Un juzgado condena a un activista por la sanidad pública por gritarle a una directora del Servicio Andaluz de Salud

La titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz ha condenado a Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca en Cádiz, a una multa de 900 euros por un delito leve de coacciones al irrumpir en una reunión de participación ciudadana el pasado 21 de junio y gritarle a la directora gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz La Janda, Sira María Morales: “No tiene miedo con lo que puede pasar con su gestión, pues debería tener miedo”, entre otras cuestiones que se recogen entre los hechos probados.

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y que Vergara anuncia a este periódico que recurrirá “de forma inmediata”, recuerda que a aquella reunión no estaba convocada el movimiento Marea Blanca pero que Vergara llegó a la misma una vez se estaba celebrando y “alzando la voz y con una actitud corporal enérgica, dirigiéndose a la directora señalándola con el dedo y gritándole 'esto no es participación ciudadana, esto no vale para nada, todo lo que le van a contar es mentira, nos tiene que dar una reunión, no nos ha echo caso cuando nos ha visto en la puerta, nos ha evitado, como viene del sector privado maltrata a los profesionales del sector público'”.

La directora, según los hechos probados, “pidió a una compañera que buscara una cita para reunirse con los integrantes del movimiento Marea Blanca y, tras trasmitirselo al señor Vergara, este se marchó. Tras este incidente la directora no pudo seguir exponiéndo lo que estaba previsto que les iba a dirigir a los asistentes a la reunión, teniendo que ser sustituida por un compañero”.

Vergara expuso en el juicio que “llevaban semanas intentanto reunirse con la directora para tratar el problema de la apertura de los centros de salúd durante los meses de verano, y como no les hacían caso, se decidió concentrarse en las puertas de la Casa del Mar donde iba a tener la citada reunión. El portavoz dijo en la vista oral, celebrada la semana pasada, que, como tampoco se les hizo caso cuando estaban en la puerta, decidió subir y decirle a la directora tales expresiones ”aunque es cierto que las formas no fueron las correctas“, reconoció.

El delito de coacciones, explica la sentencia, tipifica conductas que afectan negativamente y de modo general a la libertad de la víctima, limitándola, restringiéndola o, incluso, suprimiéndola, contra su voluntad; recordándose que el delito de coacciones se comete cuando el sujeto, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro, con violencia, hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto

“Que termine siendo un delito es muy preocupante”

Para Vergara, según indica a elDiario.es Andalucía tras conocer la sentencia, “las mareas blancas son plataformas ciudadanas que llevan muchos años denunciando el deterioro de la sanidad pública andaluza. Lo hemos siempre de forma pacífica, razonada, argumentada”. “En mayo del año pasado, con un verano que la propia consejera de Salud anunciaba como complicado, pedimos una reunión con la gerente del distrito por teléfono, por escrito a la gerente, por escrito a la delegada... y nos vimos obligados a interrumpir una reunión de la denominada Comisión de Participación Ciudadana. En nuestra opinión, esta comisión no tiene nada que ver con la participación ciudadana, sino informar a asociaciones de pacientes. La participación es la constitución y desarrollo de los Consejos de Salud, como marca la ley”.

“La interrupción del acto desacredita que lo que estaba ocurriendo allí fuera participación ciudadana, exigir a la gerente del distrito que nos diera una cita para reunión informativa sobre los planes del verano (que son tres meses: julio, agosto y septiembre). Después de esta interrupción por fin nos dio cita para la reunión en el distrito y en la misma nos aseguró que los centros de salud no se van a cerrar por las tardes, que habrían consultas de pediatría por las tardes y que nos mandaría el plan del verano 2024. Los centros de salud se cerraron, no existieron pediatras por las tardes durante esos tres meses y nunca nos entregó el plan del verano.

Nuestra energía en la interrupción y en la protesta razonada es producto de la negativa a recibirnos antes. Que termine siendo un delito es muy preocupante. El deterioro de la sanidad pública para que aparezca la medicina privada como alternativa, que el PP llama colaboración público-privada, está dentro de su programa sanitario. Son coherentes con su programa. El deterioro de la pública está programado y nos tendrán en contra desde luego, aunque nos denuncien“.