El PSOE de Andalucía se compromete a prohibir a los directivos de la sanidad pública trabajar a la vez en la privada

El PSOE de Andalucía ha remitido a todas sus agrupaciones de militantes la ponencia marco que debatirá en el Congreso Regional de Armilla (Granada) los próximos 22 y 23 de febrero. El documento recoge los objetivos políticos del partido que ahora lidera María Jesús Montero, nueva secretaria general y vicepresidenta del Gobierno de España.

Una de las propuestas nuevas que asumen los socialistas andaluces es la de prohibir a los directivos y jefes de servicio de la sanidad pública trabajar a la vez en el sector privado, una idea que lanzó hace un par de semanas la ministra de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid y cuota de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Es urgente y prioritario disminuir listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas y operaciones, recuperando los tiempos de garantías establecidos por la legislación andaluza. Para ello al frente de las direcciones de los centros sanitarios deben estar directivos con experiencia y sin vínculos con la privada; los servicios clínicos estarán dirigidos por las y los mejores profesionales con dedicación exclusiva a la sanidad pública; se reforzarán las plantillas en todas las categorías profesionales y se aumentará la capacidad de resolución de la atención primaria”, reza la propuesta del PSOE-A.

Los socialistas andaluces se han adelantado a la dirección federal al lanzar una iniciativa con autoría de sus socios de Gobierno, que no está incluida en la ponencia marco del 40º Congreso Federal en Sevilla, del que salió reelegido Sánchez, y que ha despertado los recelos de algunos sindicatos médicos. “Nosotros sí lo teníamos claro”, aseguran fuentes del PSOE-A.

Choque frontal con la gestión de Moreno

La propuesta desbarata el status quo que implantó el Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía, donde los jefes de servicio y directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) pueden actualmente compatibilizar sus funciones en la pública con otro trabajo en clínicas privadas.

Las elevadas cifras de pacientes en lista de espera para operarse en Andalucía -169 días de media, la más alta del país- empujaron a la Junta a apoyarse sistemáticamente en la sanidad privada, donde son derivados miles de andaluces. Esos traslados de pacientes son autorizados por directivos y jefes de servicio que, en muchos casos, trabajan para las mismas clínicas privadas que han sido contratadas a dedo por el SAS para aliviar su presión asistencial.

En realidad el PSOE andaluz plantea volver al modelo de gestión anterior a la llegada del PP al Palacio de San Telmo, cuando los directivos del SAS de primer y segundo nivel tenían restringida la potestad de compaginar su función pública con un puesto en la sanidad privada, para evitar así conflicto de intereses.

Una de las primeras cosas que hizo Moreno al llegar al Gobierno, en 2018, fue suprimir el complemento económico que pagaba la anterior administración socialista para fomentar la dedicación exclusiva en la sanidad pública de sus médicos. Ese plus de exclusividad oscilaba entre los 600 y los mil millones de euros en la nómina.

La ponencia política, de 178 a 93 páginas

La ponencia política del PSOE andaluz para el próximo Congreso Regional ha menguado sustancialmente respecto al del cónclave que aupó a la ejecutiva de Juan Espadas, en 2021, con casi la mitad de páginas y propuestas que entonces.

Sin embargo, la sanidad ha ganado peso entre los objetivos políticos del partido, tanto en el diagnóstico como en las soluciones, hasta el punto de mencionar la investigación judicial en curso contra el Gobierno de Moreno por los contratos de emergencia a clínicas privadas, a resultas de una denuncia de los socialistas.

Montero fue consejera de Sanidad en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre 2004 y 2013, y pilotó algunas de las apuestas estratégicas de gestión de un transatlántico burocrático como el SAS, el de más presupuesto y trabajadores de la Junta.

Uno de sus hitos fue la subasta de medicamentos para abaratar la factura de las farmacéuticas al SAS, algo que también eliminó de un plumazo el Gobierno de Moreno, y que el PSOE andaluz también propone recuperar. La garantía de una mejor prestación farmacéutica, dicen, pasa por “ahorrar recursos en el gasto farmacéutico con un modelo avanzado de compra centralizada de medicamentos que fomente los genéricos cuando sea posible”.

El documento es muy crítico con los conciertos de la sanidad pública con la privada -epicentro de todas las críticas de la oposición de izquierdas al Gobierno de Moreno- y propone “reconocer legalmente el derecho a ser atendido en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, reduciendo conciertos”, y añade la necesidad de “priorizar la construcción de hospitales en zonas sin cobertura pública”.

Entre las medidas, también destaca la de “refundar la Escuela Andaluza de Salud Pública”, extinguida recientemente por el Gobierno del PP. 

No al dumping fiscal, sí a la quita de deuda

En materia de financiación autonómica, los socialistas andaluces suscriben al dedillo la hoja de ruta del Gobierno de España con sus socios independentistas catalanes, pilotada en este caso por la propia Montero: la reforma del sistema que garantice la suficiencia financiera y la equidad de todos los territorios; la reducción de diferencias entre comunidades; mejorar el cálculo de la población ajustada -“clave para el reparto de fondos”- con un mecanismo de “ajuste automático para mantener el equilibrio del sistema”.

El texto abundó en la corresponsabilidad fiscal frente a “las carreras fiscales a la baja entre comunidades autónomas”; la armonización fiscal en los tributos cedidos, fijando patrones mínimos de regulación a nivel nacional para evitar agravios comparativos y dumping fiscal. También plantean reformar y potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial, incrementando sus cuantías y estableciendo una base de cálculo que les otorgue estabilidad, para abordar los desequilibrios interregionales.

Y por último se suma a la reestructuración de la deuda autonómica, reclamando esa quita para Andalucía que ERC pactó con el PSOE para Cataluña.

Colectivo LGTBI

En políticas para la protección de los derechos LGTBI, los socialistas andaluces se alinean con lo ya acordado en el Congreso Federal, que provocó un cisma en el movimiento feminista. El colectivo deja de llamarse LGTBIQ+ para llamarse LGTBI. Y el texto sobre la promoción del deporte es el mismo, que no reconoce a las mujeres trans como mujeres, excluyéndolas de las competiciones femeninas.

“Se garantizará la promoción de mujeres y niñas en el deporte evitando cualquier tipo de discriminación. Las administraciones públicas y las federaciones, las asociaciones y las entidades deportivas deben garantizar competiciones deportivas justas y seguras para las mujeres y niñas, teniendo en cuenta la categoría sexual, evitando ventajas competitivas que puedan ser contrarias al principio de igualdad, sin que ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres”, reza el documento.