera. Además, en estos casos tiende a ser el instituto más próximo el que supervisa, dirige y dispone la oferta lectiva que cursarán los estudiantes de Secundaria en los colegios antes de pasar al tercer año en otro centro.

Un ejemplo que ya existe: el caso rural

En varios pueblos del país existe este modelo, aunque con particularidades muy concretas. Uno de estos casos es el de Matalascañas, en la provincia de Huelva. Con menos de 3.000 habitantes censados hace décadas que su único colegio, el CEIP Dunas de Doñana, imparte en su edificio los dos primeros años de Secundaria. Su director, David Hernández, explica a Somos Madrid cómo se organizan. “Somos 20 en plantilla y siete de nosotros, entre ellos yo mismo, estamos adscritos a la ESO”, señala. Estos docentes ofrecen las clases de las asignaturas instrumentales para 1º y 2º; es decir, Matemáticas, Lengua e Inglés con sus respectivas variantes, como Tecnología o Ciencias.

Para evitar desfases formativos una vez que el alumnado pase a 3º en el instituto del pueblo más próximo mantienen reuniones anuales con los docentes y la dirección de este último centro. “Nos vemos alrededor de cinco veces por año para informarnos de los cambios que ellos hacen en sus asignaturas e incorporarlos nosotros a la vez. Por ejemplo, si habilitan Matemáticas como bilingüe, nosotros buscamos cómo hacer lo mismo para evitar diferencias de formación de nuestros estudiantes respecto a los suyos”, concreta. En su caso, viven en un núcleo con pocos habitantes y eso les facilita encontrar espacios en los que impartir estos cursos. Algo que, en el caso de una capital, puede complicarse.

Sea en Andalucía o en Madrid y con sus respectivas diferencias, las competencias en materia de Educación están delegadas en las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno central solo puede interferir si considera que una norma incumple explícitamente el marco legal general. En este caso, la LOMLOE. “La clave para entender si la Comunidad de Madrid incumple o no la ley estará en los detalles que aún le quedan por ofrecer: ¿van a mover a los profesores de Secundaria para que hagan unas horas en los institutos y otras en los colegios? ¿Podrán probar que las instalaciones cumplen los requisitos mínimos de espacio en tiempo récord?”, se preguntan las mismas fuentes. Y concluyen: “Es ahí donde habrá que centrar el tiro, y el tiempo para hacerlo corre deprisa”.