Nuevo capítulo en la guerra judicial entre los hermanos Santana Cazorla: procesan a dos directivos por revelación de secretos

Nuevo capítulo de la guerra que libran en los juzgados los hermanos fundadores del grupo empresarial Santana Cazorla, Manuel (el mayor) y Santiago (el menor). El Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ha abierto procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, contra dos directivos del grupo por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Los procesados son Alberto Santana, hijo de Santiago, y Óscar Merino, economista también vinculado con el menor de los hermanos.

El Grupo Santana Cazorla se encuentra en concurso de acreedores desde 2022. Las participaciones de la empresa se reparten en partes prácticamente iguales en dos bloques, uno ligado con Santiago y otro con Manuel, a través de familiares y sociedades. 

Los hechos por los que presumiblemente irán a juicio los dos directivos se remontan al 13 de septiembre de 2023. En esa fecha se celebró una reunión del Consejo de Administración del grupo empresarial. En aquel momento, la presidencia recaía en Bodegas Tirajana, con Óscar Merino al frente, mientras que Alberto Santana era vocal en nombre de la sociedad Santana Cazorla Servicios.

En el otro bloque, el vinculado con Manuel, el conocido abogado Juan Arencibia actuaba en representación de las empresas 959 Oliva Inversión Internacional (vocal) y 947 MSC Inversión Internacional (secretaría). 

Según un auto fechado el pasado 26 de febrero al que ha tenido acceso este periódico, al finalizar esa reunión Arencibia “destruyó en varios trozos unos folios de tamaño A4 que llevaba consigo” y los tiró a la papelera. Cuando el abogado se fue, Alberto Santana recuperó todos esos trozos, los unió y recompuso los documentos, que incorporaban datos “que permitían conocer que se intercambiaba correos electrónicos con personas pertenecientes a Lopesan”, enemigo histórico de Santiago Santana Cazorla en el sector turístico y de la construcción, pero en aquel momento también socio de este empresario en el Grupo Anfi, líder europeo en el negocio del aprovechamiento por turnos o timesharing. 

El auto precisa que Alberto Santana envió los documentos rescatados de la papelera al presidente del Consejo de Administración, Óscar Merino, advirtiéndole de que contenían “información muy relevante” para la sociedad. Los dos directivos acabarían utilizando esos escritos para expulsar del grupo Santana Cazorla a los representantes del bloque de Manuel, al no reconocerlos como “verdaderos socios” de la entidad. 

Además, Merino incorporó esos papeles al acta de la reunión celebrada el 13 de septiembre, “con lo cual pudieron ser conocidos por todos los del bloque familiar de Santiago”, y, después, los unió a una querella contra Juan Arencibia que dio lugar a la apertura de unas diligencias en un juzgado de instrucción de la capital grancanaria.  

El magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ya ha dado por finalizada la investigación y considera que hay indicios suficientes para procesar a ambos directivos de Santana Cazorla por un delito de descubrimiento de secreto, castigado en el artículo 197.1 del Código Penal con penas de uno a cuatro años de cárcel. 

El auto da diez días de plazo a las partes personadas para que formulen el escrito de acusación o para que soliciten el sobreseimiento de la causa.

Querellas cruzadas

La ruptura en el grupo Santana Cazorla se consumó a principios de 2023 con la querella presentada por el hermano mayor, Manuel, contra el pequeño, Santiago, a quien acusaba de maniobrar junto a otras personas para controlar “en su propio beneficio y en detrimento del de sus socios” el grupo empresarial, arrogándose su representación en el concurso de acreedores. Desde entonces se han sucedido las acciones judiciales cruzadas entre ellos y con otro actor en este conflicto, el grupo Lopesan. 

Y es que, en diciembre de 2021, Manuel Santana Cazorla había decidido vender sus derechos a la cadena hotelera de origen alemán IFA, controlada por el grupo Lopesan, y propietaria de la mitad de las participaciones de Anfi tras su compra en 2016 a los herederos de Bjorn Lyng, el empresario noruego que había fundado ese emporio turístico. 

Uno de los últimos capítulos de este enfrentamiento tuvo lugar a principios de este año. Tres empresarios, entre ellos Manuel Santana Cazorla, se sentaron en el banquillo acusados de traicionar a Santiago para dejar Anfi en manos de Lopesan. La Audiencia de Las Palmas acaba de absolver a los tres procesados al negar una administración desleal. 

Mientras, continúan sustanciándose en juzgados de Gran Canaria y de Madrid querellas presentadas por el bloque de Manuel contra el de su hermano. Por una de ellas ya ha sido condenado Santiago Santana Cazorla. En concreto, por apropiarse de forma indebida de un barco propiedad de Anfi para llevárselo a Marruecos, donde ahora reside. La pena es de un año de cárcel, con la obligación de pagar 42.000 euros en concepto de responsabilidad civil. 

Por otra parte, el grupo Lopesan es ya propietario del 100% de las empresas de timesharing del grupo Anfi, después de que el Juzgado de lo Mercantil 2 de Las Palmas de Gran Canaria autorizara la venta de las participaciones de Santana Cazorla tras acreditar su insolvencia.

Lopesan, a través de una de sus marcas, había presentado una oferta de ocho millones de euros para hacerse con la parte de Santana Cazorla y quedarse así con todo Anfi. Ninguna otra empresa concurrió al proceso abierto en los juzgados, por lo que Lopesan resultó adjudicataria, con la obligación de asumir las deudas reconocidas en el convenio para poner fin al concurso de acreedores del grupo Anfi. 

La cadena liderada por Eustasio López anunció la pasada semana que inyectará 100 millones de euros en Anfi Sales y Anfi Resorts para “reflotar” el negocio del timesharing.