Lopesan oferta 8 millones para hacerse con todo el grupo Anfi y el juez autoriza la venta de las acciones de Santana Cazorla

El magistrado Carlos Vielba, sustituto en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha autorizado el inicio del proceso de venta de las participaciones que el Grupo Santana Cazorla tiene en las dos empresas de Anfi dedicadas al negocio del aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico o timesharing, Anfi Sales y Anfi Resorts, ambas en concurso de acreedores.

Esta decisión judicial se ha adoptado a propuesta de la administración concursal de Anfi y después de que Lopesan, propietaria del 50% de las participaciones del grupo, presentara una oferta de ocho millones de euros para hacerse con la otra mitad, la que posee Santana Cazorla, que se oponía a este proceso.

El magistrado sostiene que la administración concursal ha justificado la “indispensable necesidad” de la venta de ese activo, el requisito para autorizar el procedimiento. El auto, hecho público este lunes y adelantado por El Confidencial, incide en que Santana Cazorla carece de liquidez para hacer frente a los gastos de mantenimiento del propio procedimiento concursal, así como “los más esenciales como nóminas o seguridad social del personal, alquiler de oficina, mantenimiento de equipos informáticos...”

Esta insuficiencia de tesorería del Grupo Santana Cazorla, unida al “bloqueo” en la toma de decisiones en el seno del Grupo Anfi por el conflicto que mantiene con su socio, Lopesan, y a una deuda de 1,7 millones de euros contraída después de la declaración del concurso de acreedores son las razones que se argumentaban para pedir la autorización a la venta de esas participaciones.

La administración concursal de Anfi esgrimía que los gastos recurrentes de estructura de la compañía ascienden a 25.000 euros mensuales, que la empresa padece pérdidas “de forma recurrente” y que necesita recursos financieros para poder contratar a profesionales externos especializados en material laboral y tributaria, “al haber recibido demandas laborales y existir inspecciones fiscales en curso”.

“Hay, por tanto, unas necesidades de tesorería y carencia de fondos para ello. De esta forma, la obtención de liquidez sólo puede proceder de la venta de sus activos. Esto supone que, en principio, la venta de las participaciones de las sociedades (Anfi) Sales y (Anfi) Resorts permitirá obtener tesorería para continuar la tramitación del concurso”, expone el magistrado en su resolución.

Ocho millones de euros

El Grupo Santana Cazorla se oponía a la venta de sus participaciones y también al importe de la oferta de Lopesan, al considerarla muy baja. En su reciente resolución, el juez de lo mercantil señala que el precio ofrecido por Lopesan (a través de una de sus sociedades, Anfi International BV), es “un precio de mercado, como lo demuestra el informe de razonabilidad económica de la oferta KPMG que ha sido aportada por la administración concursal”.

El magistrado señala que el precio ofrecido no tiene por qué coincidir con el final. “No es correcto decir que el precio es 8 millones de euros y que estamos ante un precio bajo. Lo que la administración concursal ha solicitado es el inicio de un proceso competitivo para la venta de las participaciones, que permitirá a terceros postores poder concurrir y presentar una oferta superior”. Es decir, cualquiera que esté interesado “podrá mejorar ese precio”. Los ocho millones son “el precio mínimo garantizado”.

La resolución judicial también destaca que la gran mayoría de acreedores del Grupo Anfi no han presentado alegaciones contra la venta de participaciones de Santana Cazorla, lo que “es significativo”.

Hay que recordar que la Audiencia de Las Palmas confirmó recientemente el convenio y el plan de viabilidad presentado por la sociedad para cerrar el concurso de acreedores. Ese convenio se firmó en marzo de 2024 y a él se adhirió el 73% de los acreedores, un porcentaje al que se sumó fuera de plazo otro 20% que se correspondía con clientes que habían ganado demandas judiciales a la empresa.

Diez días

El juez da un plazo de diez días para la presentación de ofertas para hacerse con el 50% de Anfi, la parte de Santana Cazorla. Para participar en el proceso, cualquier interesado deberá entregar un cheque bancario de cinco millones de euros a favor de Santana Cazorla. Las ofertas “son vinculantes, no pueden tener condicionanta o suspensión alguna”, según la parte dispositiva de la resolución judicial.

Los ocho millones de euros ofrecidos por Lopesan actúan como “precio mínimo de referencia”. De esta manera, cualquier otra oferta deberá superar ese importe, como mínimo, en un millón de euros. Lopesan tendrá además, como ofertante inicial, un derecho a tanteo.