El Gobierno andaluz calma el malestar de la policía autonómica tras doce años sin nuevos agentes: “Ahora somos la mitad”

El Gobierno andaluz ha conseguido calmar temporalmente el malestar de los sindicatos representativos en la Policía Nacional (Jupol, SUP, CEP, UFP y SPP), que habían amenazado con convocar movilizaciones si la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior no tomaban pronto decisiones respecto a la situación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta, que resumen en “sangría de efectivos” y “mala gestión”. Novedades importantes no hay, pero una reunión esta semana del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y su equipo con los representantes de los agentes concluyó con el compromiso de la Junta de crear “en los próximos días ”una mesa de trabajo para tratar de resolver las reivindicaciones policiales, que no son recientes, sino que vienen de mucho tiempo atrás“.

El problema de la policía autonómica se resumiría así: el Ministerio del Interior no ha convocado las vacantes disponibles en la Unidad Adscrita de Andalucía argumentando que antes es necesario firmar un nuevo convenio con el Ejecutivo andaluz para tener la cobertura jurídica necesaria que permita la llegada de nuevos policías. Y la firma no llega, ni tiene fecha, pero la “buena predisposición” del consejero ha hecho que los ánimos reivindicativos policiales se hayan calmado, según traslada a elDiario.es Andalucía el secretario federal de la Unidad Adscrita por parte del SUP, Antonio López. “No hay ningún conflicto entre ambas partes, al contrario, se trabaja con objetivos comunes y en sintonía”, dicen tras la reunión fuentes de la Consejería.

Las respuestas a las consultas de este periódico a las administraciones son en positivo. No obstante, el caso es que el convenio está caducado desde diciembre de 2010. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, urgió al Ministerio del Interior en un acto a finales del pasado mes de noviembre a firmar “antes de fin de año” un convenio entre ambas administraciones para ampliar los medios humanos que el colectivo viene reclamando. Fuentes de la Consejería de la Presidencia indican que siguen “esperando” al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Por su parte, desde Interior se indica que existe una “total disposición” para firmar el nuevo convenio y que las conversaciones entre las dos administraciones “han avanzado mucho y van por el buen camino”.

“Grave proceso de pérdida de recursos humanos”

Los cometidos que esta policía autonómica ejercen se enmarcan en protección de edificios y autoridades, medio ambiente, patrimonio histórico, protección a menores, juegos y espectáculos, o vigilancia y aplicación de la normativa autonómica. “Ahora somos la mitad” de los 725 puestos a cubrir, según el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), el porcentaje “más bajo” de todas las unidades adscritas y de cooperación existentes en España. La Unidad Adscrita de Policía Nacional en Andalucía llegó a tener casi 500 agentes en 2013 y “desde entonces ha sufrido un constante y grave proceso de pérdida de recursos humanos”, reivindican los sindicatos.

Según explica Antonio López, del SUP, “son muchos años” con las mismas reivindicaciones “muchas veces por cuestiones burocráticas” aunque “a algunas se les ha ido dando solución”. Del encuentro con el consejero salieron con “buena sensación” pese a la “evidente falta de personal” que arrastra la Unidad y que “se nota en cada provincia andaluza”. “El último concurso de ingreso se convocó en 2012 y los requerimientos para nuestros servicios siguen igual”, añade.

López confía en que la Junta avance para “paliar nuestros problemas” mientras le consta el “interés” de la Administración autonómica en renovar el acuerdo con Interior, que es quien hasta ahora “ha dado largas” al Gobierno andaluz. Por eso, los agentes “agotarán posibilidades” de avance tras el compromiso adquirido por la Junta, para el que “no hay plazos”, según detalla López.

“Colapso de los servicios”

Por su parte, el secretario general de Relaciones Institucionales de la UFP en Andalucía, Víctor Manuel Sepúlveda, insiste en que la situación de la Unidad Adscrita es de “colapso de los servicios” por la “falta de personal”. “Hay compañeros que se jubilan o que cambian de destino, pero los puestos no se cubren”, resume, incidiendo en que se trata de “un problema político”, “un tira y afloja en el que no se ponen de acuerdo” pero que ha generado que actualmente sean “la mitad de agentes” de los previstos en el CPT, asegura el también secretario provincial de UFP en Sevilla.

El momento de la firma de un acuerdo “parece no llegar nunca porque los responsables políticos de la seguridad de los andaluces –el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz– no han sido capaces de poner la seguridad de los ciudadanos de Andalucía por encima de los desencuentros partidarios”, resumían los sindicatos hace unos días en un comunicado conjunto a partir del cual consiguieron que se celebrara un encuentro directamente con el consejero Sanz.

Los sindicatos habían advertido de que “después de meses en los que la actitud de la Junta” había sido “cerrar cualquier puerta al diálogo” se disponían a iniciar “una campaña pública de denuncia que incluirá concentraciones hasta que se consiga crear una mesa de negociación entre los sindicatos policiales y el Ejecutivo andaluz”, algo que finalmente se producirá “en los próximos días” de acuerdo a las citadas fuentes de ambas partes.

Una “sangría de efectivos”, denunciaron, por la “pasividad” y “falta de compromiso” de ambos gobiernos, a quienes reparten culpas pese a que el funcionamiento es competencia exclusiva de la Junta y de quien dependen en última instancia. En concreto se trata de un recurso policial previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que nació del acuerdo alcanzado por el Estado y la Junta en diciembre de 1992. A partir de la orden ministerial que la creó formalmente en agosto de 1993, el consenso entre Moncloa y San Telmo permitió firmar sucesivas prórrogas en hasta cinco ocasiones sin que, desde diciembre de 2010, fecha en la que expiró la vigencia del último acuerdo firmado, se haya logrado dar estabilidad a “un proyecto que no tendrá futuro si no se frena ya esa pérdida sistemática de efectivos”.

Adelantar dietas

Los sindicatos han denunciado asimismo situaciones que afectan a los derechos retributivos de los agentes destinados en la Unidad Adscrita, que se ven “obligados a adelantar de su bolsillo el dinero en concepto de dietas por los desplazamientos que realizan en acto de servicio a despliegues como el del Rocío, el Plan Infoca o el Campeonato de Motociclismo de Jerez”, según han lamentado. “Esa inédita situación es todavía más grave si tenemos en cuenta que en algunas ocasiones no se han devuelto esas cuantías hasta transcurrido un año”, indican.

La “mala gestión económica” y la “pésima gestión de la jefatura” de esta unidad policial que es responsabilidad de la Junta afecta también a las cuantías de los complementos salariales que perciben los agentes, de tal forma que “policías de una misma escala pueden cobrar hasta 8.000 euros anuales menos que otros por un sistema de asignación de funciones que queda en manos del criterio subjetivo de determinados mandos y que tiene un impacto directo” en los salarios. Igualmente, la llamada gratificación en concepto de complemento por pertenecer a esta unidad “jamás fue actualizada desde su creación”, esto es, más de treinta años, por lo que “la Junta de Andalucía se permite el lujo de disponer de efectivos policiales por menos de 300 euros al mes por agente y que son cobrados pasados más de cuatro meses”.

También en la esfera competencial de la Junta, los sindicatos lamentan que la asignación de condecoraciones -de la propia Unidad Adscrita, de Policías Locales y de Protección Civil- ha generado “un profundo malestar entre los agentes porque se viene aplicando un sistema de recompensas profesionales que no está presidido por la transparencia y méritos”. Esa forma de operar por parte de los responsables de la Unidad Adscrita y de los de la Consejería de Presidencia “se enfrenta abiertamente a lo que todos los sindicatos de Policía Nacional defendemos: un sistema justo y objetivo en el que no quepa arbitrariedad o capricho alguno por parte de la Administración”.

Los sindicatos Jupol, SUP, CEP y UFP, que representan a la mayoría de los policías nacionales de la Unidad Adscrita y de todas las demás plantillas del Cuerpo en Andalucía, exigen al consejero Sanz “que adopte las medidas necesarias en su ámbito competencial para poner fin a la mala gestión porque desde la promesa incumplida de su secretario de Interior, David Gil, por reunirse con todos los sindicatos quedó en saco roto”. “De lo contrario, y después de meses en los que la actitud de la Junta ha sido cerrar cualquier puerta al diálogo, iniciaremos una campaña pública de denuncia que incluirá concentraciones hasta que se consiga crear una mesa de negociación entre los sindicatos policiales y el Ejecutivo andaluz”, han advertido.

“Estaremos donde suponga una mejora al colectivo”

Desde el Sindicato Reformista de Policías (SRP), también consultado por este periódico, se reitera “la necesidad de más policías” adscritos a la Junta. Antes de la reunión, en la que no tenían representación, comentaban que apoyaban “toda movilización a favor de mejoras de la Policía Nacional”. Pese a no ser un sindicato representativo, “como organización sindical estaremos donde suponga una mejora al colectivo”, reiterando “la necesidad de más policías adscritos a la Junta de Andalucía”. “Nos encontramos con un catálogo de puesto obsoleto que está del 2008, pero que a la vez, desde hace unos 12 años no se han vuelto a convocar plazas en la citada Unidad Adscrita en Andalucía”, inciden.

Fuentes de esta organización piden “que se cubra la totalidad” del CPT y que “al menos unos 150 efectivos policiales se cubran de forma inmediata”. “No puede ser la Unidad de Adscrita de Andalucía la que tenga que soportar la carga de no entendimiento entre el Gobierno central y el autonómico, al ser ambos de diferente color político”, señalan.