La dependencia en Andalucía acumula más días de espera y casi más bajas que altas con el nuevo modelo de la Junta

El 16 de marzo de 2024 entró en vigor en Andalucía el decreto que cambió 176 leyes de una tacada sin que la mayoría absoluta del PP dejara opción a participar a los sindicatos ni a la izquierda. Entre las normativas que se modificaron estaba el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones al objeto de “mejorar”, “facilitar”, “agilizar”, etc. el acceso a la ciudadanía. Un año después, la Junta presume de “récord de prestaciones y de beneficiarios”, y de que el nuevo modelo de gestión “está funcionando”, pero en el día a día del sistema, tanto para usuarios como para trabajadores, así como en la estadística, es otra la realidad.

Efectivamente, el número de beneficiarios es el más alto conocido hasta ahora (298.289), así como el de prestaciones (446.301), de acuerdo a los datos que la Consejería de Inclusión Social traslada a este periódico. Es una realidad que se ha venido manteniendo a lo largo de los años, por ampliación del presupuesto y porque es un sistema que lógicamente crece. Lo extraño sería que cada vez hubiera menos usuarios, ya que la pirámide poblacional de Andalucía, y de España, es cada vez más envejecida. “Solo faltaría que ahora tuviéramos las mismas prestaciones que en 2018”, ironizó una fuente bien conocedora del sistema en una información anterior. Pero, ¿esos récords vienen acompañados de menos días de espera para obtener la prestación como se anunció a bombo y platillo? No. ¿Hay meses en los que incluso hay más bajas que altas en el sistema? Sí. Acudamos a las promesas y a los datos oficiales.

El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, aseguró hace más de un año que la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión reduciría los plazos de tramitación “de una media de 555 días a un plazo máximo de 180 días”, lo que suponía rebajar en un año el tiempo de espera. “No es razonable que muchas familias tengan que esperar meses y meses para tener una valoración de dependencia”, dijo acerca del nuevo sistema, que reduce el proceso a una única visita al domicilio y a una única resolución.

Promesa de 180 días, realidad de 592 días

Lo cierto es que, según la última estadística mensual publicada (de finales de febrero), son 592 los días de espera para la resolución del procedimiento, de acuerdo a los datos estadísticos que mensualmente publica el IMSERSO en su web sobre el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, donde se pueden verificar los datos de todas las comunidades autónomas.

En octubre la espera en Andalucía llegó a ser de 618 días. La consejera de Inclusión Social defendía en ese tiempo el sistema creado por la Junta pese a que los números no acompañaban las expectativas. “Lo más fácil hubiera sido seguir con una gestión que lleva 17 años sin funcionar y que es un caos. Pero me da igual. Era cuestión de estadísticas o de personas”, insistió Loles López.

La realidad, las estadísticas, un año después de la entrada en vigor del nuevo modelo, es bastante diferente a las promesas realizadas por el presidente y por la Junta cuando se aprobaba aquella modificación normativa. No solo no se ha cumplido con el muy optimista plazo de 180 días sino que se han aumentado los días de espera desde el punto de partida del nuevo procedimiento, ya que en marzo de 2024 había una media de espera de 568 días mientras que actualmente (marzo de 2025) la media de espera en Andalucía es de 592 días, esto es, 37 días más de la cifra que dio el presidente cuando hizo el anuncio.

Casi 50.000 personas a la espera

También llama la atención el ritmo de altas de nuevas solicitudes desde marzo del año pasado y las bajas que han sido registradas en ese tiempo. Con base a los datos oficiales, nos encontramos con un número de 47.229 altas frente a 46.584 bajas. Es decir, en este año de nuevo procedimiento solo se han sumado 645 personas al sistema en Andalucía. El mes en que menos personas se unieron en todo este año al sistema de dependencia con el nuevo sistema fue septiembre, con 216 altas. Este último mes de febrero, por ejemplo, ha habido más bajas (4.449) que altas (2.997).

Al margen de eso, a fecha de enero de 2025 son 32.433 personas las que esperan su resolución de grado de dependencia y más 16.773 personas las que esperan su resolución de PIA (Plan Individual de Atención), lo que suma un total de 49.206 personas en Andalucía en espera de su prestación.

Desde la Plataforma Andaluza de Personal de Atención a la Dependencia (PAPAD) creen que la razón por la que el nuevo procedimiento está resultando “fallido” es por la “total ausencia de planificación de implantación del nuevo procedimiento”. “Desde la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía simplemente se indicó que un día se dejara de trabajar con el anterior procedimiento y empezar al día siguiente con el nuevo. A estas alturas, ni siquiera se ha hecho una formación al Personal de Atención a la Dependencia (PAD), encargado de realizar la valoración de grado y de hacer la propuesta de prestación.

Más significativa, resaltan fuentes de PAPAD, es “la falta de desarrollo del nuevo programa informático”, llamado Módulo de Gestión de Solicitudes (MGS). La consejera, que en diciembre anunció 34 trabajadores sociales más para los servicios provinciales de dependencia, ha venido defendiendo que se ha reducido “de cinco a uno los programas informáticos” pero “la realidad de este único sistema es un desastre”. “Fallos de continuos de funcionamiento, paradas de producciónº, una baja operatibilidad que hace difícil o imposible el trabajo, hasta el punto de tener que seguir usando los programas antiguos para seguir comprobando los datos, etc. Ni siquiera es posible realizar una explotación de datos y crear búsquedas personalizadas para facilitar el trabajo diario de los y las técnicos”, lamentan las fuentes.

López ha venido manteniendo, incluso pasados ya unos meses desde que se puso en marcha el sistema, que “cuando esté totalmente implantado se van a agilizar los plazos y detrás de cada plazo hay personas que es lo que importa”, apuntó el pasado 17 de octubre en sede parlamentaria. El modelo, insisten las fuentes, “se encuentra implantado desde marzo de 2024 aunque sin ningún tipo de planificación o de implantación gradual, a sabiendas de que es un sistema complejo y de unas dimensiones enormes”.

Bajas por estrés y ansiedad

Otra situación “preocupante” de la que alertan las fuentes de PAPAD es que “nunca se ha escuchado no solo al personal técnico, sino tampoco a ninguna de las ocho jefaturas de servicio”. “Aunque en reiteradas veces se ha intentado avisar a la Consejería y a la Dirección Gerencia de la ASSDA de las consecuencias de las decisiones que se estaban tomando, solo se han limitado a rechazar cualquier tipo de comunicación y acusar a los y las trabajadoras de boicotear la puesta en marcha del procedimiento”, critican. “Todo eso llevó” al cese de dos jefas, y a la renuncia de una tercera, ya que “la presión empezó a ser insostenible, además de pedir que les remitieran las instrucciones, a veces de dudosa legalidad, por escrito”, como ya denunció el sindicato CCOO.

Precisamente desde CCOO en Andalucía dicen que la situación de la dependencia en Andalucía “este año sigue siendo prácticamente igual que la del año pasado” y “los datos siguen siendo igual de malos”. Con respecto al número a las solicitudes “seguimos teniendo un problema grande porque hay 1.400 solicitudes nuevas en un año, que son muy pocas”, apunta a este periódico la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO-A, Rosa Berges.

En cuanto a la intensidad de las prestaciones, Berges dice que en el caso del ayuda a domicilio “el número de horas de atención está por debajo de lo que marca la ley, que son 20 horas, y en Andalucía la media del grado 1 está en 13 horas”, denunciando “un incumplimiento claro de la Junta de Andalucía”.

Luego, con respecto a la situación de las personas trabajadoras que hacen las valoraciones y los PIA “siguen siendo muy pocas personas para hacer muchos informes y no les da tiempo, y muchas visitas no les da tiempo. ”Los trabajadores de la Agencia de la Dependencia, tanto valoradores como gente que hace la valoración y el PIA, como las personas que están en la teleasistencia y todo el personal de apoyo administrativo, están muy mal porque llevan un montón de años con un convenio caducado que la Junta se niega porque no quiere negociar los convenios de las agencias“.

Una dirección “nefasta”

Para Berges, “la situación en general no ha variado nada y la Consejería realmente no está haciendo nada por cambiar las cosas. Ya no vale la historia de la financiación porque ya vimos que en 2023 el dinero que pone la Junta está casi a la par que la que pone el Estado. Y siguen sin decirnos y separar la financiación que aportan los propios interesados, que la Junta lo incluye en su parte de financiación. La Agencia de la Dependencia tiene una dirección que es nefasta porque es incapaz de abordar la problemática que tiene y luego además trata al personal con la punta del pie y no quiere apenas prácticamente mantener ningún tipo de negociación con la representación de los trabajadores”.

Para PAPAD, “el mal funcionamiento del sistema, la falta de formación, la carga desmesurada de trabajo para tapar todos los fallos del nuevo procedimiento y órdenes de servicio, que más que órdenes son imposiciones, han hecho que las bajas laborales del personal por estrés y ansiedad se hayan disparado”, señalan las fuentes. “No solo eso sino que profesionales con años de experiencia en el ámbito de dependencia y con la capacidad de sacar trabajo con mayor efectividad y eficiencia están huyendo de los ocho servicios territoriales al no poder desarrollar su trabajo con un mínimo de calidad.

La plataforma exige “que la Consejería y la ASSDA reconozca los fallos y deficiencias de su nuevo procedimiento, además de lamentar la falta de escucha real a unos trabajadores que lo único que quieren que este sistema funcione y que los y las usuarios reciben la prestación que tanto necesitan”.