Mil euros por empadronamiento ilegal y casas abarrotadas: así operan las mafias de los pisos-patera para el campo murciano

La infravivienda, el hacinamiento y las elevadas tarifas por ocupar espacios ínfimos e insalubres o para conseguir un empadronamiento ilegal, son el pan de cada día para centenares de miles de trabajadores de origen extranjero que llegan a España en busca del sueño europeo. Eso, en el mejor de los casos, porque, según los datos que arroja el Proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas sin hogar, elaborado en 2024 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España, el 58% de las personas sin hogar son extranjeras, la mayoría procedentes del Magreb.

Muchos de los que consiguen un techo tienen que enfrentarse al lado más oscuro y perverso del alquiler inmobiliario. Un drama humano que amenaza con fracturar socialmente ciudades que son verdaderas bombas demográficas y en las que la ultraderecha agita los sentimientos racistas mientras otros —a veces los suyos— obtienen jugosos beneficios económicos de un negocio sustentado, precisamente, en la mano de obra barata y temerosa en la exigencia de sus derechos.

En la costa mediterránea, la proliferación de viviendas que no reúnen las condiciones elementales de habitabilidad constituye uno de los ejes centrales de un grave problema social que tiene múltiples aristas. Un fenómeno asociado a un determinado modelo económico que ha transformado por completo ciudades enteras.

En Lorca, el tercer municipio con mayor número de habitantes de la Región de Murcia, el Ayuntamiento ha declarado la guerra a los pisos-patera que proliferan por toda la ciudad. Su alcalde, Fulgencio Gil (PP), ha anunciado el endurecimiento de sanciones para quienes realicen transformaciones en naves, almacenes e incluso cebaderos para destinarlos al alojamiento de personas.

La población extranjera roza el 30% del total de sus 98.334 vecinos (INE, 2024) y dobla la media del conjunto del país. En la conocida como ‘Ciudad del Sol’ conviven ciudadanos de 86 nacionalidades, aunque los procedentes de Marruecos, que superan los 11.000, seguidos de los de Ecuador, son mayoría. Un auténtico laboratorio demográfico.

Todo el universo de Atu, nigeriano de nacimiento, cabe debajo del estrecho somier del piso-patera donde vive desde que llegó a España hace seis meses. No hay huecos disponibles en la nevera ni en los armarios de la destartalada cocina para guardar su comida, así que bajo su estrecho camastro acumula la poca ropa que posee, el arroz que luego cuece para cenar y algunos paquetes de galletas.

Cada día, un autobús-tartana abarrotado de jornaleros como él le recoge a las cinco y media de la madrugada para llevarle a alguna explotación agrícola, a veces situada a más de un centenar de kilómetros de su casa, donde le pagan tres euros la hora por cortar lechuga o plantar brócoli. Pero él tiene que levantarse mucho antes para usar el único baño de una casa donde convive con otros trece trabajadores agrícolas.

Atu ni siquiera sabe quién es el dueño del piso-patera que habita. Él consiguió una cama a través de un intermediario y, posiblemente, comisionista. Y es que, el perfil de los propietarios y del resto de personajes que intervienen en el particular y lucrativo negocio en el que se ha convertido el alojamiento de trabajadores inmigrantes, ha cambiado radicalmente en los últimos años.

Algunos son españoles que se mudaron de los barrios de la periferia donde vivían, pero que conservaron su antiguo piso para convertirse en pequeños rentistas. Otros aprovecharon el buen precio de las viviendas que se vendieron masivamente en esas zonas hace una década para convertirse en grandes tenedores. En los últimos años, también se han sumado a la fiesta especulativa algunos ávidos migrantes venidos a más.

Lo cuenta sin tapujos Ahmed, un marroquí que no comparte estos métodos: “Compran un piso donde caben 12 camas por las que sacan 2.400 euros al mes. Con las ganancias invierten en más casas… No hay derecho a que algunos acumulen cuatro viviendas mientras hay familias que no tienen ninguna”, se lamenta.

Tarifas y “entradas” para ocupar viviendas vacías

Además del acceso a la vivienda, la otra gran preocupación de los trabajadores que llegan a España de manera irregular es conseguir empadronarse para poder solicitar un médico de familia. La vía rápida para hacerlo es pagar mil euros por adelantado a un conseguidor, aunque eso no solucionará definitivamente su problema.

Las mafias que mueven los empadronamientos ilegales acaban de imponer una nueva modalidad: la tarifa mensual. Pasados seis meses, el facilitador les dará de baja del registro, lo que les obliga a abonar otros 500 euros para volver a ser empadronados. Así, llegan a cobrarse hasta 3.000 euros por la adquisición de un derecho —y el cumplimiento de un deber— reconocido en la ley y que es la puerta de acceso a prestaciones básicas.

La ocupación es otra de las alternativas in extremis para que, quienes ni siquiera son admitidos en el mercado del alquiler regular, no digamos ya en el hipotecario, puedan vivir bajo un techo. “Si tienes mil euros, puedes recurrir a ciertas personas que te abren una casa vacía, cambian el bombín de la puerta principal y te dan la llave”. Ese mismo día, también te enganchan ilegalmente a las redes generales de luz y agua. Hace dos años, Saray consiguió solucionar de ese modo el problema habitacional que padecían ella, su marido —ambos parados de larga duración— y sus tres hijos menores de edad. Gastaron todo lo que tenían en aquel momento en pagar lo que ella denomina “la entrada”. “Era la única manera de darle un techo a mis zagales”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

Los facilitadores de la ocupación suelen recurrir a los pisos vacíos propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión que no tuvieron salida tras la burbuja especulativa y el consecuente crack inmobiliario que se produjo en España en 2008.

No escogen este tipo de inmuebles por cuestiones ideológicas. Saben que los procedimientos judiciales de desahucio suelen alargarse unos tres años cuando se trata de pisos de bancos o fondos buitre. También que, en algunas ocasiones, estos ofrecen sumas de dinero para animar a abandonar la vivienda y evitar un desalojo traumático (y la consecuente mala prensa).

El último censo de viviendas del INE, correspondiente a 2021, muestra que en España hay 3,8 millones de viviendas vacías, casi el 14% del total.

Inmobiliarias partícipes de la crisis de la vivienda

“Lo compro todo en menos de 24 horas”, es el agresivo reclamo publicitario que encabeza los anuncios en redes sociales de algunas inmobiliarias. Son agencias a las que les vale cualquier tipo de vivienda: áticos, pisos, casas nuevas o viejas, para reformar o entrar a vivir.

Y es que, algunas empresas del sector se han lanzado también al movimiento especulativo generado en torno a la dificultad de acceso a la vivienda. Saben que la demanda de arrendamientos está disparada y que el precio de compra del inmueble será rápidamente amortizado si lo dedican al alquiler.

“Compran la vivienda, le hacen un pequeño lavado de cara si está en malas condiciones y luego añaden tabiques de pladur para sacar varias habitaciones de una sola”. Francisco Javier, fontanero, lo sabe porque recientemente ha sido contratado para arreglar las instalaciones de casas adquiridas por ciertas inmobiliarias. “Convierten las estancias en habitáculos en los que apenas cabe la cama y que, a veces, no tienen ni luz natural. Verlo genera claustrofobia, vivir ahí debe ser peor que estar en la cárcel”, sentencia.

Una crisis social derivada de un modelo económico

En Lorca, el campo mueve empleo. De los 58.162 contratos de trabajo registrados en el municipio el año pasado, más de la mitad, 38.373, estuvieron ligados a la agricultura. Eso sin contar los temporeros que, en situación irregular, son empleados de forma fraudulenta y precaria.

Como consecuencia del incremento poblacional derivado de ese modelo económico, en este municipio murciano se ha disparado la demanda de vivienda. Una necesidad vital que ha generado una espiral especulativa que ha llevado a que, en solo un lustro, el precio del alquiler se haya duplicado. Actualmente, alquilar un piso de tres habitaciones en este municipio, donde la renta media bruta es de 21.041 euros y la tasa de pobreza supera el 35%, cuesta en torno a los 900 euros. Así que, en este contexto de dificultad para muchos trabajadores, hay quienes han visto en los subarrendamientos y las ocupaciones un negocio muy lucrativo.

Por eso, en 2016, cuando el problema habitacional en Lorca empezaba a despuntar, el Ayuntamiento instó a los bancos a facilitar un censo de sus viviendas desocupadas. Del mismo modo, desde el Gobierno municipal se aseguró que se iban a tomar “todas las medidas oportunas” para favorecer que los grandes tenedores destinasen los inmuebles vacíos de su propiedad, en régimen de alquiler social, a familias en situación de exclusión económica. Mientras tanto, el Consistorio se comprometía a mantener el convenio firmado en 2013 con el Colegio de Abogados de la ciudad para hacer de Lorca un municipio “libre de desahucios”.

Casi una década después, nada se sabe de aquel censo y no se ha puesto en marcha ninguna medida para facilitar que esas viviendas cumplan con una función social, como bonificar el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que las cedan en alquiler para familias en situación de vulnerabilidad económica; o aplicar un recargo entre el 50 y el 150% en ese mismo tributo a los bancos que mantengan sus inmuebles deshabitados, una facultad que la ley otorga a los ayuntamientos.

Paradójicamente, hace apenas unos días, el pasado 12 de febrero, el alcalde anunció un nuevo convenio con el Colegio de Abogados que supone un giro de 180 grados respecto al anterior: ahora asesorarán a perjudicados por ocupaciones.

Escombros, ratas y basura en la casa de Fahd

Las condiciones de hacinamiento en las que viven miles de personas en Lorca se han convertido también en un problema de salud comunitaria que no deja de extenderse. En la confluencia de las calles Jerez y Almirante Aguilar, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad, a solo unos metros de los juzgados y del propio edificio consistorial, las fachadas esconden un auténtico vertedero del que da pistas la nube de pequeñas moscas que nos recibe, en pleno invierno, cuando visitamos la vivienda de Fahd y su familia.

En el patio interior de un edificio aparentemente abandonado, se acumulan decenas de bolsas de basura con materia orgánica en descomposición que tiran desde la terraza los ocupantes de otro bloque colindante. También hay infinidad de cristales, muebles desvencijados, restos de materiales de construcción, colchones y hasta el tronco de una palmera muerta.

En verano, el hedor es insoportable y las ratas suben por las paredes. Fahd cuenta que de noche se las oye correr por el falso techo. En una ocasión, una se coló por un agujero que había en el yeso y cayó a la cocina mientras su mujer, que ahora está embarazada, estaba preparando la comida. Ambos ya son padres de un niño asmático y les preocupa que no pueden ventilar su casa por temor al aire putrefacto e insalubre que se cuela por las ventanas. También les horroriza la idea de que algún día el fuego prenda en ese auténtico vertedero “y salgamos todos ardiendo”.

Ellos y otros vecinos afectados llevan desde 2022 intentando, en vano, que el Ayuntamiento tome medidas al respecto. Mientras tanto, hace unos meses, la Concejalía de Plagas del Consistorio, en manos de la edil de Vox, Carmen Menduiña, contrató el uso de rapaces para ahuyentar a las palomas que ensuciaban la plaza de toros municipal. El Gobierno local de coalición debió quedar satisfecho, porque acaba de anunciar una nueva licitación —valorada en 160.000 euros— para seguir luchando contra los excrementos de paloma.