NC pide la devolución de las tres primeras nóminas del nuevo asesor de Onalia Bueno por incurrir en incompatibilidad

El grupo de gobierno de Mogán lleva este viernes a pleno la propuesta para conceder la compatibilidad para ejercer una actividad privada (como profesor asociado de la universidad Fernando Pessoa Canarias) a José Antonio Guerra, el polémico exconcejal de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria que fue nombrado hace tres meses asesor de la alcaldesa del municipio sureño, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria). 

Guerra fue contratado a finales de octubre por el Ayuntamiento de Mogán como personal eventual, para un cargo de libre designación con dedicación parcial (el 60% de su jornada laboral) y una retribución bruta anual de 1.357,14 euros al mes. Su función es “apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas”.

En el momento de su contratación, Guerra no solicitó la compatibilidad para ejercer como docente, pese a que, según la documentación que obra en el expediente, tiene contrato indefinido a jornada completa en la Universidad Fernando Pessoa Canarias desde hace más de tres años. El nuevo asesor esperó hasta el pasado 21 de enero para pedir esa autorización para poder ejercer ambas actividades.

Los dos concejales de Nueva Canarias (NC) en la oposición ya han registrado un escrito en el que solicitan la devolución de las cantidades “indebidamente cobradas” por el asesor en este periodo, al quedar acreditado que incurrió en “causa de incompatibilidad”. 

En el expediente de contratación de Guerra consta un certificado firmado por la directora de recursos humanos de la universidad privada que señala que el nuevo asesor de Onalia Bueno está dado de alta desde septiembre de 2021, que realiza sus funciones a tiempo competo y que la relación contractual es indefinida. 

En el escrito presentado el 21 de enero, Guerra solicitaba que se le concediera la compatibilidad para ejercer la docencia universitaria diez horas semanales, el equivalente a su horario presencial en la universidad, según el mencionado certificado.

NC sostiene que el propio Ayuntamiento reconoce en el expediente “manifiesta y expresamente” que el asesor de la alcaldesa ha incurrido en incompatibilidad durante estos tres meses y que, por ello, “es evidente que no le correspondía el salario” que percibió en los meses de noviembre diciembre y enero de la administración pública.

Los ediles Juan Manuel Gabella y Javier Romero entienden que la corporación “debe iniciar los trámites para determinar el importe que debe reintegrar y/o compensar el meritado personal eventual”. En un escrito registrado el pasado 28 de enero, estos concejales de la oposición instan a Onalia Bueno a dar “las instrucciones oportunas” para que se calcule su importe y se devuelvan esas cantidades.

En la comisión informativa celebrada el pasado martes, el concejal Gabella ya recordó que los días 17 y 20 de diciembre (en otra comisión y en un pleno) ya advirtió de la situación de incompatibilidad del nuevo asesor, puesto que en la web municipal se especificaba que -guerra es “desde hace varios años” docente titular de Derecho en la mencionada universidad privada. “Lo contrataron sin que su currículo y su declaración de bienes estuviese en su expediente y despreciando las advertencias que le hicimos desde la oposición”, sostuvo el edil de NC.

Currículo

José Antonio Guerra es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Nacional de Policía desde 2006, aunque no ejerce desde abril de 2019. Ese año concurrió a las elecciones municipales en las listas de Ciudadanos y obtuvo acta de concejal, con una retribución bruta anual de 50.000 euros.

El asesor de la alcaldesa de Mogán estuvo poco más de dos años en Ciudadanos. Abandonó el partido en octubre de 2021, aunque mantuvo el acta de concejal en el grupo de los no adscritos.

Ciudadanos le abrió dos expedientes en ese periodo. El primero se incoó en febrero de 2020 a raíz de la denunciada presentada por otra concejala de su partido, Beatriz Correas, que lo acusaba de agresiones verbales. La formación no sancionó a Guerra y Correas acabó saliendo del partido.

Un año y medio después, en septiembre de 2021, se incoó el segundo. La dirección del partido le acusó de intentar aprovecharse de su condición de concejal para postularse al cargo de director general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Guerra atribuyó ese expediente a “un ataque” de la formación que acabó abandonando un mes después.

En las elecciones de 2023 volvió a presentarse como candidato en la capital grancanaria, pero esta vez con Coalición Canaria (CC). Fue en el número nueve y no obtuvo acta.