La Ertzaintza sólo mantiene ya la escolta a 21 cargos políticos en Euskadi una vez desaparecida la amenaza de ETA

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha enviado al Parlamento Vasco un listado de los cargos políticos que actualmente llevan escolta en Euskadi proporcionada por la Ertzaintza. Son exactamente 21, muy lejos de las cifras de cuando ETA estaba activa. En su momento se manejó la estimación de unas 1.500 personas amenazas. A ellos se le añadirían unos pocos cargos del Estado con guardaespaldas de otro cuerpo policial, como la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, pero es también una cifra muy reducida. Ahora mismo, únicamente 136 policías conforman la unidad conocida como 'berrozi', por el pueblo de Álava en el que se entrenan los agentes de elite de la Policía autonómica.

Los cargos escoltados son el lehendakari, Imanol Pradales, los dos vicelehendakaris, Ibone Bengoetxea y Mikel Torres, los otros trece consejeros del Gobierno vasco, el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar (que dejará el cargo este domingo), y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Ya incluso se ha retirado la protección a cargos de la judicatura como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En el caso de Pradales, la escolta es más reforzada. Tiene más agentes, más vehículos e incluso contravigilancias. En cuanto al resto de miembros del Gobierno, hace ya una década que se redujo la seguridad. Cada consejero tiene asignados tres agentes de 'berrozi' para todos los turnos, de modo que es habitualmente uno el acompañante. Esta dotación se ha aumentado tras el cambio de Gobierno, ya que ahora hay más carteras, pero sigue muy lejos de otras épocas. En el caso del 'número dos' de Seguridad se entiende que es un puesto sensible aunque sea del segundo nivel de la Administración. El consejero Zupiria sí matiza que “los dos máximos representantes de los partidos políticos que sustentan al Gobierno Vasco”, en referencia a Ortuzar y a Andueza, que requieren de escolta “por presentar razones de especial riesgo”.

Zupiria ha entregado esta información al Parlamento Vasco en respuesta a una petición de Ainhoa Domaica, del PP, aunque puntualiza que buena parte de la instrucción 38 relativa a “servicio de protección a personas amenazas” es “de carácter confidencial”. En ella se detallan los parámetros de riesgo que llevan a las medidas concretas para cada protegido. En los últimos años se han ido retirando escoltas y no en todos los casos ha sido una decisión pacífica y compartida con los afectados.

La plantilla actual de la unidad de 'berrozi' está compuesta por 136 efectivos. Llegaron a ser más de 200, indican fuentes policiales. Además, había una segunda unidad de “acompañamientos” en la Ertzaintza que casi duplicaba ese contingente. Policía Nacional y Guardia Civil también hacían servicios. Y, por supuesto, había vigilantes privados contratados. En 2012, justo cuando ETA anunció el final del terrorismo, el presupuesto del Gobierno vasco para seguridad privada era de unos 80 millones de euros, según las fuentes consultadas.