El juzgado multa al Ayuntamiento de Valencia por no aportar los expedientes de los exámenes de la cúpula de la Policía Local investigados por amaño

El juzgado que investiga las pruebas de los comisarios de Policía Local de València abre una pieza separada para imponer sanciones al Ayuntamiento por no aportar los expedientes completos sobre el examen que recurrieron dos aspirantes. El juzgado de lo contencioso número 5 de Valencia, que lleva meses pidiendo la documentación sobre los trabajos evaluados, vuelve a reclamar al consistorio que remita los registros que acrediten el depósito de las presentaciones de los comisarios y anuncia de multas de hasta 1.200 euros para el funcionario responsable de no haberlas enviado.

Dos comisarios recurrieron las pruebas de mejora en septiembre de 2023, denunciando que se había beneficiado a personal de confianza del jefe, José Vicente Herrera, en unos exámenes que ya tuvieron que repetirse por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Dos de los comisarios suspendidos reclamaron en el juzgado las actas de evaluación de toda la cúpula, los trabajos y los correos electrónicos remitidos a la Jefatura que acreditan la entrega, además de la fecha de envío. La acusación sospecha que las notas estaban previstas de antemano y que las actas de evaluación se elaboraron a posteriori para beneficiar a comisarios de la órbita del jefe de Policía Local. Hasta el momento, la documentación solicitada no ha llegado completa al juzgado que investiga el presunto amaño de las pruebas, pese a que la magistrada la reclama desde diciembre de 2024.

El consistorio, que lleva meses dando largas al juzgado o remitiendo la información de manera incompleta, señala a un agente de base como responsable de ese bloqueo. Tras el último apercibimiento, el 30 de enero, y con las multas sobre la mesa, el gabinete de la Policía Local alegó que los documentos requeridos por el juzgado no formaban parte del expediente administrativo por ser “un elemento de apoyo voluntario para los aspirantes (...) y no se unieron al expediente” ni al servicio de personal. Sin embargo, en las actas remitidas sí consta que al expediente se aportaron las presentaciones utilizadas por los aspirantes para apoyarse en su examen.

También se excusa el consistorio en que el requerimiento se remitió a varias unidades administrativas distintas y quedó sin atender, hasta finalmente identificar a un agente de base como responsable del retraso, “por cuestiones administrativas, de la plataforma integral de administración electrónica, o personales”. La acusación lo considera un parapeto de Herrera y recalca que los trabajos fueron remitidos a su correo profesional, no a un genérico del cuerpo. La documentación es clave para la investigación que se desarrolla por la vía penal en otro juzgado, que sigue de cerca la Fiscalía Anticorrupción, y por la que el contencioso ha preguntado para declarar la prejudicialidad.

En la última providencia, dictada el 11 de marzo, recuerda que ya en enero se apercibió a la Administración para que en el plazo de cinco días identificara con nombres y apellidos a las a la autoridad o empleado responsable. Una vez identificado, se plantean multas de entre 300 y 1.200 euros cada veinte días hasta el cumplimiento de lo requerido. El agente señalado tiene diez días para presentar alegaciones.