Agilizar expulsiones

La Comisión Europea (CE) debate una fórmula de retorno que agilice las expulsiones de migrantes, al tiempo que abre la puerta a los centros de internamiento en países extracomunitarios, en concreto con los que tenga un acuerdo de repatriación. 

No deja de ser curiosa la coincidencia: en la misma semana que el Gobierno español avanza hacia la distribución de los menores no acompañados a los que, por ley, las administraciones autonómicas deben acoger, el ejecutivo de Úrsula Von der Leyen quiere acelerar las expulsiones de los migrantes a los que se les ha denegado la solicitud de asilo y endurecer las condiciones de acceso. La CE recoge el guante no solo de los gobiernos más conservadores de la Unión Europea (UE) en esta materia, sino también de capitales donde gobierna la socialdemocracia, como Copenhague, donde desde hace meses exigen agilizar las devoluciones. 

La Comisión, según ha trascendido, abre la puerta a permitir los centros de internamiento en territorio extracomunitario a través de acuerdos bilaterales entre un estado miembro y un tercer estado. Aunque a diferencia del modelo albanés desarrollado por el gobierno italiano de Giorgia Meloni, estos centros acogerían a las personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada, y no a los migrantes que esperan a que se resuelva su solicitud. Es importante diferenciar que la Comisión no apuesta por centros financiados por la UE, si no que da vía libre para que los países puedan impulsar esos centros en países con los que tenga un acuerdo de repatriación. 

La propuesta de la Comisión, según informó la cadena SER, pretende sustituir la directiva vigente, al clamor de la petición de las capitales. En mayo del pasado año, quince países, entre los que figuran Italia, Dinamarca o Grecia, instaron a la presidenta de la CE a agilizar las devoluciones. En el texto de su solicitud, el gobierno de la Unión plantea que un Estado pueda expulsar a una persona a un tercer país mientras que tenga un acuerdo de repatriación, aunque esa persona no tenga vínculos con el país donde se le expulsa. Y se propone elaborar un listado de países seguros en los próximos meses. Además, amplía los plazos de detención si considera que existe riesgo de que la persona huya antes de ser expulsada.

En fin, medidas que pueden no contentar pero sirven para esclarecer los propósitos de una política hasta ahora muy volátil, casi inexistente y que, dadas las dimensiones adquiridas por el fenómeno migratorio, acentuadas por la situación de varios países africanos y asiáticos, se hacen apremiantes. Agilizar expulsiones: un salto, pendiente de cristalización, pero que puede marcar, de aplicarse, un  nuevo rumbo. Veremos.