Las contundentes conclusiones de un estudio instan a “desmercantilizar” el mercado de la vivienda en Canarias

La crisis habitacional tiene que ver con que las instituciones han gestionado la vivienda como una mercancía y no como un derecho, por lo que las políticas públicas deben orientarse a la “desmercantilización”, para que las personas puedan habitar un espacio digno, asequible y de forma continuada, según un estudio sobre la vivienda en Canarias presentado este viernes.

Treinta y cinco autores de las dos universidades públicas canarias, de otras cinco universidades españolas y de tres instituciones públicas y privadas han participado en el estudio La vivienda en Canarias. Situación, perspectivas y propuestas.

Está promovido por la Fundación CajaCanarias como una herramienta de transferencia de conocimientos desde el ámbito académico a la sociedad y a las autoridades, para la adopción de políticas en un momento en el que la vivienda es una de las mayores preocupaciones sociales.

Los coordinadores de la obra, Juan Manuel Parreño Castellano, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Alejandro Armas Díaz, de la Universidad de La Laguna, explicaron durante la presentación del libro que el problema en el acceso a la vivienda es una constante en la historia, pero se ha agravado desde mediados de la pasada década sin que se hayan realizado estudios amplios sobre el problema.

Con este trabajo, se pretende ofrecer una mirada amplia y multidisciplinar sobre el problema habitacional con el objetivo de estimular la reflexión y servir de base para la toma de decisiones y la adopción de políticas públicas, dijo Parreño.

La obra se divide en tres bloques, el primero sobre contexto y análisis general a escala nacional, en el que se aborda la normativa legal, especialmente en el ámbito del alquiler, y los problemas específicos de los centros históricos, la turistificación y la gentrificación.

El segundo bloque analiza la situación en Canarias, con atención al impacto de la compra por parte de extranjeros y las situaciones específicas en ciudades capitalinas, centros históricos, municipios con estancamiento demográfico, suelo rústico, periferias urbanas y áreas litorales.

El tercer bloque es el que abordan las políticas de viviendas, que incluye capítulos sobre el desarrollo de viviendas protegidas, posibilidades de intervención de las administraciones locales, la regulación de la edificación en suelo rústico y un análisis legal de la vivienda turística.

Alejandro Armas Díaz expuso que el modelo de producción en un contexto de superespecialización turística ha contribuido a expulsar a una parte significativa de la población canaria del acceso a una vivienda digna y asequible.

Señaló que ha existido una limitada planificación de vivienda que permita frenar la especulación, mientras se ha permitido la proliferación de viviendas vacías y segundas residencias, favoreciendo un mercado orientado al corto plazo.

Esto ha derivado en un escenario de desregulación donde el mercado ha mostrado “características excluyentes y depredadoras del territorio”.

Armas destacó que históricamente las administraciones han tratado la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental, lo cual ha llevado a respuestas tardías y a la proliferación de la autoconstrucción, en ausencia de respuesta pública para garantizar viviendas adecuadas.

Por eso, este estudio aborda la necesidad de un cambio de paradigma hacia la desmercantilización de la vivienda, fomentando políticas públicas que actúen para fomentar el uso de los inmuebles como ejercicio del derecho a un espacio habitable en condiciones dignas, asequibles y duraderas.

Por eso debe haber una separación de políticas en cuanto a incentivos y fiscalidad respecto a otros usos de los inmuebles ajenos a ese derecho, como en el caso de viviendas vacías, su uso turístico, segundas residencias o uso temporal.

Entre las conclusiones del estudio se defiende el fomento de un urbanismo amable que integre la participación comunitaria, impulsar moratorias turísticas en zonas saturadas, promover la rehabilitación de viviendas existentes, controlar los precios del alquiler mediante un parque de viviendas públicas, ofrecer incentivos para la ocupación de viviendas vacías o aplicar cargas fiscales extraordinarias a las viviendas turísticas.

También se proponen medidas que reduzcan la presión del capital de no residentes en el mercado inmobiliario, favorecer la recuperación de entornos rurales, con atención especial a que no derive en gentrificación, y mejorar las garantías para quienes alquilan sus viviendas, incentivando el alquiler a largo plazo.