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El sellado con tierra contaminada de ‘El Lirio’ llegará el viernes a la sesión de control al Gobierno regional

Vista general, tras los trabajos de restauración ambiental, del antiguo depósito minero de 'El Lirio', en Cartagena. Al fondo, la urbanización y el campo de golf de La Manga Club.

Álvaro García Sánchez

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Las primeras reacciones políticas relacionadas con el sellado con tierra contaminada por metales pesados de ‘El Lirio’, el depósito minero más peligroso de la Región de Murcia, no han tardado en llegar. Este viernes, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, comparecerá en el Hemiciclo murciano, como parte de la sesión de control al Gobierno regional, para responder a una pregunta sobre dichos trabajos que estará formulada por Podemos.

La formación morada ha registrado este miércoles la cuestión sobre las obras acometidas en la instalación minera con el objetivo de que el consejero Vázquez, de cuya Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera depende el proyecto y su correcto desempeño, “dé todas las explicaciones al respecto”.

La portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, María Marín, se ha mostrado contundente con la información destapada hoy por este periódico en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de la Cámara autonómica. “El escándalo sobre el presunto fraude cometido en los trabajos para sellar la balsa minera de ‘El Lirio’ tiene que tener consecuencias penales y políticas si efectivamente se utilizaron para ello tierras contaminadas”, ha aseverado la dirigente.

“Vamos a llegar hasta el final, como ya hemos demostrado con la puesta en marcha de la comisión de investigación del aeropuerto y la de las derivaciones a la sanidad privada del Servicio Murciano de Salud”. Marín ha deslizado, asimismo, que desde la formación morada ya estudian emprender las acciones legales oportunas por una “presunta comisión de delitos”.

En concreto, según la especialista en derecho ambiental Aitana de la Varga, la utilización de tierra contaminada en la recuperación y clausura del depósito minero de Cartagena podría vulnerar el Real Decreto 09/2005, por el que se establecen los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y también “el Título VIII” de la ley 07/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la ley 26/2007, de responsabilidad ambiental, así como la Declaración de Impacto Ambiental a la que fue sometida el proyecto.

Según ha podido saber este periódico, varios colectivos sociales y de defensa del medio ambiente, entre ellos Ecologistas en Acción y Por un Mar Menor Vivo, planean interponer denuncias en el juzgado para exigir la investigación en profundidad de los trabajos llevados a cabo en ‘El Lirio’, que está ubicado en el término municipal de Cartagena y tiene afección, además, al Mar Menor, al encontrarse en plena cuenca vertiente y cruzado por la rambla de la Carrasquilla.

La plataforma Pacto Por el Mar Menor, una de las máximas defensoras de la personalidad jurídica recién estrenada de la laguna salada, ha emitido un comunicado señalando que la cubierta vegetal, repleta de residuos y tóxicos, “no reúne las condiciones necesarias para su función, pudiendo esto provocar que persistan focos de contaminación que por arrastre hídrico lleve metales pesados al Mar Menor”. “Resulta desalentador conocer que después de todo el trabajo y el dinero público gastado en el sellado de esta balsa no se haya empleado en ésta 'tierra vegetal de primera calidad', tal y como figura en el proyecto original”. “Creemos que el problema puede estar en la subcontratación de los trabajos a segundas empresas sin que se realicen los necesarios controles para comprobar de forma fehaciente que se están cumpliendo las condiciones estipuladas en el contrato”, ha esgrimido la agrupación.

Más de seis millones de euros públicos invertidos en las obras

La capa de tierra vertida en ‘El Lirio’ durante las obras, que abarcaron 18 meses hasta finales de 2024, y que se encuentra en realidad contaminada por metales pesados y abarrotada de elementos tales como escorias de la fundición del plomo, trozos de asfalto, hormigón, plásticos, metales oxidados, losas o ladrillos, se adquirió, según los contratos oficiales a los que ha tenido acceso esta redacción, como “tierra vegetal de primera calidad” a la mercantil González Soto S.A. Se abonó en total, por dicha adquisición, 313.950 euros, después de que en marzo de 2024 el contrato fuese modificado -única modificación contractual que se produjo en el acopio de áridos de la obra- e incrementado en 104.650 euros, el 50% del importe inicial.

El material que ahora descansa en la superficie restaurada del depósito presenta valores como 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 46,4 de arsénico, 743 de zinc, 76 de cobre y 2.720 de manganeso, entre otros metales y metaloides, según los resultados obtenidos de un estudio de fluorescencia de rayos x y termogravimetría. Dichos baremos superan con creces -en el caso del plomo los multiplica por diez- los Niveles Genéricos de Referencia establecidos en un estudio de la propia Comunidad Autónoma en el año 2007 para el sureste de la Región de Murcia en base al decreto 09/2005.

El Mar Menor es el gran perjudicado del sellado de 'El Lirio'. Las obras tenían como principal objetivo evitar la escorrentía de estériles mineros a la albufera a través de la rambla de la Carrasquilla. Pero dicho objetivo no se va a cumplir, a juzgar por el testimonio del edafólogo José Matías Peñas, que asegura que las “siete hectáreas selladas con metales pesados están expuestas a la acción del agua de lluvia, que va a provocar la erosión laminar de la tierra y la va a transportar hasta la laguna”.

Tras más de seis millones de euros -cuatro del MITECO, el resto de la Comunidad Autónoma- procedentes de las arcas públicas invertidos en las obras de la instalación minera, la clave ahora es saber quiénes son los responsables de que se pasara por alto esta circunstancia, conocer exactamente de dónde se ha sacado la tierra contaminada, a quién pertenecía, qué precio ha pagado en realidad la empresa suministradora por ella y si se llevaron a cabo análisis fidedignos y se constató, por parte del Gobierno regional y de Tragsa, responsables de los trabajos, la veracidad de su procedencia.

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