El PSOE andaluz propone endurecer los requisitos para la creación de universidades privadas en la futura ley

El PSOE ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía, que busca endurecer los requisitos para la creación de universidades privadas en la comunidad, dentro de la nueva ley universitaria andaluza que se encuentra en plena tramitación parlamentaria. La iniciativa parlamentaria de los socialistas pretende contrarrestar así la “alarmante proliferación” de centros privados, que se han expandido por el territorio andaluz con “estándares de calidad académica inferiores”, según justifica el grupo socialista en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Para ello, proponen incluir siete “condiciones más exigentes” en los procedimientos de acreditación y supervisión de estas instituciones “con el fin de garantizar una educación de calidad” en el sistema universitario andaluz. Entre las propuestas, destaca la exigencia de que las universidades privadas prioricen en su admisión a los estudiantes solicitantes con mejores notas en la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU), en aquellos grados con nota de corte en el sistema público, especialmente en grados con alta demanda como el Grado en Medicina.

Con esta medida, se trata de “garantizar el principio de mérito y evitar vías paralelas de entrada a titulaciones altamente demandadas”. El objetivo es, pues, “asegurar que el rendimiento académico sea el principal factor de acceso a estudios de alta competitividad, en igualdad de condiciones con el sistema público”, según lo explica el portavoz de Universidad del PSOE andaluz, Antonio Ruiz Sánchez. Esta PNL se debatirá en la Comisión de Universidad del próximo 2 de abril, donde el PP tendrá que decidir sí incorpora o no esos requisitos para el reconocimiento de instituciones universitarias privadas en la futura Ley de Universidades para Andalucía, prevista para este 2025.

Freno a la “privatización exprés”

El PSOE defiende la pertinencia de su proposición señalando la “expansión descontrolada” que ha experimentado los últimos años la oferta privada. En el último cuarto de siglo, no se ha abierto ningún centro público y los privados se han casi triplicado, hasta el punto de estar cerca de sobrepasar a las públicas. En Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha impulsado cuatro universidades privadas en menos de un año, pasando de una a seis en dos años. Un crecimiendo que el PSOE tilda de “alarmante” y que ha puesto en pie de guerra a todos los rectores de las públicas por considerarlo una “privatización exprés” del sistema universitario. 

Aunque los socialistas reconocen en su propuesta que el borrador del anteproyecto de la nueva ley universitaria “eleva el nivel de exigencia” respecto al actual marco legal que data de 2013, afirman que las medidas incluidas siguen siendo “insuficientes” para “garantizar la calidad académica y científica del sistema universitario andaluz”. De ahí que propongan una batería de “requisitos adicionales” dirigidos a establecer límites en la representación que las universidades privadas tendrán en órganos de coordinación universitaria y a reforzar su compromiso “con la equidad, la investigación, la transferencia de conocimiento y la responsabilidad territorial”.

La propuesta del grupo socialista establece condiciones como que las futuras universidades privadas en Andalucía deban dedicar un porcentaje de su presupuesto superior al 5 % a programas propios de becas y ayudas al estudio, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del alumnado. También se exige destinar otro porcentaje no inferior al 5 % a programas de investigación y otro tanto a iniciativas de transferencia de conocimiento, “asegurando así una implicación real con el servicio público universitario”.

Fuera del pleno del órgano de coordinación universitaria

La iniciativa también redefine el papel de las universidades privadas en el futuro Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU). Frente a lo recogido en el anteproyecto de la futura ley unviersitaria, el PSOE defiende que los centros privados no formen parte del pleno de este órgano de coordinación universitaria. En su lugar, proponen la creación de una comisión específica que se encargará de cuestiones relacionadas exclusivamente con los centros privados, a fin de asegurar una representación diferenciada sin que las privadas puedan interferir en la toma de decisiones generales del sistema universitario andaluz.

Otro de los requisitos propuestos es limitar la oferta académica de las universidades privadas, impidiendo que puedan ofrecer grados que estén ampliamente representados en el sistema universitario público andaluz, “salvo aquellos que cuenten con una alta demanda en el mercado laboral y elevados índices de inserción profesional”. Asimismo, se introduce la obligación de que las nuevas universidades privadas con modalidad presencial presenten un “proyecto habitacional” asociado al campus universitario, de modo que se pueda facilitar el acceso al alojamiento estudiantil con la construcción de, al menos, una residencia o colegio mayor en el entorno.

Por último, se plantea que los programas de doctorado se impartan obligatoriamente en sus propios campus, evitando así externalizaciones a estructuras ajenas al sistema universitario andaluz, como son las escuelas de doctorado radicadas en Madrid. Y se insta a que el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria sea vinculante como condición para iniciar el procedimiento de reconocimiento oficial de estas universidades.

Carencias en las instituciones privadas

El PSOE recuerda en su proposición no de ley algunas de las carencias que presentan las universidades privadas: “La falta de exigencia en los criterios de admisión, el uso intensivo de profesores asociados en lugar de docentes con dedicación completa y la escasa producción investigadora”, refieren citando a diversos informes. El grupo parlamentario socialista critica también que “algunas universidades privadas operan con un modelo más orientado al beneficio económico que a la excelencia educativa”.

De las últimas cuatro nuevas universidades privadas reconocidas en Andalucía, “ninguna destaca por su excelencia”, asegura el PSOE, apuntando a su ausencia en el Ranking de Shanghái. “Una de ellas ha recibido numerosos informes negativos y ha sido promovida por una empresa sin experiencia en educación superior”, continúa el grupo que ha registrado esta iniciativa en el Parlamento andaluz, recordando que “el propio Consejero de Universidad, que ahora las defiende, votó en contra de su aprobación cuando era rector [de la Universidad de Córdoba]”.

En cuanto a las otras tres, los socialistas denuncian que se rijan por el modelo que predomina en la Comunidad de Madrid que gobierna Isabel Díaz Ayuso: “priorizando la oferta de títulos sobre la inversión en investigación”. A ojos del PSOE andaluz, “sus proyectos de investigación son débiles, y es improbable que desarrollen programas de doctorado propios, optando en su lugar por derivarlos a escuelas de doctorado radicadas en Madrid”. Este modelo “diseñado para minimizar costes y evitar la contratación de investigadores de alto nivel”, según los socialistas, perjudica especialmente a Andalucía, “ya que desvincula a los mejores investigadores del territorio y limita su integración en el profesorado estable de estas universidades”.

Ante este escenario, el PSOE insiste en la necesidad de que la futura ley de universidades –cuya entrada en vigor estaba prevista para 2024, pero se ha demorado hasta este ejercicio– “debe endurecer los requisitos de reconocimiento para las universidades privadas” y asegurar estándares de calidad que permitan competir “en igualdad de condiciones” con las públicas. De este modo, concluyen los socialistas, se podrá blindar el sistema universitario público frente a cualquier intento de “mercantilización de la enseñanza superior”.