El PSE-EE y la oposición se felicitan de que “por fin” Euskadi pueda tener una ley de transparencia

El PSE-EE ha coincidido con las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y PP, en que Euskadi va “tarde” en relación a la transparencia y en considerar una “buena noticia” que el Gobierno de Imanol Pradales haya acelerado ya su propuesta para aprobar una ley en el que será el cuarto intento tras los tres fallidos en otras tantas legislaturas de Iñigo Urkullu. El Consejo de Gobierno dio luz verde este martes al proyecto, que toma como base el último de los borradores no aprobados del anterior Ejecutivo para poder agilizar la tramitación. Con tres años de legislatura por delante y una mayoría absoluta de PNV y los propios socialistas, sería una sorpresa que esta vez volvierse a naufragar la ley vasca de transparencia. Euskadi es la única comunidad autónoma sin esa herramienta junto con Ceuta y Melilla.

“Es una ley que llevamos tiempo esperando y que los socialistas hemos reclamado durante años. Peleamos porque estuviera en el acuerdo de Gobierno”, ha señalado Pau Blasi, que ha indicado que podrían llegarle “mejoras” en el trámite de enmiendas. “Seguro que en esta legislatura por fin aprobaremos la ley de transparencia en Euskadi”, ha agregado en euskera el portavoz socialista.

Por pura coincidencia en el calendario, en la semana en que el Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa la ley de transparencia la consejera responsable, María Ubarretxena, ha comparecido este miércoles por la tarde en el Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu para hablar de la Comisión de Ética, de la que es presidenta desde hace meses. Este órgano analiza el comportamiento de los altos cargos y en el pasado ha recibido críticas porque habitualmente nunca censura las actuaciones de los miembros de los diferentes niveles del Gobierno. No se ha abierto nunca un expediente de oficio, por ejemplo. Así lo ha hecho constar la coalición abertzale, que ha insistido en que son cargos públicos elegidos por un partido los que analizan los casos que afectan a otros cargos públicos de ese mismo partido. Tiene asentado el criterio, por ejemplo, de que no se ha de forzar una dimisión en caso de investigación penal salvo que se llegue a juicio.

Ubarretxena, acompañada del viceconsejero y secretario de la Comisión de Ética Xabier Otxandiano, ha presentado de una tacada las memorias de este organismo de 2023 y 2024. Ella es la tercera presidenta del foro sucediendo a Josu Erkoreka y Olatz Garamendi y, por el momento, solamente ha resuelto un caso, aunque en la fecha de la resolución figura febrero “de 2024”, cuando ni siquiera estaba nombrada. En los últimos años ha sido habitual que estos documentos obligatorios se hayan publicado con retraso. Los propios expedientes también se publican muchos meses después. Otxandiano, sin embargo, ha asegurado que este órgano opera “casi en tiempo real”. Además, las resoluciones públicas reducen tanto los datos que ofrecen que su lectura es casi ininteligible.

EH Bildu, en ese sentido, ha propuesto que al menos se indique el delito que se imputa a los investigados. También ha adelantado que usará la tramitación de la ley de transparencia para proponer cambios en la Comisión de Ética. Lamia Arcas ha sugerido que sean funcionarios los que asuman los casos y que puedan operar con criterios técnicos y no políticos. Ubarretxena ha respondido que otro organismo de control, la oficina que revisa el salto a la empresa privada de los excargos en los dos años siguientes a su cese, sí está liderada por funcionarios y ha mostrado su sorpresa por que ésa sea la propuesta cuando también hay críticas. De hecho, el PP ha aprovechado la coyuntura para recordar que el reciente fichaje de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, por una clínica privada de Vitoria no se hizo en tiempo y forma, según ha explicado Laura Garrido.

Desde la bancada del PNV, Xabier Barandiaran ha terciado en el debate para pedir un análisis “sin populismos” sobre transparencia. Ha criticado que se quiera usar la Comisión de Ética para hacer “oposición” o como tribunal de justicia. De hecho, el único dato concreto que ha dado Ubarretxena sobre los casos de 2023 y 2024 es que dos de ellos fueron denunciados por “un parlamentario”. Nada se ha mencionado sobre el contenido de las investigaciones en las que están incursos los altos cargos. Barandiaran ha aprovechado para recordar que la ciudadanía vasca confía en gran nivel en su Gobierno, más que en otras instituciones. Arcas le ha respondido que pretender que los órganos de control sean “más transparentes” y “ágiles” no es hacer “populismo”.

Ubarretxena, en su último turno, ha defendido que la nueva ley de transparencia es una “buena oportunidad” para dar “un bonito paso adelante” en la mejora de la “calidad democrática”. El Gobierno ha comprometido un paquete más amplio de medidas, incluso una ponencia parlamentaria para discutirlas. Lo manifestó en la Cámara el propio lehendakari. La consejera ha dicho también que en la próxima semana se actualizarán otros datos que llevaban meses sin ser publicados relativos a altos cargos más allá de las autorizaciones para fichar por empresas privadas, ya conocidos. El Ejecutivo, según la consejera, funciona “estupendamente” en este ámbito.